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| 1/16/2014 12:00:00 AM

Otras investigaciones por basuras en Bogotá

Otros órganos avanzan en un proceso de responsabilidad fiscal contra los operadores de aseo.

La crisis que se presentó por la implementación del esquema de basuras en Bogotá, la cual tendría al alcalde Gustavo Petro a punto de dejar el cargo, no sólo se limita a la investigación a la Fiscalía y a la decisión ya conocida de la Procuraduría. Ahora se conoció que la Superintendencia de Industria y Comercio y la Contraloría General preparan un informe.

En la investigación de la Superintendencia de Industria y Comercio se advierten presuntas responsabilidades de las entidades del Distrito que estuvieron relacionadas con la instrumentación del nuevo esquema. Tanto las entidades como los funcionarios se podrían ver obligados a pagar millonarias multas por las irregularidades.

Otra investigación 

La otra arista es la investigación fiscal que adelanta la Contraloría por un presunto detrimento patrimonial en las irregularidades en la implementación del sistema de basuras de diciembre del 2012.

El ente de control adelanta pesquisas a los contratos de los operadores Atesa, Lime, Ciudad Limpia y Aseo Capital. La razón, según la contralora, Sandra Morelli, los operadores privados de aseo “no respetaron los regímenes contractuales respecto a las tarifas cobradas a los usuarios”. Además, el ente investigador también estudiará el caso de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos por no cumplir varios contratos.

Para la Contraloría existe una presunta irregularidad en el cobro del servicio de aseo, el cual cambia todos los años de acuerdo con normativas dispuestas por el Distrito.

Para los años 2012 y 2013 los costos en las tarifas debieron bajar para los usuarios y, según los informes preliminares, nunca se dio dicha reducción en la tarifa, que estaba entre un 15% y 20%.

El otro aspecto está relacionado con la inclusión de la población de recicladores en el esquema de recolección, barrido y limpieza. Para la Contraloría es claro que cumpliendo la orden de la Corte Constitucional se tenía que incluir a dicha población por parte de los operadores de aseo. 

Sin embargo, según informes de la Contraloría, no dieron total cumplimiento a esa orden, puesto que en su fuerza de trabajo, inicialmente, no se cumplía con esta exigencia constitucional.

Como si fuera poco, también se investiga la concesión realizada entre el Distrito y los operadores privados para el uso de los camiones compactadores, los cuales, según la ley de contratación (80 de 1993), le pertenecen a la ciudad y suman alrededor de 300.000 millones de pesos.

Para la Contraloría, en el momento de realizar los contratos con los operadores privados se estableció que su costo sería pagado por las tarifas de los usuarios, dejando una advertencia que señalaba que el uso de los bienes y recursos es exclusivamente del Distrito.

Por lo cual mientras los operadores realizaban su trabajo, utilizaron recursos del Distrito, los cuales tenían que devolver en el momento en que cesará el contrato, es decir, para diciembre del 2012, lo que a la fecha no ha sucedido.

La Contraloría sigue el camino de la investigación y en las próximas semanas se conocerán decisiones.
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