B.B. SE JUEGA LOS RESTOS

"Gran acuerdo nacional". Las tres palabras pronunciadas durante la clausura de las sesiones extraordinarias del Congreso por el presidente Belisario Betancur, cayeron en el mismo vacío en que ya se encontraban las demás expresiones y vocablos de la retórica impuesta por el proceso de paz. Entre tanto "diálogo nacional", "apertura democrática", y "tregua y cese al fuego", este "acuerdo nacional" sonaba a disco rayado, pues la gente ya no sólo había dejado de entender de qué se estaba hablando, sino que había dejado de interesarse en ello. Pero la propuesta presidencial, esbozada ante el Parlamento y concretada días después por el ministro Jaime Castro en carta a las directivas de los dos o, mejor dicho, tres partidos, pretendía tener un mayor alcance.

Betancur, quien al iniciar su mandato había creído que, para sacar adelante su plan de gobierno, era necesario declarar en forma insistente que no pensaba gobernar con los directorios, recogía velas y hacía el llamado a los partidos con el fin de buscar respaldo político para la última etapa de su gobierno. El Presidente, quien en un principio había querido llevar de la mano de su popularidad personal el proceso de paz, comprendía que ahora, con las encuestas en su contra, había llegado el momento de repartir las cargas y de cambiar de retórica: "se ha comprendido que no está en juego un hombre, ni siquiera un gobierno, sino el destino nacional y nuestra herencia democrática". O, dicho más claramente: "(el gobierno) carece de la suficiente capacidad para asumir la totalidad del desafío".

A su carta a los directorios que contenía la propuesta para el "gran acuerdo nacional", el ministro Castro anexaba una lista de 9 proyectos de reformas presentados por el gobierno al Parlamento y describía el punto en que se encontraba cada uno de ellos en su respectivo proceso de estudio y aprobación. Y ahí comenzaba a enredarse la cuestión: el Presidente había hablado ante las cámaras de lograr acuerdos en los frentes políticos, económico y social, pero en su carta el ministro Castro parecía limitar el "gran acuerdo" al frente político, ya que los 9 proyectos incluidos en la lista se referían a la llamada reforma política y nada tenían que ver con la cuestión agraria, laboral, económica o social.

Esto podría explicarse en el hecho de que en la actual coyuntura política y económica no hay ambiente, ni mucho menos recursos, para cualquier transformación social de fondo, por más urgente que ésta sea. Los propios grupos guerrilleros han señalado en anteriores ocasiones que no están pidiendo la "revolución por decreto", sino que desean que se implementen los mecanismos para un libre juego político, que según ellos hoy no existe, y que sería necesario para que resultaran viables las reformas sociales a que aspiran. Dentro de este contexto, la propuesta de Castro, al no tocar la "sagrada" propiedad privada tiene una visión de una democracia un poco más amplia que la heredada del Frente Nacional y de su bipartidismo, y busca promover medidas como el estatuto de la oposición, la elección de alcaldes, la financiación de los partidos, etc. Todo esto, que en otras épocas podría parecer una base realista para llenar los requisitos planteados por el abstractísimo diálogo nacional, fue objeto, sin embargo, de una tibia recepción por parte de los directorios, que en sus respectivas respuestas no pudieron disimular su evidente escepticismo.

El primero en pronunciarse fue el Partido Conservador, cuyo Directorio aceptó en líneas generales la propuesta del gobierno, pero discrepó de la presentación que el ministro Castro había hecho de de la situación. Jaime Castro decía en su carta que "... nuestro clero constitucional, ideado para otras épocas, no ha tenido en cuenta las fuerzas sociales y políticas que el acelerado proceso de modernización del país ha colocado en plano destacado del escenario nacional". Este párrafo no fue bien recibido en ciertos sectores del Directorio Conservador y mereció también agudas críticas del precandidato Alvaro Gómez, ya que significaba, en cierto modo, el reconocimiento de que estamos en lo que los grupos guerrilleros han llamado la "democracia restringida", un concepto que los conservadores no están dispuestos a aceptar. Para el ex ministro Jame Arias, secretario general del conservatismo, en su partido "ha habido personas en desacuerdo con la presentación demasiado negativa de la democracia colombiana, contenida en el documento del ministro Jaime Castro, pero en general se acepta que las circunstancias han cambiado, más no que el sistema haya fracasado".

De cualquier manera, los conservadores parecían actuar guiados más por un respaldo disciplinario al gobierno de un presidente conservador, que por la convicción de que es necesario ampliar la democracia colombiana. Su respuesta a la propuesta determina una especie de sí condicionado y no se refiere al listado de 9 proyectos de reforma política. Más aún, el Directorio considera que "con la ley de indulto ha concluido el proceso, generoso y noble, de las concesiones legislativas a los grupos subversivos, los cuales indudablemente encontrarán en el orden jurídico vigente garantías para intervenir con eficacia en la vida política". ¿Quiere esto decir que no es necesario llevar a cabo nuevas reformas políticas? Y, si esto es así, entonces ¿para qué plantear un "gran acuerdo" sobre esas reformas?

La respuesta de la Dirección Liberal Nacional, aunque enfocada en el mismo sentido, resultó sin embargo un poco más "electoral". En efecto, los liberales se negaron a participar en el "gran acuerdo", por considerar que en las actuales circunstancias, éste no se justifica. El liberalismo parece estar pensando en la necesidad de deslindar lo más posible sus responsabilidades de los resultados de la labor del gobierno de Betancur y, al no poder hacerlo con un retiro del gabinete y de la burocracia por los efectos electorales que esto acarrearía, lo hace rechazando el acuerdo. Para la DLN, en vez de "gran acuerdo", es necesario que cada partido fije su respectiva posición frente al proceso de paz. "En el fondo --declaró a SEMANA Ernesto Samper, miembro de la DLN-- la carta de Castro estaba motivada por el ex presidente Pastrana, quien andaba desde hacía rato con el cuento del acuerdo nacional, que expuso en el programa El Juicio, grabado días antes de que se concretara la propuesta". Para los liberales, la táctica conservadora que ellos habrían desmontado al rechazar el acuerdo, consistiría en distribuir entre todos las culpas del fracaso del actual proceso.

El Nuevo Liberalismo por su parte, acogió la propuesta con una especie de sentimiento de "nunca es tarde", pero lo hizo más bien pensando que, si ese movimiento había planteado en noviembre de 1982 un acuerdo nacional para afrontar los distintos aspectos de la crisis, mal podría hoy rechazarla. Es eso sí, el único movimiento que responde al ministro Castro hablando de la necesidad de no descuidar las reformas sociales y de no limitarse a los proyectos de reforma política. Sin embargo, su planteamiento tiene que ver más con "cuña" publicitaria para el Nuevo Liberalismo, hecha por el senador Luis Carlos Galán en carta a Castro, que con una expresión de confianza en el éxito de "gran acuerdo".

Otros sectores ya no de los partidos sino de la prensa, como el diario El Tiempo, plantearon en un editorial (una carta del ex ministro Abelardo Forero Benavides), un acuerdo nacional del tipo de aquellos que se pactaron en épocas anteriores, como el gobierno de Enrique Olaya Herrera o el final de la dictadura del general Gustavo Rojas Pinilla. Este tipo de planteamientos no tenía en cuenta, sin embargo, que si esos acuerdos históricos funcionaron en su momento, esto se debió a que significaron un arreglo entre las partes enfrentadas, o sea los partidos Conservador y Liberal. Y esto es precisamente lo que no sucede hoy, cuando los dos partidos están de acuerdo prácticamente en todo desde los inicios del Frente Nacional, y esa circunstancia es considerada por muchos como causa de buena parte de los problemas políticos que hoy se afrontan. El acuerdo que hoy se requiere, según parece visualizarlo el gobierno, no es entre los partidos solos, sino entre los partidos y el país.

Pero el otro problema es que, en el fondo, parece ser demasiado tarde para un acuerdo, cualquiera que este sea. Por un lado, el gobierno no tiene ya fuerza para impulsar un proyecto de esa magnitud. El propio Presidente no goza ya de la confianza de los dos bandos que pretendió reconciliar: el establecimiento lo considera un traidor y los guerrilleros, un hombre débil. Los partidos, por su lado, no toman en serio al primer mandatario. Y a su vez, la opinión pública no le da crédito a los partidos. Además, casi nadie cree ya en el proceso de paz a nombre del cual se estaría planteando este acuerdo. No es probable entonces que éste llegue muy lejos. El país parece estar esperando simple y llanamente que termine este gobierno para ver si el próximo es capaz de utilizar la popularidad y legitimidad que suelen tener los recién elegidos, en una revitalización del proceso, si es que éste, para entonces, tiene todavía alguna vigencia.--