Sábado, 10 de diciembre de 2016

| 2006/04/22 00:00

Barranquilla saqueada

La Fiscalía está a punto de culminar una inmensa investigación para desmantelar una empresa criminal que operaba en el interior del Concejo y de la Personería.

Varios funcionarios del Concejo distrital estarían implicados en el caso conocido como 'las falsas tutelas'.

La Fiscalía tiene listas las acusaciones y las medidas que impondrá a una red criminal que defraudó al distrito de Barranquilla en 5.000 millones de pesos. Unas 60 personas han sido escuchadas en indagatoria para establecer quiénes son los verdaderos responsables del gran fraude cometido al erario de la capital del Atlántico. Según la investigación, por lo menos 135 personas se hicieron pasar como empleados del Distrito y alcanzaron a cobrar, con documentos falsos, la millonaria suma en prestaciones laborales y salariales.

El caso fue conocido públicamente como 'las falsas tutelas'. Entre 2000 y 2003 un grupo de funcionarios de la administración del ex alcalde Humberto Caiaffa, se habría puesto de acuerdo para apropiarse de dineros del Distrito. Para lograrlo, consiguieron a 135 personas, para que con hojas de vida y actas de posesión falsas, reclamaran sus prestaciones laborales y sus salarios a través de tutelas que fueron falladas en 2002 por el juzgado quinto penal municipal de Barranquilla. Un año después de este escándalo, el ex alcalde Caiaffa le dijo al fiscal quinto especializado, Fernando Daza Racero, en la indagatoria del 29 de diciembre de 2003: "En el año 2001, cuando asumimos la alcaldía de Barranquilla, encontramos gran cantidad de acreencias pensionales, laborales, contractuales, financieras y deudas por concepto de aportes parafiscales. En fin, todos los aspectos que tocan el funcionamiento de la administración distrital. Por ello, decidimos acogernos a la Ley 550 (ley de quiebras) para poder reestructurar los pasivos".

Heredaba el médico Caiaffa una difícil situación del polémico alcalde Bernardo Hoyos Montoya (1997-2000). El plan de reestructuración de pasivos empezó el 12 de febrero de 2001, 40 días después de que Caiaffa iniciara su administración para evitar los embargos y los procesos ejecutivos. La Alcaldía le debía dineros de transferencias para cubrir los gastos de funcionamiento del Concejo y la Personería. Fueron precisamente funcionarios de estas entidades quienes, según la investigación, orquestaron el fraude millonario. El secretario de Hacienda de la administración Caiaffa, Francisco Ernesto Aguilar Cadavid, confirmó en la audiencia de indagatoria del 12 de febrero de 2004 lo declarado por el ex alcalde. Sostuvo que "el panorama era desolador", pues les debían a los pensionados del Distrito y de las Empresas Públicas Municipales siete mesadas; a los trabajadores del Distrito, cinco meses, y a los entes de control, Contraloría, Personería y al Concejo, hasta 17 meses.

Luego relató que "una vez aceptado el acuerdo de reestructuración de pasivos, se fijó la fecha de 19 de junio de 2001 como límite para que los acreedores presentaran su documentación". Se presentaron más de 12.000 acreedores laborales con deudas que superaban los 55.000 millones de pesos.

Entre estos, estaba el grupo de los 135 falsos funcionarios, quienes amparados por el fallo de la tutela, alcanzaron a cobrar sus supuestas prestaciones laborales.

La situación no podía ser peor para las directivas del gobierno de la ciudad, en medio del descalabro económico por el que atravesaba el Distrito. El ex secretario de Hacienda dijo en la audiencia de indagatoria que ya por esa época se comenzaba a hablar de falsas acreencias y que el Alcalde y su equipo le solicitaron a la Contraloría General que interviniera. Así se hizo. Y meses después, el ente de control sostuvo: "No se entiende la posición asumida por la Alcaldía distrital de pagar a los tutelantes, si el juzgado lo que dijo fue que empezaran a realizar las operaciones presupuestales pertinentes a obtener los recursos para garantizar las acreencias laborales".

Pero ya no había nada que hacer porque los pagos ya se habían hecho. La Contraloría encontró además que 95, de los 135 supuestos funcionarios del Concejo, no adquirieron la boleta de posesión que es una condición obligatoria para ostentar el cargo. Ante la falta de evidencias que soportaran estas acreencias laborales, cruzó información con la secretaría de Hacienda departamental y encontró que las boletas en la vigencia 2000 y 2001 fueron adquiridas por estas personas en el mes de julio de 2002, o sea unos días antes de que presentaran la tutela.

La investigación de la Contraloría concluyó además que los funcionarios a quienes se les tutelaron los derechos, "no desempeñaron funciones ni en la Personería ni en el Concejo, lo que generó un daño patrimonial al erario distrital por 5.249.984.042 pesos". Y luego concluye: "El Distrito no actuó con celo y diligencia en este caso y no se observan acciones de salvaguarda de los intereses del ente y protección de sus finanzas, ya que con acciones como la permitida a los tutelantes queda en entredicho la igualdad de los acreedores, lo que podría generar un caos en la administración distrital".

Y mientras la Contraloría emitía su concepto, la Fiscalía tenía bastante avanzada la investigación. Ya había incautado 33 hojas de vida y concluyó que los presuntos empleados no sólo no cumplían los requisitos para desempeñar los cargos para los que habrían sido designados, sino que nunca justificaron con documentos aquello que dijeron ser. Por ejemplo, 20 de ellos dijeron ser bachilleres y sus experiencias laborales se limitaban a haber sido conductores, secretarias, docentes de preescolar y cajeras. Sin embargo, fueron designados para cargos de asesores de los concejales y miembros de sus unidades de apoyo, con sueldos que oscilaban entre cuatro y cinco millones de pesos. Salarios que contrastaban con el del alcalde Caiaffa que no superaba los 3,5 millones, incluidos los gastos de representación, o el de la directora financiera, con grado universitario y especialización, que era de 2,9 millones de pesos al mes.

Durante los tres años que han corrido de la investigación hubo una tensa calma en los corrillos políticos de Barranquilla. Los delitos que ha encontrado la Fiscalía no son menores, se trata de peculado, falsedad, prevaricato, fraude procesal y concierto para delinquir. Es más, según el ente judicial, al menos 12 de los 19 concejales podrían resultar implicados en el millonario fraude. Y lo peor, quienes lo hicieron sabían a ciencia cierta que su ciudad estaba sumida en la quiebra.

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