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| 2/11/2012 12:00:00 AM

Batalla por la salud

El duro debate que se armó por la intención del gobierno de abrir el mercado de los medicamentos de última tecnología puso al descubierto los intereses de un negocio gigantesco del que depende la vida de miles de pacientes.

Con la decisión del Ministerio de Salud, después de diez años de discusiones, de flexibilizar y abaratar la producción, importación y venta de medicamentos biológicos y biotecnológicos, el gobierno resolvió agarrar por los cuernos uno de los causantes de la crisis financiera del sistema de salud colombiano. El problema es que, en vez de un solo toro, le salió el encierro completo, ya que los laboratorios, las asociaciones de pacientes y las agremiaciones médicas, entre otros, rechazaron el proyecto por diferentes razones.

Esta batalla comenzó hace dos semanas cuando el Ministerio publicó en su página web el borrador de un decreto que sigue parámetros de la Organización Mundial de la Salud (OMS), de la Agencia Europea de Medicamentos y de autoridades de otros países en relación con las drogas y vacunas obtenidas a partir de organismos vivos, tejidos, células, sangre y hormonas. Se trata de permitir que otros laboratorios introduzcan al mercado productos equivalentes a los de marca ya existentes, con el fin de que haya más oferta y bajen los precios.

El tema es que estos productos, la artillería más moderna contra enfermedades como el cáncer, la hemofilia, el sida o la artritis, están protegidos por patentes mundiales y son de alto costo. Este detalle ha puesto contra las cuerdas las finanzas del sistema. Solo el año pasado, de los 1,8 billones de pesos recobrados al Fosyga en medicamentos, más del 70 por ciento correspondieron a biotecnológicos, y en particular a unos 49 producidos por un puñado de laboratorios. Según un estudio de Fedesarrollo, muchas de estas drogas hoy son más caras en Colombia que en Inglaterra o Estados Unidos. Esto porque los laboratorios tienen una posición monopólica y los hospitales los recobran al sistema a precios indignantes.

Una vez se conoció el decreto, las multinacionales farmacéuticas, agremiadas en Afidro, lo atacaron. Francisco de Paula Gómez, su director, aunque reconoció que defiende su posición en el mercado, dijo que les preocupa que la nueva medida permita la llegada de drogas de mala calidad, no probadas y hasta peligrosas, pues no se está exigiendo información básica ni pruebas que demuestren que esos productos de India o África cumplen los requisitos sanitarios. A esta posición se sumaron las agremiaciones de pacientes, muchas de las cuales reconocieron después que reciben apoyo financiero de laboratorios extranjeros, y los miembros de la Academia de Medicina, quienes pidieron los más altos requisitos para los medicamentos copiados.

Los laboratorios nacionales, que se beneficiarían de la medida, salieron a defender el decreto. Dicen que no tiene sentido que se les exija repetir los procesos que las multinacionales ya hicieron. Alberto Bravo, presidente de Asinfar, dijo que el decreto es tan oportuno que hasta "la máxima autoridad sanitaria de Estados Unidos, la FDA, acaba de expedir un documento que va en la misma línea del Ministerio de Salud. Lo que no se puede permitir es que las multinacionales pretendan mantener artificialmente un monopolio que tiene quebrado al sistema de salud y vacíos los bolsillos de los colombianos enfermos".

Más allá de la controversia, hay varias cosas claras. La primera es que el "Ministerio de Salud -dice la asesora Claudia Vaca- acogerá algunas de las sugerencias para mejorar aún más el decreto, que en el fondo busca que los productos biológicos actuales y futuros cumplan con altísimos estándares de producción". Lo otro es que, si bien no hay afán en expedir el decreto, no tiene marcha atrás.

Pero el reto del Ministerio no es fácil. Germán Velásquez, uno de los mayores expertos mundiales en medicamentos, dijo a SEMANA que esta reglamentación debe garantizar el derecho fundamental a la salud, lo que se traduce en conseguir un equilibrio entre las exigencias de seguridad, eficacia y calidad por una parte, y el acceso a una oferta de productos, por la otra, sin contener exigencias innecesarias que limiten la competencia. "Las multinacionales están exigiendo que se adopten los lineamientos de la OMS o la autoridad europea porque han podido conseguir en ellas un alto nivel de influencia. Por eso, mi recomendación al Ministerio es que también mire las experiencias de Estados Unidos, Canadá o Japón", dijo Velásquez.

Más allá del fragor de la batalla, que apenas comienza, el Ministerio de Salud tiene la misión de encontrar la receta que cure un problema que tiene en jaque, no solo al sistema colombiano y la vida de miles y miles de pacientes, sino a los de muchos otros países, incluidos los de Europa y Estados Unidos.
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