Bogotá deberá indemnizar a afectados por deslizamiento en relleno Doña Juana

El Consejo de Estado condenó al Distrito de Bogotá a pagarle 227.000 millones de pesos a los afectados por el deslizamiento del relleno sanitario Doña Juana ocurrido el 26 de septiembre de 1997.
 
La sección Tercera, con ponencia del magistrado, Enrique Gil Botero, encontró que hubo una falla en el servicio, ya que la operación requería una mayor atención por parte del operador y una estricta supervisión de la Administración Distrital.
 
"La alteración de las condiciones ambientales ocasionó que las actividades que la comunidad acostumbraba a realizar al aire libre y en espacios públicos se disminuyeran significativamente, afectándose el derecho a la recreación y a la libre utilización del tiempo libre, pues las opciones mientras duró la fetidez en el olor eran las de evitar salir de las casas o buscar lugares apartados al lugar de residencia", se señaló en el fallo.
 
La decisión atiende la demanda de más de 1.000 afectados quienes vieron como el 26 de septiembre de 1997 más de 1.200.000 toneladas de basura cubrieron dos colinas, 15 hectáreas de terreno y se bloqueo y contaminó del río Tunjuelo.
 
En el fallo también se destaca que el deslizamiento de las basuras ocasionó afectaciones respiratorias, infecciones en la piel, alergias, diarrea y vómito a los habitantes de las zonas aledañas.

Según la investigación del alto tribunal la gravedad de la catástrofe ambiental se debió a la clase de residuos tóxicos que quedaron expuestos: orgánicos (sangre, tejidos de piel y órganos); químicos (material radioactivo y medicamentos) e industriales (generados por curtiembres, plomo, mercurio, etc). Así mismo, con posterioridad al derrumbe se desataron plagas y los alimentos comenzaron a descomponerse con gran rapidez

En esa oportunidad el hoy secretario de Gobierno, Guillermo Asprilla, fue el apoderado de los demandantes. Por esa querella Asprilla afronta una investigación por presunta inhabilidad en la Procuraduría.
 
(Ver: Los tres cargos que tienen al secretario de Gobierno en la mira de la Procuraduría)
 
El magistrado Gil Botero reveló que el secretario de Gobierno de Bogotá aparece en la demanda. "Sigue figurando como apoderado de los demandantes, no sé quién será".
 
El fallo le da 10 días al Distrito para que el monto de la indemnización reconocida en esta acción de grupo sea entregado al Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos de la Defensoría del Pueblo, organismo que se encargará de pagarle a los afectados que acrediten tal condición.