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| 1/12/2012 12:00:00 AM

Bandas criminales: ¿cómo enfrentarlas?

El paro armado promovido por 'los Urabeños' volvió a abrir el debate sobre la forma cómo el Estado debe actuar frente a las llamadas bandas criminales. Informe dice que las respuestas oficiales del Gobierno han sido más coyunturales que integrales.

Fue hace un año. El 10 de enero del 2010 fueron asesinados en Córdoba Mateo Matalama y Margarita Gómez. Los responsables de la muerte de los dos estudiantes de Los Andes, según las autoridades, fueron ‘los Urabeños’. Tres semanas después, también en ese departamento, cayeron en similares circunstancias, en manos de la misma banda, otro par de estudiantes: Silvia Mora y Juan Carlos Ariza.
 
A casi un mes de los hechos, que pusieron al país a hablar del desafío que significan para el Estado esas bandas, las Fuerzas Militares y de Policía pusieron en marcha el ‘Plan Troya’. Cuatro mil hombres de la fuerza pública en 19 municipios del Urabá antioqueño, principalmente, se desplegaron para realizar operativos contra las bandas criminales. Los resultados en capturas y bajas no han sido insignificantes. Sin embargo, un año después, se vuelve a abrir el debate sobre el desafío que representan estos grupos armados ilegales para el Estado. Esta vez, luego del paro armado promovido por 'los Urabeños' que paralizó a por lo menos 16 municipios del Urabá antioqueño.
 
Las opiniones sobre cómo enfrentarlas son tan diversas como polémicas. El expresidente Álvaro Uribe, por ejemplo, propuso bombardearlas. El Gobierno anunció un gran despliegue de las Fuerzas Militares y de Policía, y además ofreció recompensas por información que conduzca a los autores de los mensajes intimidatorios que han generado pánico en algunas regiones del país.
 
¿Es suficiente esto para combatirlas? Álvaro Villarraga, quien se desempeñó como coordinador de desmovilización, desarme y reintegración de la recién desaparecida Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR), y quien además estuvo a cargo de un informe, próximo a salir, sobre lo que ha sucedido desde las desmovilizaciones de las AUC, advierte que “las respuestas oficiales a las acciones de los grupos armados ilegales han sido más coyunturales que integrales”.
 
Para el experto, además director de la Fundación Cultura Democrática, “no ha sido suficiente un tratamiento policivo a los grupos rearmados tras la desmovilización de las AUC, para que dejen de actuar (...) no hay políticas, ni medidas concretas”.
 
Lo que sucedió hace una semana con el paro armado promovido por ‘los Urabeños’ pone de presente, según Villlarraga, que es equivocado reducir el asunto a una expresión de simple delincuencia común. “Son una alerta del fenómeno no superado de supervivencia de expresiones paramilitares, que incluso resisten ante políticas y acciones oficiales y gubernamentales”.
 
No muy diferente opina Ariel Ávila, coordinador del área de conflicto de la Corporación Nuevo Arco Iris. Para él, quien es uno de los autores de un texto sobre el tema que saldrá en las próximas semanas, más que aumentar el pie de fuerza en las regiones en donde operan estas bandas, lo principal es “quitarles la alianza con la gente legal (...) con políticos, con miembros de la fuerza pública”.
 
“¿Qué pasa, por ejemplo, con la muerte de Juan de Dios Úsuga, uno de los cabecillas de ‘los Urabeños’? ¿Se va a acabar este grupo? No. Él sólo era uno de los jefes militares, pero detrás hay personas de mucho poder”, se pregunta Ávila. 
 
Villarraga, por su parte, afirma que “estos grupos mantienen alianzas con sectores políticos, sociales, gremiales y de funcionarios o entes institucionales, de forma que lo más grave no es el grupo armado como tal sino el entramado de sus relaciones, que son una clara prolongación del fenómeno paramilitar”.
 
Las acciones recientes de estos grupos, según Villarraga en un adelanto del informe que está por conocerse, se debe a disputas territoriales que se han venido concentrando en cuatro grupos principalmente.
 
“Con alto peso desde Antioquia, Córdoba y despliegue hacia la Costa Caribe, Chocó y el Magdalena Medio, tanto ‘los Urabeños’ como ‘los Paisas’. De otra parte están ‘los Rastrojos’, que predominan y subordinan a otros grupos en Valle, Chocó, Cauca, Nariño y extienden su poder a Putumayo, Magdalena Medio, Santander, Norte de Santander y partes de la Costa. El Erpac, por su parte, tiene un amplio poder en Meta y en el Casanare”, explica.
 
Michael Reed, columnista de Razón Pública e investigador de la Corporación Punto de Vista, advierte que la estrategia de “personificar al monstruo” y atacarlo no es suficiente para golpear realmente a los grupos armados ilegales. “La retórica frente a este fenómeno no ha cambiado”, dijo a Semana.com.
 
Para Reed, declaraciones como la que recientemente se escuchó de voz del ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, no toma en cuenta el poder de coerción que estas bandas han logrado en muchas comunidades. El analista recuerda la invitación del ministro a salir a las calles, sentir la confianza de la fuerza pública y no dejarse amedrentar por las amenazas.
 
“Bajo la existencia de una amenaza directa, convocar a los ciudadanos a que desafíen a los violentos podría comprometer la responsabilidad del Estado si se llegaran a presentar hechos criminales en contra de quienes decidieron asumir el llamado del Gobierno”, señala en una reciente columna publicada por el diario El Colombiano.
 
En su escrito, Reed además advierte que “la acción estatal tendrá que ser más de fondo y demostrar cambios estructurales, asumiendo la seguridad y la jurisdicción de manera efectiva y constante. El arresto o la muerte de un líder o de varios integrantes del grupo no desarticulan el efecto coercitivo de la violencia, ni la capacidad de 'los Urabeños' o de cualquier otro grupo para generar temor”.
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