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| 1/16/2016 10:00:00 PM

Bogotá: así se tomaron las bandas el espacio público

A la sombra de este fenómeno se fortalecen delitos como el hurto, el homicidio, la prostitución infantil y el expendio de drogas.

La seguridad sigue siendo uno de los temas prioritarios para las autoridades y uno de los que más preocupa a los ciudadanos. En Bogotá, el homicidio y el hurto aún lideran los delitos de mayor impacto en la población y aunque 2015 cerró con una leve disminución en la tasa de asesinatos, al pasar de 17,5 por cada 100.000 habitantes a 17,2, la percepción de los capitalinos sigue siendo pesimista. Esto se debe en gran medida a que las cifras de hurtos y lesiones personales vienen en aumento. En 2011 se presentaron 35.919 casos mientras que para 2014 la cifra se ubicaba en 56.454. Solo en el periodo enero-noviembre de 2015 ya iban 53.422 casos registrados.

Sin embargo, estos delitos estarían consolidándose por medio del uso e invasión del espacio público, un gran fenómeno aún por resolver.

Las mafias de las ventas ambulantes

La exsecretaria de Gobierno del Distrito Gloria Flórez manifestó su preocupación por el contrabando y la economía informal que se mueve diariamente en el espacio público de la ciudad. “En Bogotá se movilizan alrededor de 8,5 billones de pesos al año en actividades ilegales, aunque no podemos decir que todos los vendedores informales son contrabandistas o hacen parte de estructuras delincuenciales”.

La situación es difícil para la capital pues cerca de 350.000 personas se dedican al rebusque en las calles, lo que por lo general atrae actividades como prostitución infantil, venta de drogas y robo. “La informalidad se combina con la ilegalidad, donde algunas personas detrás de ventas legales expenden droga, arriendan el espacio público o vigilan a posibles víctimas por cuenta de bandas organizadas que roban especialmente residencias y vehículos”, asegura Rubén Darío Arbeláez, consultor internacional en seguridad ciudadana. Aunque no se tiene una cifra exacta de los puntos de la ciudad donde algunos informales invadieron el espacio público, el año pasado la Policía Metropolitana de Bogotá realizó 1.841 incautaciones y decomisos, e intervino 4.219 puntos críticos de la ciudad, un 43 por ciento más que en 2014.

Extorsión a vendedores

Además de la informalidad, los grupos organizados que cobran por utilizar la calle son otro de los grandes problemas que azotan a la capital. De hecho, el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público instauró una denuncia ante la Fiscalía al encontrar carteles que extorsionaban a vendedores ambulantes en ocho localidades de Bogotá.

En Puente Aranda, al menos desde 2013, una edil en compañía de representantes de los vendedores y funcionarios públicos presuntamente vende ‘porciones de calle’ por valores que oscilan entre los 800.000 y 1.200.000 pesos mensuales. En el peor de los casos las personas pagan esos arriendos pero pierden su dinero cuando el Instituto para la Economía Social (Ipes) o la Policía los desaloja.

En las localidades de Santa Fe, Mártires, Antonio Nariño, Usme, La Candelaria, Teusaquillo y Kennedy, el dolor de cabeza son los comités de vendedores, conformados muchas veces por trabajadores formales que se aprovechan de la informalidad para controlar el contrabando y el lavado de dinero. Uno de los negocios más lucrativos está en las 12 carpas de ventas ambulantes frente al centro comercial Gran Estación. Allí, la mafia del espacio público puede cobrar hasta 5 millones de pesos mensuales por carpa. “El soporte documental que reposa en el Ipes, evidencia que los ‘dueños’ de las calles son pieza clave en otros delitos como el tráfico de personas interno y desde naciones vecinas, la explotación sexual de menores, el tráfico de estupefacientes y el hurto”, reza un apartado de la denuncia.



Barrios invadidos y microtráfico

Las mafias del espacio público van más allá pues encontraron en la venta de terrenos públicos otro negocio muy lucrativo. Los urbanizadores piratas o ‘terreros’ venden predios sin titulación, aprovechándose de la necesidad de vivienda de los bogotanos y de quienes llegan a la ciudad, la mayoría en condiciones de desplazamiento forzado.

Muchos de los asentamientos ilegales crecen tanto que el Distrito termina por legalizarlos, con lo que los convierte así en nuevos barrios. Además de originar cordones de miseria, lo más grave es que estas invasiones se convierten en zonas de microtráfico, tal como sucedió con la Hacienda Los Molinos en la localidad Rafael Uribe, sitio que era considerado patrimonio cultural.

En ese sector, la Sipol de la Policía de Bogotá ha identificado al menos cinco ollas de microtráfico y ha detenido a varias personas en diversos operativos. Según le dijeron a SEMANA algunos funcionarios, estas ollas afectaban a más de 1.000 estudiantes en tres colegios distritales cercanos y surtían de droga a la cárcel La Picota.

Pero el problema no para allí, pues con las invasiones también llegaron miembros de las bacrim. Esto quedó confirmado cuando a finales de 2015 la Secretaría de Gobierno denunció penalmente a una banda criminal que actúa en el barrio Santa Rosa de la localidad de San Cristóbal, dominada en su mayoría por menores de edad provenientes de grupos paramilitares de Buenaventura. Estas personas ocuparon cerca de 319 viviendas y en ellas venden estupefacientes, ocultan armas y esconden objetos robados en los barrios aledaños.

El asunto no es de poca monta, ya que según datos de la Secretaría de Hábitat, en Bogotá 18.861 asentamientos ilegales afectan a 290 barrios, donde las localidades más vulnerables son Ciudad Bolívar, Rafael Uribe, Bosa, Usme y Usaquén.

Esto ha llevado a que cada vez más las autoridades unan esfuerzos por acabar con la invasión del espacio público. Están convencidos de que al atacar ese fenómeno reducirán la comisión de delitos como el expendio de drogas, el hurto y el homicidio.
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