B.B. ROMPE SU SILENCIO

Finalmente, el Presidente se pronunció. Durante más dé 15 días, numerosas críticas expresadas a través de distintos editoriales y de revistas exigieron a Belisario Betancur que hablara sobre los contactos del ex presidente Alfonso López Michelsen y del Procurador Carlos Jiménez Gómez, con reconocidos "capos" del narcotráfico quienes los abordaron en Panamá.
Tanto López como el Procurador dijeron haber informado al Presidente Betancur sobre esos contactos y trascendió que el famoso memorando de la mafia había llegado a principios de junio al escritorio del primer mandatario. Debido a la ola de especulaciones desatada sobre si el Procurador había o no informado al Presidente de su viaje a Panamá, así como sobre la autonomía de Jiménez Gómez para actuar en este caso, la declaración de Betancur era esperada por todo el país.
Pero después de que fuera dado a conocer por la oficina de prensa del Palacio de Nariño, fueron muchos los que se sintieron defraudados. El texto no contenía revelaciones espectaculares, ni detalles de película de espionaje. Se limitaba a confirmar que había sido informado tanto por el ex presidente López como por el Procurador sobre los encuentros de Panamá y dejaba en claro que ninguno de los dos le había sugerido la "posibilidad de que el gobierno colombiano pensara en algún tipo de negociación con los autores del memorando".
El comunicado daba a entender que no había habido iniciativa presidencial alguna para los contactos y al mismo tiempo no contradecia la posición expresada por Jiménez Gómez respecto a que "su estatuto constitucional le da autonomía frente a la rama ejecutiva". Quizá el párrafo más contundente del comunicado de Palacio era el que manifestaba que "ni ha habido, ni hay, ni habrá negociación, ni forma alguna de entendimiento entre el gobierno y los autores del memorando". Al final de la semana, algunos observadores comentaban que con esta declaración, Betancur no sólo había delimitado su fuero presidencial frente a lo sucedido en Panamá, sino que, en el párrafo final, de algún modo, estaba recomendando al Congreso que dedicara todos sus esfuerzos a afianzar "los acuerdos sobre una acción legislativa, indispensable para dar nuevo impulso a la búsqueda de la paz y a nuestro desarrollo político, económico y social", y por lo tanto, parecía querer expresar que no era muy conveniente que esos mismos esfuerzos se dedicaran a montarle un debate al Procurador.
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Mucho más espectacular que la declaración del Palacio de Nariño, resultó la noticia aparecida el jueves en primera página de El Tiempo, según la cual un magistrado de La Florida había dictado sendas órdenes de captura contra Pablo Escobar Gaviria y Jorge Luis Ochoa. La historia de las autoridades norteamericanas se basaba en la declaración jurada de Ernst Jacob, un agente federal que habría infiltrado una red de narcotráfico de Escobar y Ochoa y habría logrado establecer todos los detalles para el envió de Medellín a los Estados Unidos de un embarque de cocaína. Al parecer, el negocio era manejado en Miami tras la mampara de una empresa vendedora de carros, de propiedad de los dos "capos".
Para nadie era una sorpresa que Escobar y Ochoa fueran narcotraficantes. Resultaba sí destacable que, por primera vez, autoridades norteamericanas estuvieran en capacidad de ordenar su captura, con base en una acusación concreta. En cambio, el elemento que no parecía encajar en la historia era la participación del gobierno sandinista de Nicaragua en la red. Según el testimonio del agente federal, los embarques de los "capos" se estaban realizando a través de una pista clandestina en ese país centroamericano, que estaría sirviendo como escala entre Medellín y el destino final, en Louisiana. No se entendía muy bien por qué era necesario utilizar una escala, que no estaba exactamente en la mitad del camino, cuando durante años los embarques se habían enviado en vuelos directos entre Colombia y los Estados Unidos. Lo más confuso de la historia, que nadie parece poner en duda en lo referente a Ochoa y Escobar, es el detalle que describe que uno de los aviones cargado de cocaína habría sido derribado por soldados sandinistas cerca a Managua. Los lectores de la noticia quedaban,eso sí,a la espera de que fueran publicadas unas fotos en las cuales aparecerían Escobar y Federico Vaughn, funcionario del ministerio del Interior de Nicaragua y contra quien también se dictó orden de captura, embarcando un cargamento en Nicaragua.
En cuanto a Ochoa y Escobar, la expectativa de la opinión pública se centraba en saber si esas órdenes de captura se traducirían por parte de los Estados Unidos en peticiones formales de extradición de los dos "capos".
Esto, más allá del enredo del memorando entregado al Procurador, los colocaba en una difícil situación, pues de producirse la petición de extradición, ni Escobar ni Ochoa, quienes al parecer deseaban regresar al país, podrían hacerlo. -