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| 1/31/2016 6:59:00 PM

A juicio cuatro alcaldes locales de la administración Petro

Los representantes de las localidades de Usaquén, Mártires, Bosa, Suba y Kennedy fueron acusados por irregularidades en contratación.

En momentos en que la administración Distrital se alista para elegir los 20 alcaldes locales de Bogotá, la Fiscalía está lista para iniciar el juicio contra cinco exmandatarios que trabajaron en la administración de Gustavo Petro.

Se trata de Julieta Naranjo Luján (Usaquén), Diana Calderón Robles (Bosa), Jesús Antonio Mateus (Kennedy), Ernesto Rincón (Mártires) y Marisol Perilla (Suba). Todos acusados por el delito de celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.

La primera en pasar al paredón, el próximo miércoles, será Julieta Naranjo Luján por su presunta participación en la defraudación de 161 millones de pesos producto de convenios de asociación.

El fiscal del caso indicó que para los meses de noviembre y diciembre del 2012, la alcaldesa dio luz verde al convenio Torca-Guaymaral, por la suma de 62.483.000 pesos, que buscó adelantar acciones pedagógicas para proteger la naturaleza y la ronda del humedal.

Otro convenio que firmó la funcionaria fue el de Aventura-Montaña, que se adelantó por la suma de 39.339.000 pesos y que tenía como propósito sacar adelante una carrera atlética para celebrar el cumpleaños de la localidad de Usaquén.

También con Asojuntas, la alcaldesa Naranjo Luján dio el visto bueno a otro convenio por la suma de 59.443.000 pesos, a fin de realizar procesos organizativos con las distintas asociaciones de la localidad. Si bien se trata de contratos por cuantías no muy elevadas, estos no se realizaron bajo las estrictas normas que establece la ley.

En el caso de  Ernesto Rincón, los tres contratos que lo tienen bajo el escrutinio judicial son: uno de interventoría y dos que estuvieron avaluados en más de 100 millones de pesos. Uno de los contratos fue el del Festival de los Pueblos celebrado en el 2009 entre el alcalde y particulares.

Los investigadores establecieron que las irregularidades también se presentaron en la localidad de Bosa. Allí detectaron la suscripción de ocho convenios de forma irregular por sus valores exagerados, además de inconsistencias en el objeto de cada uno de los contratos, liquidaciones irregulares de gastos y recursos  que superan los mil millones de pesos. En este caso aparecieron las fundaciones Conades y Cardiacucop.

De la misma forma llevaron ante un juez a  Marisol Perilla Gómez, por suscribir un contrato por más de  2.000 millones de pesos con una entidad que no contaba con planta de personal ni con sede propia para desarrollar los convenios.

El último en ser acusado fue Jesús Antonio Mateus. Según la Fiscalía, el 30 de diciembre del 2009, como alcalde local suscribió un convenio de asociación con la Fundación Terranova por cerca de 285 millones de pesos para unir esfuerzos administrativos y financieros “con el propósito de poner en marcha tres proyectos del Plan de Desarrollo Local relacionados con la recuperación del medio ambiente local”. Los investigadores encontraron vicios en la suscripción de este acuerdo.

Estas personas deberán defenderse en juicio y demostrar que en sus administraciones no se cometieron actos de corrupción y con ello salvar, en buena medida, la administración pasada de futuros señalamientos.

Mientras tanto, desde ya, y cuando faltan dos meses para que estos alcaldes locales terminen su período, arrancó el proceso para elegir los nuevos mandatarios de las localidades. Un cargo de mucha responsabilidad porque, entre otras cosas, manejan, altos recursos del Estado –que llegan a 300.000 millones de pesos–, cuya ejecución está enfocada principalmente en el control del espacio público y contrataciones para el arreglo de vías en los barrios, un tema que quedó en deuda durante la administración saliente.

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