BASTON DE MANDO A UN CIVIL

CUANDO EL PRESIDENTE CESAR GAVIRIA nombró a Rafael Pardo como ministro de Defensa hubo consenso en el país acerca de que era difícil encontrar a un hombre más indicado que él para ocupar ese cargo. Tal vez por eso el nombramiento de un civil en el Ministerio de Defensa después de 40 años de generales no produjo el revuelo que todo el mundo esperaba. Pardo era para los militares un personaje cercano y solidario, quien había tenido oportunidad de ver el funcionamiento, las virtudes y las necesidades del cuerpo castrense desde distintos ángulos: la Secretaría de Integración Popular de la Presidencia, el Plan Nacional de Rehabilitación, la política de paz y, finalmente, la Consejería para la Seguridad.
Con el nombramiento de Pardo sucedió lo mismo que le ha ocurrido a Gaviria en otros campos como el del nombramiento de otro civil en el DAS, la Constituyente, la apertura o la política de entrega de los narcotraficantes, y es que después de tomadas las decisiones no llegaron las tormentas que casi todo el mundo pronosticaba.
La presencia de Rafael Pardo en esa cartera significó el comienzo de la estrategia de seguridad elaborada por él durante su gestión en la Consejería. Este plan busca reducir las diversas formas de criminalidad que hay en el país, atacando el mal por distintos flancos. Uno de ellos -quizás el fundamental- es el fortalecimiento económico de las Fuerzas Armadas, campo en el que se ha avanzado notoriamente a pesar de los periódicos lamentos de los jerarcas castrenses. Como quien no quiere la cosa, el impuesto de guerra, que pretendía ser una medida pasajera se convirtió en una fuente fija de financiamiento militar. Los otros aspectos son el control de la inversión y racionalización de la destinación de esos recursos militares, el aumento en la responsabilidad de los mandatarios seccionales en el manejo del orden público, la puesta en marcha de nuevos mecanismos militares para la lucha antiguerrillera -como las brigadas móviles del Ejército-, el fortalecimiento y centralización del manejo de los sistemas de inteligencia de todos los organismos de seguridad del Estado, el desarme de los civiles y el fortalecimiento del aparato de justicia.
Este ataque por varios flancos para enfrentar el problema de la delincuencia indica que en materia de seguridad el Gobierno no piensa meter todos los huevos en la misma canasta. Una falla en alguno de esos frentes podría significar un debilitamiento pero no el fracaso de la política general. En eso se ve claramente la mente serena de Rafael Pardo.
Después de haber logrado la entrega de los capos del cartel de Medellín y el desarme de buena parte de las autodefensas, el Gobierno apunta sus esfuerzos hacia la consecución de una paz negociada con la Coordinadora Guerrillera. Esto, que al comienzo de la actual administración podía parecer una meta fácil al lado del narcoterrorismo que entonces azotaba al país, parece hoy poco menos que una ilusión.
En este campo el año termina prácticamente en una ruptura definitiva, y no es una locura prever que el fuego será intenso el año entrante. Y la mano dura será la del ministro Rafael Pardo Rueda, el mismo hombre que como consejero de paz logró mediante el diálogo la desmovilización y el desarme de tres grupos guerrilleros. -