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| 9/21/2015 7:00:00 PM

Las críticas de la Corte Constitucional a la Bogotá Humana

El tribunal se pregunta por qué el Distrito no se ha ocupado de ofrecer educación especial a personas con problemas de aprendizaje.

Si hay algún asunto frente al cual no se puede criticar a la administración del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, es su interés de favorecer a los sectores sociales menos favorecidos. Personas de bajos recursos, los LGBTI, los habitantes de la calle y hasta los discapacitados son algunos de los grupos privilegiados en el marco de prioridades del gobierno capitalino. Sin embargo, una decisión de la Corte Constitucional parece pedirle más compromiso.

Y es que a pesar de que centenares de recicladores, jóvenes bachilleres, indígenas, madres cabeza de familia y otros sectores vulnerables han encontrado en Petro el abanderado de sus causas, para el tribunal constitucional, la administración Petro aún está en mora de ocuparse de la formación integral de personas con problemas de aprendizaje. Específicamente, se refiere a las personas que padecen de problemas cognitivos por enfermedades congénitas.

Ese déficit lo padeció una familia de Soacha (Cundinamarca), en busca de una institución educativa que les permitiera a sus dos hijos de 17 y 20 años continuar su educación básica, bajo los parámetros especiales que merece el retardo mental leve que ambos padecen.

Para los padres, a las malas noticias que recibieron de los maestros de sus hijos se sumó la desidia de algún sector de la institucionalidad. Mientras los docentes les auguraban un futuro en el que no podrían cursar una carrera, las autoridades dijeron no tener cómo atender su demanda para ofrecerles una educación especial.

Infructuoso resultó el trasegar de esta familia en busca de un colegio que contara con el personal capacitado. Instituciones públicas y privadas, una a una, fueron cerrándoles las puertas por no contar con los recursos logísticos y de infraestructura suficientes.

Y aunque la Corte reconoce que al menos en este caso nada tiene que ver la Bogotá Humana, sus respuestas sí dejan ver que cuando se ocuparon de construir una política pública incluyente y solidaria para los discapacitados, se olvidaron de las personas con déficit cognitivos.

“(…) El Programa 721 de la Secretaría Distrital de Integración Social, diseñado para la población en circunstancia de discapacidad, debe ser complementado con el fin de procurar efectivamente que uno de sus objetivos –desarrollar las competencias ocupacionales de estas personas– se cumpla”, dice la Corte.

El alto tribunal también se pregunta por qué el Distrito, a pesar de tener un verdadero programa de atención integral a personas en situación de discapacidad, le negó el acceso a esta familia, con el pretexto de que no contaba con ningún instrumento de atención a ese tipo de personas.
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