Jueves, 8 de diciembre de 2016

| 2016/02/09 21:26

La obra de Petro, en manos de la Sala Plena del Consejo de Estado

Ese órgano jurisdiccional no sólo es responsable de definir la legalidad de la destitución del político de izquierda. Ahora debe juzgar el cambio en el modelo de recolección de basuras.

Petro se habría excedido en sus competencias al impedir la participación de particulares en la administración del sistema de recolección de basuras. Foto: Archivo particular

Definitivamente el futuro político de Gustavo Petro está en manos del pleno del Consejo de Estado. Este organismo no sólo es responsable de determinar si la sanción de destitución e inhabilidad de 15 años que le impuso la Procuraduría es legal. También debe juzgar el cambio en el esquema de aseo y recolección de basuras que propició el exalcalde.

La Sala Plena asumió la competencia para estudiar la demanda de nulidad contra el Decreto distrital 564 del 2012, por medio del cual se modificó el esquema para la recolección de residuos sólidos y aseo en las calles de la capital.

Cuando empezaba su mandato en la Alcaldía de Bogotá, Petro modificó esa estructura e impuso límites a la participación de la empresa privada y empoderó a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá para liderar ese compromiso.

Aun cuando lo hizo basado en un mandato de la Corte Constitucional, que había ordenado al Distrito establecer mecanismos para formalizar el trabajo de personas en estado de vulnerabilidad que vivían del reciclaje en las calles, muchos acusaron al burgomaestre de cercenar la libre competencia.

Para los organismos de control, de vigilancia y los detractores políticos de su administración, Petro se excedió en sus competencias al impedir la participación de particulares en la administración del sistema de recolección de basuras.

Pero las reclamaciones que se vinieron en su contra desde distintos sectores no se asemejan en nada la drástica sanción que le impuso la Procuraduría. Hasta sus más acérrimos opositores quedaron perplejos con la destitución e inhabilidad de 15 años que le impuso ese organismo.

Entonces se desató una ola de tutelas ante jueces de distinta jerarquía que dejaron en el limbo jurídico la sanción. Hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) terció, mediante una medida cautelar que ordenaba suspender la elección de la destitución del alcalde. Al final, una acción de tutela y otra medida cautelar del Consejo de Estado le permitieron al controvertido burgomaestre terminar su período.

Con todos sus ires y venires y aunque parezca increíble, este galimatías jurídico no ha terminado. A la Sala Plena de la máxima instancia contenciosa todavía le falta definir si mantiene o no la determinación de la Procuraduría contra Petro.

Como si fuera poca la importancia de este debate en el futuro político del dirigente, el pleno del órgano contencioso administrativo asumió este miércoles la competencia para juzgar la legalidad del polémico decreto que por poco le cuesta la Alcaldía a Petro y que en su momento fue una de las banderas de la Bogotá Humana.

Aun cuando la resolución de la demanda contra el cambio en el modelo de recolección de basuras correspondía a los cuatros magistrados de la Sección Primera, la Sala Plena decidió asumir la competencia por la trascendencia jurídica, económica y social del asunto. En consecuencia, el caso deberá ser discutido por los 27 integrantes del órgano contencioso.

Como quien dice, ante esa corporación el exalcalde Gustavo Petro no sólo se juega la posibilidad de volver a ocupar cargos públicos en los próximos 15 años. La entidad también será juez de su obra política en Bogotá, donde ocupó el más alto cargo en el ejercicio del poder que ha obtenido un desmovilizado. 

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