Jueves, 8 de diciembre de 2016

| 2000/11/06 00:00

Banda en concierto

Por primera vez un grupo de congresistas va a parar a la cárcel por un delito que los colombianos sospechaban pero no se había podido probar: concierto para delinquir

Banda en concierto

Cuando el pasado martes el presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema, Edgar Lombana Trujillo, salió a explicar la medida que privó de la libertad a cinco congresistas involucrados en la celebración de presuntos contratos ilegales, muy pocos se dieron cuenta de un detalle tan minúsculo como significativo. Un detalle que hasta los más reconocidos penalistas del país pasaron por alto.

Por primera vez en la larga historia judicial del país un caso de corrupción que involucra a varios parlamentarios fue calificado por la Corte como una empresa criminal que se asoció, reunió, proyectó y ejecutó un plan dirigido a desfalcar al erario público.

“Yo que llevo muchos años conociendo los expedientes penales más grandes del país, es la primera vez que veo la calificación de un caso del mundo de la política como una empresa criminal”, dijo el penalista Misael Garzón, director del consultorio jurídico de la Universidad de los Andes. “Ello sólo había ocurrido en los casos de delitos financieros, pero no en estos casos de corrupción del Legislativo”.

Ni siquiera en procesos penales tan sonados como los auxilios parlamentarios, o los desfalcos de la Caja Agraria, o el proceso 8.000, la interpretación y aplicación de las normas penales sobre funcionarios públicos había sido aplicada con tanto rigor. “Y lo peor para ellos es que, con el aumento de penas para el concierto, no pueden solicitar la excarcelación”, explicó el ex vicefiscal Francisco Sintura.

“Ahora que me doy cuenta lo de la campaña de Samper se pudo haber calificado como un concierto para delinquir”, indicó el ex vicefiscal Adolfo Salamanca. “Pero ver el pasado es muy fácil. Tal vez no entendimos la dimensión de las cosas porque a nosotros nos interesaba en ese momento probar el enriquecimiento ilícito y el encubrimiento”.

De acuerdo con los juristas consultados varios hechos probarían la asociación para delinquir en este caso en particular. Las reuniones privadas, la planeación de actividades delictivas y la ejecución de las mismas serían algunas de ellas. Pero la más importante es la intención del grupo de cometer una serie indeterminada de delitos.



Pacto criminal

En este sentido el expediente de la Corte ofrecería suficientes evidencias que probarían dicha asociación delictiva en la que “tres miembros de la mesa directiva se pusieron de acuerdo para dominar el proceso de contratación administrativa y explotar el patrimonio público”, según dice la providencia del Tribunal.

Para lograr estos propósitos —según la Corte— Armando Pomárico, Juan Ignacio Castrillón y Octavio Carmona hicieron que el entonces director administrativo de la Cámara, Saúd Castro Chadid, asumiera la ordenación del gasto y la adjudicación de contratos de la corporación mediante un decreto que fue promulgado el 18 de agosto.

El plan para suscribir el decreto —de acuerdo con la providencia— se orquestó en una reunión el 17 de agosto de 1999 a la que asistieron los tres parlamentarios. Con este decreto —que permitía a Castro adjudicar, sin acudir a una licitación, contratos hasta por 94 y medio millones de pesos— lo que pretendían Pomárico, Castrillón y Carmona era descargar en Castro la responsabilidad penal, disciplinaria y fiscal.

La actuación de los políticos —calificada por la Corte como un “pacto criminal”— pretendía adelantarse indefinidamente y, de hecho, continuó durante el segundo semestre de 1999. Pero una vez la opinión pública conoció los pormenores de la adjudicación de los millonarios contratos, los parlamentarios no tuvieron otra salida que renunciar.

“No abandonaron voluntariamente el conjunto de prácticas que venían aplicando, sino presionados por la fuerza de las circunstancias”, dice la providencia.



Los contratos del Fondo

Según la Corte, el pacto para delinquir de los parlamentarios incluía los dineros ofrecidos por el Fondo Interministerial del Ministerio de Hacienda. Las pruebas que reposan en el expediente indicarían que los miembros de la mesa directiva sabían que para los días 15, 16 y 17 de diciembre de 1999 el Ministerio iba a girar 13.000 millones de pesos

Si ese dinero no era gastado en los 14 días que restaban de 1999, debía ser devuelto a la Tesorería Nacional. Por ello se firmaron, de acuerdo con el pacto previo existente entre ellos, cerca de 100 contratos de obras y suministros y más de 1.000 de prestación de servicios en menos de 15 días.

Según la providencia los parlamentarios se inventaron los objetos de los contratos (obras innecesarias, nóminas paralelas), omitieron realizar convocatorias, pedían comisiones no inferiores al 20 por ciento del valor líquido del contrato y falsificaron documentos para crear cotizaciones y ofertas falsas y aparentar transparencia en la adjudicación.

Además, según la Corte, la mayoría de las veces Pomárico escogía a los contratistas, quienes, a su vez, inflaron las cotizaciones y las ofertas. En algunos casos se montaron sociedades de papel y, en otros, las empresas no acreditaban ni las calidades ni la experiencia exigidas por la ley. Además se adjudicaron varios contratos a una misma persona.

Según la providencia, “el dinero disponible para la contratación era dividido en porcentajes correspondientes a manera de cupos de contratación entre el presidente de la Cámara y los dos vicepresidentes, que representaban los grupos políticos más influyentes”.



El testigo clave

Detrás de todas estas revelaciones se encuentra Castro, quien se sometió a la justicia y contó hasta los detalles más representativos. Además delató a los políticos que estuvieron al frente de las maniobras fraudulentas. El mismo admitió ante la Fiscalía que se prestó para desfalcar el presupuesto de la corporación.

Tal vez sin la confesión de Castro hubiera sido imposible no sólo desenmarañar la compleja red de contratos, cotizaciones, decretos y sociedades de papel que se escondían detrás de este grupo de personas, sino también haber recogido las pruebas que hoy le permiten a la Corte sindicar a los parlamentarios de concierto para delinquir.

“Yo creo que es además un mensaje jurídico muy claro para las decisiones que se tomen a futuro en los juzgados y tribunales del país, dijo Sintura. Esto es un llamado de atención a la Fiscalía, que en un principio no consideró esto como una empresa delictiva”.

Ahora sólo falta seguir el desenlace de este caso y esperar que los tribunales penales del país conozcan y apliquen la nueva jurisprudencia de la Corte Suprema, que además de permitir el endurecimiento de penas también envía un mensaje en el sentido de privilegiar la confesión y su rebaja de penas y de perseguir la venalidad de los funcionarios inescrupulosos.

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