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Bogotá perdedora, tras salida del alcalde
Una nueva crisis institucional sufren los capitalinos en medio de la polarización ideológica y el estancamiento urbano.
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Cuatro alcaldes en dos años. Este balance resume la inestabilidad política que ha sufrido la capital de la República, la cual se agudizará cuando entre en firme la sanción de la Procuraduría contra el alcalde Gustavo Petro. El fallo de Alejandro Ordóñez contra el mandatario distrital ha desencadenado una serie de repercusiones que van desde el debate jurídico sobre las funciones del Ministerio Público hasta el reacomodo electoral con miras a las elecciones de 2014. No obstante, más allá de los efectos políticos cabe preguntarse sobre las consecuencias de la destitución del burgomaestre en la ciudad.
Esta es la segunda vez en dos años y medio que una decisión del procurador Ordóñez descabeza la administración distrital. La primera fue en mayo de 2011 cuando este organismo de control elevó pliego de cargos y suspendió por tres meses al entonces alcalde Samuel Moreno por omisión e irregularidades en contratos de movilidad adjudicados a los Nule. Moreno no volvería al Palacio Liévano y terminaría en prisión. En el caso de Petro se trata de una destitución e inhabilidad de 15 años para ocupar cargos públicos a raíz de decisiones tomadas en la puesta en marcha del nuevo esquema de recolección de basuras.
Aunque no son comparables, el resultado de ambas sanciones es la interinidad en el gobierno del Distrito. De quedar en firme el fallo contra Petro, en 2014 Bogotá tendrá otros tres alcaldes más. Un primer burgomaestre sería encargado por el presidente Juan Manuel Santos mientras una terna de la Alianza Verde es presentada a la Casa de Nariño.
La interinidad a que terminará abocado el Distrito resentirá aún más el actual ritmo de ejecución que distintos organismos de vigilancia han calificado de lento. De acuerdo con informes de la Veeduría Distrital varias entidades vienen rezagadas en sus inversiones y programas.
Según una encuesta anual de percepción ciudadana de ese mismo observatorio cívico, la movilidad y el arreglo de vías son dos de las necesidades más sentidas de los capitalinos. Para Bogotá Cómo Vamos, a pesar de la aprobación de un paquete de obras de infraestructura de transporte como troncales de TransMilenio y cables, en esta materia “tampoco hay avances muy significativos”.
La crisis institucional de Bogotá no solo se limita a las carencias ejecutivas, también cobija el estado de ánimo de sus habitantes. El pesimismo urbano es tanto generalizado como permanente. En la encuesta Gallup dos de cada tres capitalinos cree que las cosas en la ciudad van empeorando. De hecho, la última vez en que el optimismo superó al pesimismo en ese sondeo fue por poco tiempo en julio de 2010.
Otra amenaza que se vislumbra en el horizonte capitalino es la polarización. La sanción del Ministerio Público ha exacerbado las críticas a Ordóñez y sus inclinaciones ideológicas y seguramente alimentará el apoyo al alcalde. Gustavo Petro ha interpretado ese sentir con la convocatoria a marchas de respaldo la semana pasada y con discursos que invitan a la resistencia.
Tampoco hay una división ideológica en la aprobación del burgomaestre ni del balance de su gestión. De hecho, en pilares de su plataforma como la lucha contra el cambio climático, brilla más el desconocimiento de la ciudadanía que una militancia mayoritaria en estas causas.
Por distintas razones, incluyendo esta decisión de Ordóñez, Gustavo Petro no fue el alcalde que sanó las heridas que dejó la corrupción de la administración Moreno. En vez de ser un mandatario unificador, el alcalde, con un apoyo electoral de un tercio de los votos, optó por desplegar una agenda más radical y girar la administración hacia la izquierda.
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