Bien aterrizados

Uno de los temas centrales para el futuro del nuevo aeropuerto El Dorado de Bogotá está embolatado: la demolición del viejo terminal nacional y la construcción de uno nuevo.

El asunto es que la Procuraduría General de la Nación se mostró en contra de un acuerdo entre la Aeronáutica Civil y el Consorcio Opaín, para modificar las condiciones del contrato y darle vía libre a este nuevo proyecto.

¿Cuáles son las razones de la Procuraduría? Se trata de un asunto estrictamente jurídico y es que el plazo definido en el contrato para negociar si se tumba o no el viejo edificio ya se venció. Si la Aeronáutica y Opaín sacan adelante el proyecto, habrán violado los términos del contrato y así abrirán espacio para investigaciones fiscales, disciplinarias y penales, y, además, a demandas por parte de quienes consideran que las condiciones de este contrato millonario no pueden ser modificadas.

Tanto el consorcio como la Aeronáutica acataron el pronunciamiento y se curaron en salud: van a seguir negociando el tema hasta el próximo 12 de agosto, pero acordaron que si la Procuraduría se mantiene en esa posición, la negociación no va a tener validez. Esto significa, básicamente, que no habrá un nuevo terminal nacional para los usuarios del aeropuerto de Bogotá.

El tema es muy sensible, pues ante la opinión pública la posibilidad de que Bogotá y el país cuenten con un aeropuerto moderno, depende de esta decisión. Sin embargo, ese edificio es apenas uno de los hitos del proceso de concesión, que implica, además, la construcción de una nueva terminal de carga y la de un gran terminal internacional, entre otras obras.

Pero, en gracia de discusión, lo más sensato es que si se van a invertir 500 millones o más de dólares en esta concesión, se tumbe un edificio que cuenta con más de 50 años de edad. Allí operará el terminal de viajeros nacionales, un mercado cuyo tráfico viene creciendo de manera importante. El año pasado se movieron en rutas nacionales nueve millones de pasajeros y no es descabellado proyectar que para 2012, cuando el nuevo aeropuerto debe estar funcionando plenamente, se van a estar moviendo más de 10 millones de pasajeros al año.

Es claro que hay razones jurídicas que respetar, pero en el caso del aeropuerto El Dorado, la Aeronáutica Civil ha mantenido la mano firme a la hora de negociar con Opaín. Esto demuestra que en ningún momento se han tomado decisiones simplemente para beneficiar al consorcio, sino porque se considera necesario tener un aeropuerto acorde con los crecientes flujos de pasajeros. De hecho, hubo una primera propuesta para derrumbar el viejo terminal que fue rechazada por la Aeronáutica, pues las pretensiones económicas de Opaín eran muy elevadas: pidió 15 años más de concesión, que se sumarían a los 20 que ya tiene. Por eso se acudió a la figura del amigable componedor que está conformado por Juan Carlos Echeverri, Ramiro Valencia Cossio y Alfonso Orduz.

Un asunto clave en esta negociación es el costo. Obviamente, adicionar 15 años a la concesión para construir un nuevo edificio es una propuesta que parece exorbitante. Por eso la figura del amigable componedor es indispensable para señalar unas condiciones justas para definir ese precio.

Queda entonces la espada de Damocles de la Procuraduría, que podría no dejar demoler el edificio viejo y dar al traste con el sueño de los colombianos de tener un aeropuerto cuyos tamaño, diseño y tecnología sean dignos del lugar estratégico que tiene Bogotá en el continente. Si no es destruido, y sólo es reforzado sísmicamente, para la opinión pública el tema sería una derrota y esto reforzaría la tesis del ex alcalde de Bogotá Luis Eduardo Garzón, de que El Dorado va a terminar siendo un aeropuerto "pichurria".