Domingo, 4 de diciembre de 2016

| 2016/01/14 06:00

¿Qué busca la costa con la 'cumbre energética' en Barranquilla?

El presidente Juan Manuel Santos oirá el memorial de agravios de una región que le reclama un trato igual en el suministro de gas y energía.

¿Qué busca la costa con la 'cumbre energética' en Barranquilla? Foto: Felipe Ariza

¿Qué quieren los gobernadores y alcaldes de la costa caribe colombiana con la reunión que comenzó a las 9:00 a. m. de este jueves 14 de enero en la gobernación del Atlántico?

Dos cosas esenciales: que los industriales de la región reciban gas al mismo precio que se les vende a los industriales del interior para que las empresas regionales sean competitivas, y además, por razones de justicia y equidad con la costa, que durante 25 años ha sido la principal productora de gas.

Y es que ahora cuando los pozos de La Guajira son menos productivos y hay de sobra en los Llanos Orientales, el Gobierno y los empresarios del sector no hicieron las inversiones que permitieran cubrir el déficit que se presentaría en esa parte del país.

En segundo lugar, replantear la gestión de Electricaribe. Todo con el fin de que mejore la calidad del servicio, se hagan las inversiones y los mantenimientos adecuados para que la red eléctrica y las subestaciones le den estabilidad al sistema. Además, ante la extrema pobreza buscan conseguir un servicio de energía más económico.

Sobre el primer punto, los empresarios dl Atlántico habían acordado con el ministro de Minas reducir el precio del gas, pero Chevron no aceptó el acuerdo y sólo se logró una reducción parcial aceptada por Ecopetrol, el socio mayoritario.

A la reunión, convocada por el gobernador Eduardo Verano y el alcalde Alex Char, confirmaron su asistencia los siete gobernadores, los alcaldes de las ciudades capitales, los directivos gremiales y empresarios de la región.

El malestar comenzó a finales del 2014 con la expedición de una resolución de la CREG que modificaba la fórmula para calcular los precios del gas en boca de pozo. Desde entonces, más o menos 18 meses, se han dado reuniones con todos los actores y anuncios de algunos parlamentarios de la Unidad Nacional, quienes manifestaron que no votarían los proyectos del Gobierno si no modificaba la fórmula.

Si el Gobierno quisiera, opinan algunos conocedores del tema energético consultados por Semana.com, podría intervenir el sistema tarifario y fijarlo por decreto, tal como lo hizo el ministro Hernán Martínez Torres en el 2008 ante una crisis parecida.

De acuerdo con un borrador de agenda, la cumbre energética de gobernadores y alcaldes con los ministros de Minas, Hacienda y Transporte empezará con las intervenciones del gobernador Verano y el alcalde Char. Ellos plantearán la visión regional y luego intervendrán Luis Camargo, presidente de XM, filial de ISA; Jorge Valencia, director de la UPME; Patricia Duque, superintendenta de servicios públicos; Sergio Aranda, director general de Gas Natural-Fenosa para Latinoamérica; José García Sanleandro, presidente de Electricaribe, y Juan Carlos Echeverry, presidente de Ecopetrol.

Juan Manuel Santos intervendrá al final, sobre el mediodía, después de haber oído todas las posiciones.

La cabeza del ministro

Pero en la agenda, al parecer, hay puntos que no están sobre la mesa. Uno de esos es la supuesta pasividad del Gobierno en cabeza del ministro de Minas, Tomás González.

Según se ha dicho, algunos dirigentes están pidiendo su cabeza, pues en primer lugar fue reticente a reunirse con los industriales para resolver el tema de la fórmula decretada por la CREG. Algunos empresarios creen que el jefe de la cartera, después de llegar a unos acuerdos, terminó 'poniéndole conejo' a la región cuando se conoció la declaración de Chevron en el sentido de que no reduciría los precios del gas en boca de pozo.

En el tema del gas se ha avanzado, pero se esperan decisiones que agilicen la concreción de las peticiones, tales como la construcción de un gasoducto que traiga gas de los Llanos Orientales a la costa y que la fórmula permita que industriales de todo el país trabajen con los mismos precios.

El otro punto complicado es cómo mejorar la gestión y las prácticas empresariales de Electricaribe, empresa encargada de la distribución y la comercialización de energía a 2,4 millones de hogares. Dos cosas le plantearán al presidente: un precio de energía más barato y un servicio estable y de calidad.

Hoy el servicio en la región no es estable en amplios sectores que se quejan de suspensiones del servicio durante largas horas y en algunos casos durante varios días.

La empresa ha dicho que existe un círculo vicioso que le impide realizar las inversiones para mejorar y mantener las redes, transformadores y subestaciones en perfecto estado, y es la sobrecarga del sistema -una demanda no estimada- por las conexiones fraudulentas.

A ello se sumna los problemas de mantenimiento. Los transformadores, subestaciones y las redes no reciben los cuidados oportunos, se saturan y ocurren cortos o estallidos que dejan fuera del sistema grandes sectores ante la caída de un circuito.

Todo lo anterior unido a una cultura de no pago fomentada desde las entidades públicas que, de acuerdo con cifras de Electricaribe, deben a la empresa $84.360 millones. Los estratos 1 y 2, cerca de $300.000 millones; los estratos 3, 4, 5 y 6 deben $109.535 millones; las zonas de difícil gestión 543.813 millones, y los barrios subnormales, 309.909 millones.

El círculo vicioso se genera por el no pago del servicio por parte de los usuarios, pues al no contar con estos ingresos, la empresa sostiene que no puede hacer las inversiones.

Lo que no deben olvidar los dirigentes políticos y gobernantes de la región es que el servicio se privatizó en 1998 porque las ocho electrificadoras, los siete departamentos continentales y Magangué eran manejados con criterio clientelista.

Eran ineficientes y prestaban un peor servicio a menor número de población. Sólo facturaban el 50 % de lo que se distribuía y cobraban el 50 %. El gobierno nacional, socio mayoritario, decidió liquidarlas porque en el presupuesto nacional de cada año se debían incluir para inyectarle capital al sistema eléctrico para poder sostenerlas, por eso fueron privatizadas hace menos de 20 años.

En cuanto a la factura que pagan los usuarios, los gobernantes de la costa le están pasando la cuenta de cobro de la crisis a Electricaribe, pero parecen desconocer que el 71 % de lo que pagan los clientes por la factura que cada mes les llega es para pagarles a las empresas generadoras como las hidroeléctricas y las térmicas, a los administradores del sistema XM de ISA y a las entidades territoriales con las que tienen convenios para el cobro del impuesto de alumbrado público y la tasa de seguridad.

Electricaribe es la que le pone la cara al cliente, pero el 71 % de la factura que pagan los usuarios es para pagar a terceros. ¿Tienen los gobernadores una propuesta para construir un sistema de generación de energía más barato, confiable y sostenible, o las vestiduras rasgadas se quedarán así?

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