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| 8/15/2004 12:00:00 AM

Balas o bastones

El presidente Uribe insiste en que la guardia indígena del Cauca debe coordinarse con la Fuerza Pública. Los indígenas dicen que no lo harán. ¿Quién tiene la razón?

Ha frustrado secuestros, tomas de pueblos y asesinatos. Ha evitado el desplazamiento de miles de personas. No permite que los grupos armados recluten a los jóvenes. Jamás ha disparado un solo tiro. Es la guardia civil de los indígenas paeces del norte del Cauca, que le han brindado protección a las 23.000 familias de la región. La guardia funciona en siete municipios donde actualmente se libran intensos combates entre las Farc y el Ejército. Por considerar que estos territorios son claves para la ofensiva del gobierno, el presidente Álvaro Uribe insiste en que la guardia debe articularse a las Fuerzas Militares a través de un oficial de enlace. "No permitiré extraterritorialidades", dijo Uribe durante un consejo de seguridad realizado en Popayán hace dos semanas.

La propuesta llegó en el peor momento. En lo que va corrido del año las Farc han asesinado a seis miembros de esta comunidad a quienes acusaban de trabajar para el Ejército. Y la relación de los indígenas con la Fuerza Pública tampoco pasa por su mejor época. "No nos sentimos representados en ellos. Han atropellado y asesinado a la gente igual que el otro actor armado", dice Feliciano Valencia, coordinador de derechos humanos de la Asociación de Cabildos del Norte del Cauca.

La guardia indígena es un antiguo mecanismo de seguridad, pero en 2001 los paeces -el pueblo Nasa- decidieron darles funciones humanitarias y especializar a un grupo de jóvenes en las tareas de vigilancia. Hoy pertenecen a la guardia 4.200 jóvenes, cuya única arma es un bastón de madera. Tienen además un eficaz sistema de comunicación que les permite alertar a todos los habitantes de las veredas sobre un riesgo de bombardeo, masacre o de quedar en medio del combate. Cuando el peligro es inminente, toda la comunidad se congrega en un sitio -por lo general una escuela- con alimentos y medicinas y allí se resguardan, rodeados de banderas blancas, mientras pasa la violencia.

Por principio, la guardia no le da información a ninguno de los bandos en contienda. Y como no pueden evitar que guerrilla y Ejército entren a sus resguardos, les exigen a ambos que por lo menos les respeten su neutralidad.

Eso es justamente lo que el Presidente no comparte. El gobierno no entiende por qué los indígenas les dan el mismo trato a los grupos ilegales que a la Fuerza Pública.

"La totalidad de los territorios indígenas se deben liberar de las fuerzas subversivas y para eso se requiere la intervención de la fuerza legítima del Estado. A las Farc no las van a sacar los indígenas con un palo", dice Diego Llanos, secretario de gobierno del Cauca. De hecho, ya existe un Batallón de Alta Montaña en Jambaló, un contingente de soldados campesinos en Santander de Quilichao y Policía en todos los municipios.

Los indígenas no se oponen a que la Fuerza Pública entre a sus resguardos pero tampoco se sienten seguros con ella. Por eso se niegan a que la guardia coordine acciones con las Fuerzas Armadas y a tener un oficial de enlace.

El gobierno tiene razón al decir que el Ejército no tiene zonas vedadas para combatir a la insurgencia. Pero no la tiene cuando quiere meter en una camisa de fuerza a las comunidades del Cauca. La guardia indígena no es un organismo de seguridad sino un mecanismo humanitario que lejos de disputarle funciones a la Fuerza Pública, desarrolla la neutralidad y el pacifismo como formas de defensa. Más que las estructuras de la guerra, debería articularse al sistema de derechos humanos y servir como ejemplo de resistencia para todo el país.
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