Viernes, 9 de diciembre de 2016

| 2003/01/12 00:00

Barranquilla para arrendar

A pesar de estar quebrada, la ciudad les ha dado muchos y muy buenos negocios a particulares.¿Cómo manejará este lío el nuevo gobierno distrital?

El gobierno de Barranquilla que se inauguró el pasado primero de enero tendrá que enfrentar la peor crisis financiera que haya atravesado la ciudad. Si bien se había acogido a la Ley 550, no ha podido cumplir los acuerdos de pago con trabajadores, pensionados, bancos y contratistas. Además un embargo entablado en su contra por el concesionario encargado de modernizar la gestión tributaria tiene a la Secretaría de Hacienda al borde del colapso. La ciudad cuenta con muy pocos recursos para libre inversión, y lo más complicado es que los que tiene han sido pignorados o cedidos a casi una decena de concesionarios. Es difícil encontrar en Colombia otra capital que haya cedido la administración de tantas funciones públicas al sector privado. Bajo la figura jurídica de las concesiones, el distrito les ha entregado a particulares desde grandes negocios como el servicio de agua potable y saneamiento, la construcción y mantenimiento de la malla vial, el recaudo de impuestos, la semaforización y señalización, el mobiliario urbano, el estacionamiento de zonas de uso público, hasta otros más pequeños como la explotación del Carnaval de Barranquilla, el parqueadero del estadio Romelio Martínez y la administración de parques. Las concesiones no son ni buenas ni malas en sí mismas. En muchos casos han sido la única salida para mejorar la calidad de los servicios públicos que había sucumbido en manos de los politiqueros. "Sin embargo, si las concesiones se entregan en forma expedita y semiclandestina, como ocurrió con algunas de las otorgadas en Barranquilla, lo más probable es que sean desventajosas para la entidad pública que las otorga", dijo hace poco el presidente del Comité Intergremial del Atlántico, el ex ministro Arturo Sarabia Better. El tema ha sido tan polémico que empresarios, gremios y alcaldes han criticado las condiciones y los términos de estas concesiones, calificándolas como lesivas para los intereses de la ciudad. También han sido la fuente de una decena de demandas y acciones populares que cursan en el Tribunal Administrativo del Atlántico y ante el Consejo de Estado. Estas han pedido desde la nulidad de los contratos y su revisión hasta la devolución de las actividades a la administración distrital. Esto último es lo que ha propuesto la ONG de lucha contra la corrupción, Protransparencia Atlántico. Su directora, Deyana Acosta, sostiene que ciertas concesiones deben ser devueltas a la ciudad, pues ya cumplieron su cometido que era organizar y mejorar el funcionamiento de ciertas actividades. Protransparencia se hizo parte en algunos procesos iniciados por el concejal de Oxígeno Verde, Ramón Carbó, en contra de este tipo de contratos por considerar que afectan negativamente el patrimonio público. Incluso el recién posesionado alcalde de Barranquilla, Guillermo Hoenigsberg, le dijo a SEMANA que pretende estudiar el tema a fondo porque considera que algunas concesiones no eran necesarias. Lo que llama la atención es que la mayoría de las concesiones cuestionadas fueron otorgadas durante las administraciones del padre Bernardo Hoyos en las que Hoenigsberg participó como jefe de presupuesto, secretario de Hacienda y luego como asesor. Además del cura Hoyos, los alcaldes Edgar George y el saliente, Humberto Caiaffa, también cedieron recursos públicos a través de este tipo de contratación, asumiendo compromisos mucho más allá de la duración de sus mandatos. La mayoría de estas concesiones tuvo un rasgo común: no hubo puja entre los diferentes licitantes interesados, sino que se terminaron adjudicando a un único postor. Angelitos tributarios Desde fines de 2000, bajo la administración de Hoyos, Barranquilla concesionó el cobro de impuestos locales al sector privado. La primera firma beneficiaria fue Inversiones Los Angeles, una sociedad originalmente constituida para negocios agropecuarios. La cabeza de esta empresa era David Char, quien apoyaba la campaña de los concejales Eduardo Pulgar y Alejandro Munarriz, ponentes y a la postre, defensores del acuerdo que le dio vida a esa concesión. El contrato era favorable en términos económicos y sin riesgo para el concesionario, ya que, un por un lado, éste se aseguraba un ingreso fijo básico de 6.000 millones de pesos al año, y, por otro, recibía una bonificación si lograba incrementar los ingresos tributarios de un año a otro. El contrato tenía tres componentes: recaudo, gestión y modernización. El Tribunal Administrativo del Atlántico dejó sin piso los dos primeros y sólo ratificó la validez de que se hiciera una modernización del sistema tributario. Con esa sentencia en la mano, el alcalde que por entonces ya era Humberto Caiaffa, aprobó la cesión del contrato de modernización por 20 años a una unión temporal de dos empresas llamada Métodos y Sistemas, que pocos días antes de asumir la cesión del contrato no tenía al día su matrícula mercantil. ¿Una modernización a 20 años? Eso mismo se preguntó el Contralor General de la República, Antonio Hernández, durante un foro en Barranquilla el año pasado. Hoy la firma continúa realizando gestión tributaria, embargando cuentas de morosos de impuestos como lo pudo constatar SEMANA. Recién posesionado, en enero de 2001, el alcalde Caiffa había criticado este tipo de concesión así como su remuneración, señalando que en otras ciudades la misma gestión costaba entre 1.000 y 1.500 millones de pesos. Sin embargo luego, al aceptar la cesión del contrato de Inversiones los Angeles a Métodos y Sistemas aprobó un esquema de remuneración que le representó a este último un ingreso por más 4.500 millones de pesos para el año 2002. Si bien es cierto que, como lo asegura Osman Torrenegra, representante legal de Métodos y Sistemas, los recaudos han aumentado durante la ejecución de la concesión de 64 mil millones de pesos en 2001 a 109 mil millones en 2002, los críticos de la concesión insisten en que la remuneración al concesionario es excesiva. Cemento fresco En 1999 la administración de Hoyos decidió concesionar la construcción y el mantenimiento de la malla vial de la ciudad mediante un contrato que ha resultado muy polémico. El concesionario se comprometió a construir y mantener 232 mil metros cuadrados de pavimento -que según cálculos de la Cámara de Comercio es menos del 2 por ciento de la red vial de la ciudad- o a hacer obras por 38 mil millones de pesos. Así mismo se comprometió a pagar deudas contraídas por el Area Metropolitana y el Distrito por 27 mil millones de pesos. Para hacer la obra el Distrito le cedió al concesionario los recursos provenientes de la sobretasa a la gasolina por 20 años, estimados en unos 237 mil millones de pesos de hoy. Este contrato es considerado por la organización de veeduría ciudadana Corporación Asunto Público como el más lesivo en términos económicos. "Las obras le cuestan al distrito hasta el doble que un particular", dijo un vocero de esta organización. "Además se le garantiza al concesionario un 40 por ciento por concepto de administración, imprevistos y utilidades, cuando éste no asume grandes riesgos, por cuanto tiene asegurados los ingresos provenientes de la cesión por concepto de la sobretasa a la gasolina". Para la Cámara de Comercio de Barranquilla es un engaño denominar a la concesión como "malla vial" cuando no ejecutará ni el 2 por ciento de la red vial y que ad portas de finalizar la ejecución de obras, la ciudad siga llena de huecos y sin mantenimiento. La concesión fue adjudicada al único proponente: Gercón, Castro y Tcherassi, Inversiones Beta y Agrecon (del Grupo de Cementos del Caribe). Para el presidente de la Asociación Colombiana de Ingenieros Civiles del Atlántico, José Vengoechea, fue un error entregar la malla vial a un solo proponente ya que en la profunda crisis del sector de la construcción lo ideal hubiese sido que el distrito adjudicara las obras a varios contratistas. El hecho de que hubiera un solo participante en la licitación llevó a muchos a insinuar que ésta estaba amañada. Julio Gerlein, gerente de Valorcom, firma que participa con el 49 por ciento del consorcio concesionario, rechaza estas acusaciones: "No tenemos la culpa de que seamos la única empresa que se presenta y que tiene la capacidad para ganarse estas licitaciones. Nunca hemos necesitado de la influencia de mis hermanos (Jorge, representante a la Cámara y Roberto, senador) para ganarnos los contratos de concesión". No obstante, SEMANA encontró que otro socio del consorcio de la malla vial, Sergio Torres y su compañía Construcciones e Inversiones Beta, ha sido uno de los principales aportantes a las campañas del senador Roberto Gerlein, como lo registró el mismo congresista en los informes de ingresos y gastos de la campaña al Consejo Nacional Electoral en 1998. Torres además ha entregado recursos a la campaña del presidente de la Cámara de Representantes, Alonso Acosta Ossio. Otras polemicas En otras concesiones tampoco ha faltado la controversia. En la más antigua, aquella que le dio la prestación del servicio de acueducto y alcantarillado a la Triple A, fue muy debatido el hecho de que el Concejo de Barranquilla extendiera la duración de la concesión hasta 2030, cuando todavía faltaban 13 años para finalizar el contrato original. En otra, que otorgó a manos privadas el servicio del alumbrado público, la Contraloría General de la Nación criticó que el concesionario no tenía garantizada la financiación del proyecto al momento de la adjudicación y que no se hicieron estudios técnicos que sustentaran el aumento en las tarifas, que fue de 169 por ciento entre 1993 y 1996. Parte del impuesto del alumbrado se le da a la firma Construseñales, que recibe anualmente alrededor de 7 mil millones de pesos por la administración del mobiliario urbano, la semaforización y señalización de la ciudad y el derecho a la explotación de toda la publicidad exterior en el Distrito. Por esto último la administración sólo recibe el 20 por ciento de lo recaudado. Este contrato dio pie para que surgiera un nuevo negocio, el de la explotación de las zonas amarillas que fue demandado por el alcalde Hoenisgberg, quien logró que el Tribunal Administrativo del Atlántico suspendiera la ejecución de esta concesión. De hecho uno de los primeros actos de gobierno de Hoenisgberg fue tumbar un parquímetro, con lo que quiso simbolizar el fin del negocio de las zonas amarillas. Falta ver si se muestra igual de enérgico para terminar o revisar las muchas concesiones cuestionadas que tienen a la administración municipal maniatada y privatizada por la puerta de atrás.

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