Bavaria demanda

Un inesperado y áspero enfrentamiento mediático se dio la semana pasada entre el abogado penalista Jaime Lombana, en representación de Bavaria, y los periodistas del diario peruano El Comercio Fernando Ampuero y Pablo O'brien. Este periódico ha denunciado desde el año pasado el pago de un supuesto soborno a autoridades peruanas, para facilitarle al grupo cervecero colombiano tener el control de Backus & Jhonston, la cervecería más grande de ese país.

Los directivos de Bavaria habían estado radicalmente divididos en cuanto a declararle la guerra al periódico. Julio Mario Santo Domingo, quien vio de cerca lo que sucedió en Colombia entre El Espectador y Jaime Michelsen en los años 80, siempre ha considerado que las peleas contra los medios son peleas mal casadas. Y más aún cuando no se juega de local, como es el caso de Bavaria en el Perú. Sin embargo, la nueva generación de la familia consideró que ellos no estaban iniciando una guerra, sino simplemente defendiéndose de la que el periódico les había declarado.

Las acciones penales que se iniciaron fueron contra dos periodistas, y no contra el periódico. La expectativa era que los dueños y directivos de El Comercio se distanciaran de la pasión de los sabuesos investigadores y moderaran un poco el tono. Queda por verse si esto sucederá, o si por el contrario el periódico se solidariza con sus periodistas y considera que quien se mete con ellos se mete con El Comercio.

Mientras tanto las relaciones entre la familia Miró Quesada, dueña de El Comercio, y la familia Santo Domingo, dueña de Bavaria, llegaron a un punto muerto. Las dos son socias de un canal de televisión en el Perú, pero esa sociedad no durará mucho más tiempo. Los Santo Domingo decidieron que no desean compartir la mesa con alguien que los acusa de sobornadores. Acaban de tomar la decisión de nombrar un árbitro en Miami para llegar a una fórmula que permita partir cobijas con los Miró Quesada. Esto, sumado a las demandas de la semana pasada, significa que la guerra será dura y va para largo.

Los dos demandados por el grupo Bavaria son Pablo O'brien y Fernando Ampuero, dos periodistas de la Unidad Investigativa de El Comercio. Las demandas son independientes y en diferentes países. O'brien está vinculado en una demanda que Bavaria puso el año pasado por el delito de falsificación en Panamá. Con los hechos de esta semana el grupo cervecero amplió los cargos a corrupción de funcionarios públicos. Los abogados de Bavaria calculan que los perjuicios por los que tiene que responder el periodista ascienden a 50 millones de dólares. Jaime Lombana, el abogado de Bavaria, dijo en La W que "al señor O'brien no le va a alcanzar la vida para pagar los perjuicios que les ha causado a unas personas naturales y a unas personas jurídicas con sus hechos delictivos en Ciudad de Panamá" .

En el caso del otro periodista, Fernando Ampuero, la demanda es por injuria en Colombia luego de unas declaraciones que dio a esta misma emisora la semana pasada. El monto de los perjuicios en este caso no se ha cuantificado aún.

Para entender lo sucedido esta semana es necesario remontarse a los antecedentes de este complejo caso. Todo se inició cuando el periódico El Comercio publicó que un asesor peruano llamado James Jaime Carbajal, que trabajaba para el grupo Bavaria, fue detenido en el aeropuerto panameño de Albrook a finales de diciembre de 2002, con una maleta que supuestamente llevaba 1.700.000 dólares en efectivo.

Según el diario, esa suma coincidía con la denuncia hecha días antes por un testigo peruano que asegura que esa plata estaba destinada a sobornar a altos funcionarios del gobierno peruano, incluyendo al presidente Alejandro Toledo, para facilitarle a Bavaria quedarse con el control del mercado cervecero en ese país.

El diario reveló que en el aeropuerto panameño se armó un gran revuelo en el momento en que se detectó que Carbajal llevaba en su equipaje una gran cantidad de dinero en efectivo. Agregó que se requirió la intervención de la entonces presidenta panameña Mireya Moscoso, y de su protegida la jefa de Aduana Mercedes de Villalaz, para solucionar el problema. Una vez que se estableció que el dinero era de origen legal, por ser de Bavaria, se autorizó la partida de Carbajal con la maleta de los billetes en un avión privado con destino a Lima.

La prueba clave que tenía el periódico de todas estas acusaciones era una bitácora de la seguridad aeroportuaria que O'brien había conseguido en Panamá y que resultó llena de inconsistencias. El número de la placa del avión no existía, y además la fecha y la hora de los hechos no eran exactas.

Bavaria inmediatamente denunció esa bitácora como falsa, y no reconoció ninguno de los hechos denunciados. Con el transcurso del tiempo se acabaron confirmando varios de los elementos contenidos en las revelaciones del periódico, pero no todos. Y gradualmente, ante estos hechos, fue saliendo a flote la versión de Bavaria.

Según la cervecería colombiana, efectivamente tuvo lugar un incidente en el aeropuerto, y era verdad que había una maleta con dinero. Pero no se trataba de un soborno sino del pago de los honorarios del señor Carbajal , quien había solicitado que se le entregaran en efectivo. También se reconoció que el gerente de la cervecería de Santo Domingo en Panamá, el colombiano Darío Castaño, había tenido que presentarse en el aeropuerto para certificar por escrito que los recursos salieron de Bavaria. Señalaron que la cifra que portaba Carbajal no era de 1.700.000 dólares, sino de 680.000, y que el vuelo no había partido el día que decía la bitácora sino uno antes y en otro avión.

Como los periodistas de El Comercio no creyeron la versión de Bavaria, e insistieron en la propia, surgieron las dos demandas. A O'brien los abogados de Bavaria lo acusan de haber ofrecido 5.000 dólares para que funcionarios panameños le proporcionaran el documento original. Ante este soborno terminaron engañándolo y produciéndole un documento falso. Por este exceso de pasión en la búsqueda de la bitácora original, Bavaria demanda a este periodista por daños y prejuicios equivalentes a 50 millones de dólares.

O'brien niega categóricamente ese pago, reconoce las inconsistencias del documento, pero no descarta que a pesar de estas sea auténtico. El tropicalismo de las autoridades panameñas da para todo. En todo caso, después de la demanda de Bavaria, el periodista manifestó que en caso de que le demuestren que el documento es falso, revelaría la fuente, cosa que no ha hecho hasta ahora.

En la mira

La otra demanda es contra el periodista Ampuero, jefe de la Unidad Investigativa de El Comercio, por declaraciones que le dio a Julio Sánchez en La W la semana pasada. Lo sorprendente de estas es que son bastante suaves para toda la artillería jurídica que han desatado. Las palabras más fuertes del periodista peruano fueron "el informe que nosotros publicamos, y que ha sido cuestionado por Bavaria como si fuera una falsificación, aparentemente está diciendo la verdad".

Esas declaraciones se dieron luego de un gran revuelo causado por una nueva publicación de El Comercio. Se trataba de un documento desconocido hasta la semana pasada que ha sido llamado el informe 'Robolt'. Es una investigación del Departamento de Fiscalización Aduanera al director de Aduanas, elaborado por el inspector Diógenes Robolt. Este tenía que responder a una solicitud del Ministerio de Relaciones Exteriores en la que se indagaba si era verdad que la ex directora nacional de Aduanas, Mercedes de Villalaz, y su secretaria general Ida Arosemena se habían hecho presentes en el aeropuerto para ayudar a Bavaria.

La directora de Aduanas era una de las personas más cercanas a la entonces presidenta Mireya Moscoso, y cuando explotó el escándalo el año pasado se había afirmado que ésta la habría enviado al aeropuerto para solucionar el problema. Este hecho nunca se había podido confirmar, pero el informe 'Robolt' sí certifica la presencia de la funcionaria ese día en el aeropuerto.

En este informe también se asegura que existe un documento en el cual se registra la "diligencia del conteo del dinero y de quienes estuvieron presentes", el que habría sido elaborado por el inspector de Aduanas Gabriel Luzcando. Éste habría sido retirado de la oficina de Aduana de Albrook el 18 de junio de 2004 -tres días después de la publicación de la bitácora de El Comercio- por Ida Arosemena. No hay constancia en el mismo informe de que este documento haya sido devuelto.

También se mencionan otros documentos como el 'Libro de novedades del año 2002', donde hay consignada "una pequeña observación de que a las 11:45 a.m. se procedió al conteo de dinero del señor Jaime Carbajal (sic)" y se da la cifra de 680.000 dólares, lo que coincide con la versión que ha dado Bavaria sobre el monto.

Sin embargo, en este mismo informe se incluyen también declaraciones que contradicen las anteriores, según las cuales quien detectó a Carbajal fue un inspector de nombre César Salcedo (mencionado en la bitácora de El Comercio), quien habría afirmado que la suma transportaba ascendía a 1.800.000 dólares y que esto habría sucedido el 21 de diciembre de 2003.

Que en el informe se hayan incluido elementos contradictorios evidencia el poco rigor con que se elaboró, pues los hechos no ocurrieron en 2003 sino en 2002. Además, César Salcedo, que figura en la controvertida bitácora, aseguró ante la Fiscalía que él no tenía nada que ver con eso. Por este motivo denunció penalmente a O'brien, que fue quien publicó la bitácora.

Independientemente de todas las inconsistencias en este nuevo documento, está probado que se trata de un informe auténtico que simplemente se hizo sin mucho cuidado. Para el periódico El Comercio, muchos de los detalles contenidos en éste constituyen serios indicios de que "las autoridades panameñas ocultaron y desaparecieron documentos clave" y que esto beneficiaría a Bavaria.

Sin embargo, por lo delicado de la información, periodistas de El Comercio se comunicaron con representantes de Bavaria antes de publicarlo. Sus representantes les dijeron que de inmediato enviaban para allá a su abogado Jaime Lombana. Ahí fue Troya, pues El Comercio se negó a recibirlo. Según Ampuero, ellos no estaban dispuestos a recibir a una persona que "nos miente descaradamente y en la cara", y que además ha hecho declaraciones infundadas en los medios en contra del diario y sus periodistas.

No obstante, la restricción de El Comercio era sólo con Lombana, pues los periodistas ese mismo día se reunieron con Carlos Caro, el abogado de Bavaria en el Perú, y con uno de los asesores de imagen de la compañía.

La reunión transcurrió en un ambiente cordial, y fueron tales las inquietudes que les dejó el abogado Caro a los periodistas, que decidieron suspender la publicación prevista para ese fin de semana, y esperar a reconfirmar algunos datos.

Hechas las aclaraciones del caso, El Comercio se fue con una página entera en que revela el informe 'Robolt', y donde concluye que sí se había escondido información. En otro aparte de la publicación se afirmó que dicho informe también había demostrado que la directora general de Aduanas de Panamá, Mercedes de Villalaz, había tenido que ir al aeropuerto de Albrook para resolver la situación de Bavaria, cuando Carbajal fue detenido con el dinero en efectivo. Para el periódico esta revelación era de enorme importancia, pues ese dato estaba contenido en la controvertida bitácora que Bavaria asegura es falsa.

El hecho de que El Comercio hubiera utilizado el informe 'Robolt' para reforzar la idea de que su bitácora es original fue lo que rebosó la copa de Bavaria y la llevó a atacar.

Las demandas contra los periodistas son sólo la primera etapa en esta guerra. Según explicó Jaime Lombana, del resultado de estas primeras denuncias se podrían desprender nuevas acciones legales, incluso contra el propio diario El Comercio.

Pero las decisiones jurídicas pendientes no son sólo las de las demandas de Bavaria, sino también las de la justicia peruana sobre el caso. En este momento hay tres investigaciones cuyos fallos se esperan en poco tiempo. La primera, de la Contraloría peruana, que evalúa si hubo o no detrimento al fisco de este país en la polémica compra de la cervecera Backus. La segunda, de la Comisión Fiscalizadora del Congreso, que junto a la tercera, la de la Fiscalía Anticorrupción, valora las pruebas y los testimonios para aclarar lo del supuesto soborno. Estos organismos tendrán que decidir si acusan formalmente a Bavaria o si archivan el caso.

Lo que ha quedado claro es que todo este pleito afecta por ahora cualquier posibilidad de venta de Bavaria. Considerando que la inversión hecha en Backus supera los 1.000 millones de dólares, hasta que no quede claro la situación jurídica de esa transacción, ninguna multinacional va a medírsele a esa contingencia. Por eso los analistas económicos descartan la venta de Bavaria antes del segundo semestre de este año. Para esa época se espera que ya se haya definido la situación jurídica de este pleito.