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| 3/30/1987 12:00:00 AM

BARCO TIENE LA PALABRA

El gobierno prepara su respuesta a la Corte en la cuestión de las extradiciónes.

La semana pasada, el río revuelto de las extradiciones siguió su sinuoso curso, con aguas cada vez más turbulentas. La reiterada negativa de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia a emitir concepto sobre las solicitudes de extradición a los Estados Unidos de Gilberto Rodríguez Orejuela y José Cayetano Melo Perilla, con los mismos argumentos que le habían servido hace 15 días para no pronunciarse sobre el caso de otro extraditable, Victor Eduardo Mera Mosquera, evaporó las pocas dudas que podían quedar de que el máximo tribunal del país se estaba lavando las manos en este espinoso asunto.

A pesar de todas las contradicciones e incongruencias de la actitud asumida por la Sala Penal de la Corte (ver SEMANA N°251), los magistrados optaron por persistir en ella, mientras el gobierno buscaba afanosamente la más adecuada salida a la que, después de la declaratoria de inexequibilidad de la ley aprobatoria del tratado el 12 de diciembre, era la segunda crisis en esta materia, desde la posesión del presidente Virgilio Barco.

El enredo jurídico desencadenado por el pronunciamiento o antipronunciamiento--de la Sala Penal en el caso de Mera Mosquera, obligo al gobierno a convocar a sus asesores jurídicos, quienes se unieron al ministro de Justicia Eduardo Suescún y al secretario juridico de la Presidencia, Jorge Humberto Botero, para analizar la situación. En un principio, el gobierno llegó a la conclusión de que lo mejor, al menos en primera instancia, era presentar un recurso de reposición ante la misma Corte, con el fin de que reconsiderara su situación.

El borrador de ese recurso fue preparado por una pareja de asesores y pasó a estudio del Presidente y de los ministros de Gobierno, Fernando Cepeda, de Relaciones, Julio Londoño, y de Justicia. Pero antes de que estos altos funcionarios pudieran hacerse una idea de lo que se debia hacer con el borrador, se produjo la reiteración, esta vez en el caso de Rodriguez Orejuela, de la negativa de la Sala Penal a conceptuar sobre una extradición.

TRES CAMINOS
La negativa dé la sala plena a pronunciarse sobre los casos de Rodríguez y Melo Perilla, en conceptos que se emitieron uno detrás del otro, desconcertó al gobierno. "El mensaje de los magistrados que muy claro--dijo a SEMANA una fuente del Palacio de Nariño--y nosotros lo entendimos de inmediato: la cosa iba en serio y los recursos de reposición no podían constituir la estrategia de respuesta del Poder Ejecutivo. Al menos no la única".

En efecto, la cosa va en serio y el problema que genera es bastante grave. Para empezar, aparte del problema jurídico y de los problemas políticos a nivel internacional que genera el actual enredo, existe una cuestión específica en el caso del último de los tres pronunciamientos, el que se refiere a la extradición de Melo Perilla.
Este extraditable resulta prácticamente un desconocido para el público colombiano, pero en cambio, es considerado como alguien muy importante por las autoridades norteamericanas.
Según éstas, Melo, nacido en Ibagué hace 32 años, fue piloto del hondureño Juan Ramón Matta Ballesteros y ha sido llamado a juicio por un tribunal en Arizona, acusado de participar en el asesinato en México del agente de la DEA, Enrique Camarena Salazar, en marzo del 85.
Pero, obviamente, la situación tiene un alcance mucho más profundo que el caso concreto de Melo Perilla. Para afrontarla, el gobierno ha estudiado tres caminos posibles y, al final de la semana, aunque ya algunos funcionarios parecían inclinarse por uno de ellos, no se había dicho la última palabra.

El primero de estos caminos es el de persistir en la idea de presentar recursos de reposición. El problema con esto es que aparentemente, la Sala Penal de la Corte considera que lo que profirió en los casos de Mera, Rodríguez y Melo no fueron fallos, sino conceptos, contra los que no es posible interponer ese tipo de recursos.
Sin embargo, algunos asesores del gobierno creen que "con todas las cosas absurdas que han venido pasando, de pronto los recursos tienen éxito, o al menos permiten aclarar un poco la situación".

Un segundo camino que el gobierno ha estudiado es el de dictar un decreto, con base en las facultades que otorga el estado de sitio, cuyo articulado determinaría que la Corte Suprema debe pronunciarse sobre las solicitudes de extradición. Esto implicaría en cierta forma que el Ejecutivo le ordenara a la Corte que emitiera los conceptos que se ha negado a dar, y desencadenaria un gran debate. Pero, como lo explicó a SEMANA una fuente cercana al gabinete, "en aplicación del estado de sitio se han dictado las más incréíbles medidas, algunas aún más incréíbles que esta". Sin embargo, este camino está prácticamente descartado, pues aparte de que significaría un enfrentamiento demasiado abierto con la Corte, ésta podría simplemente declarar la inconstitucionalidad del decreto.

Cogerle la caña a la Corte: así podría definirse el tercer camino estudiado por el gobierno. Se trataría de asumir que, como lo dicen los conceptos de la Sala Penal, "corresponde al gobierno, de manera exclusiva y en forma absolutamente discrecional " decidir sobre las solicitudes de extradición. El gobierno podría respaldarse en este caso en la responsabilidad que tiene de cumplir con las obligaciones internacionales adquiridas por el país. Esto implicaría, al menos en los casos en los que los solicitados no tienen procesos pendientes en Colombia, una inmediata extradición.
La mayoría de los funcionarios y asesores que están analizando la situación, se inclina por esta última salida. Si aún existen dudas, esto se debe a que tal determinación implicaría reconocer que lo que está vigente es el tratado de 1888 y la convención adicional de 1940, sobre extradición recíproca de delincuentes entre Estados Unidos y Colombia, y que el actual tratado, el de 1979, ha dejado de existir.

Sin embargo, es posible que estas dudas se diluyan muy pronto, pues todo indica que en pocos días, el procurador general de la Nación emitirá su concepto sobre la sanción de la ley de extradición que Barco efectuó el 14 de diciembre, dos días después de que fuera declarada inexequible, y que ese concepto sostendrá que esa sanción está viciada de inconstitucionalidad.
Esto, sumado al hecho de que muy probablemente, la Corte se pronunciará en su momento (en unos 40 ó 60 días) en el mismo sentido, ha llevado a pensar al gobierno que, si de todas maneras se va a caer el tratado, lo mejor es seguir adelante con las extradiciones, aunque sea a través de un mecanismo (el convenio de 1888) cuya vigencia resulta bastante discutible.
Sea como sea, el río revuelto sigue su curso y la pregunta que viene ahora es quién tendrá la suficiente habilidad para pescar en él. --
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