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| 5/2/2016 7:30:00 PM

Algo huele mal en el pago a recicladores en Bogotá

Semana.com conoció un informe confidencial en el quedan en evidencia presuntas irregularidades en el pago a recicladores. Hay $73.500 millones en juego.

El oficio de reciclar cartón, papel y algunos plásticos fue por años considerado un trabajo menor y mal pago, pero a la vez una alternativa de supervivencia para una población vulnerable. Así lo entendió la Corte Constitucional, que en el auto 275 del 2011 ordenó que se cambiara radicalmente esta situación.

Los magistrados del alto tribunal determinaron que es urgente “garantizar el mínimo vital” a las personas que ejercían esta labor por ser sujetos de especial protección debido a sus condiciones de pobreza y marginalidad.

Esa decisión fue acogida en varias ciudades, entre ellas Bogotá. Esto fue en la alcaldía de Gustavo Petro, quien lideró un ambicioso programa para entregarles beneficios a los recicladores. Entre las ayudas está el pago por tonelada recolectada de reciclaje, que hoy llega a $90.000.

Ahora todo indica que ese beneficio se malogró y generó un grave problema de corrupción. Así lo evidencia un informe confidencial de auditoría contratado por la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp) al que tuvo acceso Semana.com. En el mismo queda claro que hubo pagos desmedidos a los recicladores y otras irregulares por la falta de control.

El informe

Tras el cambio de administración, el alcalde Enrique Peñalosa ordenó a todas las Secretarías y entidades del Distrito hacer una revisión de los programas. En esa tarea se puso la Uaesp, que solicitó una auditoría privada para determinar los pagos y el pesaje del material reciclado.

Sin embargo, los propios recicladores ya se habían quejado, verbalmente y con cartas, por una serie de irregularidades que vivieron a diario.

Lo primero que encontraron despertó sospechas para los encargados de revisar los pagos a los recicladores en esa entidad: los cobros aumentaron exponencialmente y no siempre estuvieron debidamente sustentados.

En el 2012, cuando se inició el programa, el Distrito desembolsó casi $8.000 millones. Un año después, la cifra se incrementó a $26.600 millones y en el 2014, la suma alcanzó $39.100 millones.

Sumando, en estos tres años se pagaron alrededor de $73.500 millones, es decir, todo el presupuesto de la Secretaría de Ambiente para el 2015.

Irregularidades

El informe de 81 páginas llamado “Proceso de pesaje y pago en bodegas de reciclaje”, que fue entregado a la Uaesp por la empresa auditora en los primeros días de abril, muestra una a una las irregularidades en temas de afiliación, pesaje y pago a los recicladores.

Lo que encontró la auditora es casi inverosímil. La norma establecía que el pago de estos recursos se debe hacer a personas con los niveles 1 o 2 de Sisbén, pero esto no se cumplió puesto que personas con mejor condición socioeconómica fueron beneficiarias.

El informe, que tuvo en cuenta información obtenida entre diciembre del 2014 y el mismo mes del 2015, estableció que de los 14.049 beneficiarios que hacían parte del Registro Único de Recicladores de Oficio (RURO), el 45,49 % estaban en el nivel 1 y el 5,69 % en el nivel 2.

Al resto, el 40 %, les hicieron desembolsos por $11.289 millones a pesar de que no los cobijaba el beneficio, puesto que pertenecían al nivel 3 o superior, o sencillamente eran afiliados al Sisbén sin datos.

Pero esto no es todo. La auditoría pudo establecer, mediante el cruce de bases de datos, que muchos de quienes recibieron estos recursos cotizaban seguridad social como empleados. Es decir, que no estaban en condición de vulnerabilidad.

Allí aparecen empleados de empresas, vigilantes, aseadoras y hasta dos profesores. Uno de ellos está registrado como reciclador de oficio y a la vez afiliado al magisterio. Esta persona habría recibido en un año $6,4 millones por reciclar.

Otros hallazgos

A la par de personas que recibieron pagos en contra de la ley, se suma un desembolso a un reconocido integrante del movimiento Progresistas que, según la Registraduría, fue candidato a la Junta Administradora Local de Usaquén.

Se trata de José Epaminondas Malagón, quien en los registros figura como propietario de una empresa de reciclaje, pero también como cotizante a la EPS Compensar. Todos estos son argumentos que determinan que el excandidato no estaba en condición de vulnerabilidad. En el registro aparece que recibió $12 millones en un año.

El tema no queda allí. Dentro de los hallazgos encontraron que algunos de los recicladores pesaron hasta en diez oportunidades la misma carga en diferentes bodegas. En otros casos entregaban el material a familiares inscritos en el RURO para que lo volvieran a pesar.

“Se encontró que existe un número importante de recicladores que realizan la actividad de pesaje en más de ocho bodegas (…) lo cual podría indicar que estaban multipesando (sic) la misma carga para recibir mayor beneficio”, se lee en el informe.

En uno de los casos se encontró que tres hermanos de apellido Ocampo registraron, el 18 de diciembre del 2014, 12 toneladas de material, una “situación que genera incertidumbre frente a la realidad de la transacción”, se lee en el mismo estudio.

En otro de los hallazgos se determinó que en el periodo 2014-2015, cerca de cien personas recibieron pagos por encima del pesaje permitido cada bimestre, que equivale a 33 toneladas.

La falta de control llegó al punto de que los recicladores –de diferentes familias- quedaron registrados en las mismas direcciones y con los mismos teléfonos. También encontraron pagos dobles a 54 recicladores que aparecía con cédulas repetidas en la misma resolución y que equivalen a $16,5 millones en un año.

Aunque no está en el informe, funcionarios de la Uaesp determinaron que en muchos casos las personas encargadas del reciclaje hacían pesar el material con partes de repuestos de motores que colocaban dentro de las cargas para aumentar el peso.

Si bien es cierto que los recicladores son una población vulnerable que necesita de protección, también lo es que esos beneficios no se pueden entregar de manera indiscriminada y sin el control necesario por parte del Distrito.

Ese tipo de conductas reprochables permitió, con la anuencia de funcionarios de la Uaesp, pagos a toda vista irregulares que hoy tienen en peligro a esta iniciativa.

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