Sábado, 3 de diciembre de 2016

| 2016/06/22 22:27

La odisea de frenar las mansiones en los cerros de Bogotá

Hace unos días alguien quitó los sellos que impedían seguir construyendo. El alcalde Peñalosa pidió que demolieran de una vez las lujosas casas.

Las elegantes residencias están avaluadas entre 5.000 y 30.000 millones de pesos. Foto: Daniel Reina / SEMANA

Hace unos meses, las mansiones que se construían en el corazón de los cerros de Bogotá desataron indignación. Se trataba de elegantes residencias, avaluadas entre 5.000 y 30.000 millones de pesos y levantadas a las malas en el principal patrimonio natural que tiene la capital. El alcalde local de Chapinero, Hernando José Quintero, puso los sellos el pasado 8 de mayo para evitar que continuaran con las construcciones.

La Alcaldía puso la situación en manos de la Fiscalía, pero fue más allá. El miércoles, Enrique Peñalosa pidió que se adelante definitivamente el proceso para demoler las viviendas. Aclaró que estaban siendo construidas de manera ilegal, pues el lugar es una reserva forestal en la zona conocida como Bagazal, en Rosales, en el norte de la ciudad.

“Estas construcciones son un símbolo del irrespeto de algunos poderosos por la ley, las normas y el medio ambiente. Estamos dándole todo el respaldo a la CAR para que se avance lo más pronto posible en la demolición de estas edificaciones”, señaló Peñalosa.

El mandatario y su equipo llegaron al lugar para dejar claro que el Distrito no está dispuesto a que se construya un ladrillo más en esta zona de reserva. Peñalosa determinó que la situación es de tal magnitud, que hay que consolidar una especie de grupo élite para proteger a los cerros. Así, la Policía y la Fiscalía estarán pendientes del monitoreo al lugar. Entre otras cosas, se harán sobre vuelos mensuales para evitar que otros lleguen a construir en esos predios.

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Hasta el momento, en ese lugar se estaban adelantando las construcciones de casas que se conocían como El Arraván, El Bambú, El Pachue, El Tuno y El Monteodoro. La CAR antes de tres meses aplicará las sanciones correspondientes por estas irregularidades, que van desde la imposición de multas hasta la demolición de las edificaciones.

 

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