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| 2/19/2011 12:00:00 AM

Bienes ajenos

Los conflictos que llevaron al retiro de la presidenta de la Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá dejaron en evidencia un problema de gran calado con los bienes que el Estado les ha quitado a las mafias.

Un asunto aparentemente de trámite en la Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá ocupó, varios días de la semana pasada, la agenda de diferentes medios. En el diario La República y en el famoso '1, 2, 3' del noticiero CM& se manejaron diversas versiones de lo que había motivado el retiro de María Isabel Silva de la presidencia de esa entidad tras siete años de gestión. Se dijo de todo, desde que Silva simplemente no servía para liderar el actual momento de la entidad, hasta que unos asociados habían ejercido presión porque ella se les había atravesado en un negocio que querían hacer con los bienes que esa entidad le administra a la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE).

El presidente del Consejo Directivo de la Lonja, Carlos Eduardo Mantilla, le dijo a SEMANA que la razón del retiro fue que Silva concentró la mayor parte de sus esfuerzos en promover actividades como las ferias inmobiliarias en el exterior, algo que si bien traía interesantes réditos comerciales, la llevó a desatender los asuntos gremiales locales y algunos temas administrativos que podrían ser delicados. "Se le buscó una salida adecuada, pero ella tendió una cortina de humo sobre el tema de los bienes de Estupefacientes, cuya sola mención despierta suspicacias en la opinión pública", dijo.

El argumento de que Silva salió por atravesarse en el negocio de alguien no es fácil de probar. Es cierto que a algunos miembros de la Lonja les molestaba que Silva se opusiera duramente a devolver de forma expedita los bienes de la DNE a la Sociedad de Activos Especiales (SAE), una entidad creada para concentrar la administración de los mismos. Pero a pesar de que algunos consideraban que se obstinaba en exceso, la mayoría la respaldó, pues sabían el riesgo que corría la reputación de la Lonja si no se seguía un procedimiento de la manera correcta o quedaba algo pendiente con una entidad como la DNE.

A finales del año pasado la Procuraduría General de la Nación le dio la razón a Silva, y en la Lonja agradecieron la prudencia de su presidenta. Por eso que uno de los afiliados meses atrás haya dicho en una asamblea que Silva le estaba haciendo perder negocios no es suficiente para pensar que, pasado el tiempo, el Consejo Directivo en pleno iba a destituirla por esa razón.

Pero más allá del problema interno de la Lonja, en el que ninguna de las partes quiere ahondar, el episodio dejó expuesto al Estado en unos hechos que hasta el momento no habían trascendido a la opinión pública. Silva no era la única que se oponía a entregar los bienes, pues en esa posición la acompañaban las lonjas de Cali y Medellín. Todas pensaban que faltaba claridad en los procedimientos para entregar los cuantiosos bienes a la SAE, un tercero que, para ellos, salió de la nada.

La SAE había nacido en el gobierno anterior, fruto de un revolcón en el manejo de los bienes incautados y extinguidos a la mafia, con la idea de que fueran entregados a un especialista en el tema. Esa argumentación alcanzó a crear esperanzas de que por fin se solucionaría el problema de cómo debería el Estado administrar esos activos. Corrían los días finales de 2009, y para esa época los manejaban las inmobiliarias, que le reportaban ingresos nunca vistos a la DNE por la administración y venta de esos inmuebles.

Pero un año después, la SAE no solo no dio la talla, sino que además se convirtió en un nuevo factor que dificulta aún más la administración de esos inmuebles. Mientras las inmobiliarias le dieron al Estado 156.000 millones de pesos en 2009, la SAE, en 2010, solo logró entregar 7.120 millones (ver gráfica). Sin embargo, Édgar Pinto, director de esa entidad, dice que no es un fracaso, que no pudo conseguir mejores resultados porque la DNE no le cumplió y que ya su entidad está ajustando su operación.

Por su parte, el director nacional de Estupefacientes, Juan Carlos Restrepo, dice que la difícil situación actual resultó de una alta dosis de improvisación. Por eso, su entidad está revisando el tema y buscando con la mayor celeridad una opción que le permita monetizar los bienes hasta donde sea posible y concentrar la administración en firmas de probada experiencia.

De ahí que el tema sin duda va más allá de una diferencia laboral en una lonja de propiedad raíz. Pues mientras los encargados de administrar los bienes de las mafias a nombre del Estado discuten y se enfrentan, quienes se saborean y frotan las manos son los mismos de siempre, sin que nadie sepa con exactitud qué es lo que pasa en ese profundo hueco negro.
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