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| 6/9/2003 12:00:00 AM

Bolívar, en enredos

El gobernador del departamento autorizó pagos millonarios irregulares a un abogado que había aportado 40 millones de pesos a su campaña.

Dos nuevas revelaciones han surgido en el escándalo de millonarios pagos hechos por la Gobernación de Bolívar al abogado de un grupo de pensionados del magisterio, en un caso que denunció SEMANA en días pasados y que parece un pequeño Foncolpuertos. Una es que el abogado beneficiado, Julio Santamaría López fue el mayor donante de la campaña a la gobernación de Luis Daniel Vargas. La otra es que la gobernación, a pesar de que el departamento está técnicamente quebrado, le reconoce pagos de honorarios al abogado. Y estos son gigantes. De los más de 11.000 millones de pesos que ya se le giraron al abogado, 8.689 millones son sus honorarios e intereses de las pensiones que tampoco debieron haber sido pagados.

El departamento de Bolívar tuvo que acogerse a la Ley 550 para reestructurar sus deudas. Bajo este régimen jurídico no se pueden adelantar cobros ejecutivos. No obstante, la juez Carmen Hernández, del juzgado séptimo laboral de Cartagena, aceptó la demanda de Santamaría y embargó las rentas del departamento por 23.503 millones de pesos.

Para desembargar una parte de los impuestos la gobernación llegó a un acuerdo con Santamaría, en el que se aceptaba revisar los pagos de las pensiones de sus demandados. Lo que no se sabía es que ese mismo documento era un acuerdo para entrega de dineros que incluían los honorarios e intereses. Esto, mientras la misma gobernación apelaba la demanda ante el Tribunal Superior.

En un aparte de este documento dice el liquidador nombrado por el gobernador, refiriéndose al pago de los honorarios de Santamaría "...no me opongo a que se cancelen de conformidad con la Constitución y la Ley". Así mismo con relación al pago de los intereses, luego de afirmar que por el departamento estar bajo Ley 550 "no le es dable" reconocer este tipo de pago, termina diciendo que "en ese sentido me acojo a lo que el juzgado decida".

En la División de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda, que es la entidad que acompaña este tipo de procesos de las entidades territoriales, sostienen que "todo lo que se haga por fuera de un acuerdo de reestructuración es irregular".

Que se le aprueben estos pagos justo a la persona que aportó a la campaña del entonces candidato a la gobernación Luis Daniel Vargas 40 millones de pesos, cerca de 30 por ciento de las donaciones es algo que no deja de levantar suspicacias.

Frente a esto Julio Santamaría dijo que conoce a Vargas "desde niño" y que ha apoyado a otras personas como a presidentes de la República. "Eso es algo que juzgaría la justicia", dice. Respecto al acuerdo dice que él ha hecho su trabajo defendiendo los intereses de quienes lo contratan.

Por su parte, el gobernador Luis Daniel Vargas asegura que tiene una amistad con Santamaría "como la tengo con muchos abogados de Cartagena" y que lo apoyó por ser el candidato del Partido Liberal. "No tengo claro qué cifra aportó pues uno con el ajetreo de la campaña no tiene tiempo de revisar eso", dijo. Frente a las denuncias de irregularidades en los pagos que le hizo dijo que "no tiene que ser consecuencia lógica lo uno de lo otro".

Con relación al acuerdo hecho con Santamaría explica que es el acatamiento de una decisión judicial. "No estamos de acuerdo con estos pagos pero aquí quien termina decidiendo es la juez", dijo. Como prueba de que no han ido en contra de los intereses del departamento asegura que sólo aprobó el pago legal de pensiones, rechazando los reclamos extemporáneos. Además por todo esto tienen demandada a la juez. "Tras las denuncias hechas están sectores oscuros", dice que quieren sacarlo por interponerse en sus negocios.

En los próximos días puede surgir una nueva carta en esta historia, pues aparte de los resultados de las investigaciones que adelanten los organismos de control está próximo a fallar el Tribunal Superior la apelación que puso la gobernación. Que en caso de echar atrás la demanda obligaría a que los dineros pagados y embargados fueran devueltos a las arcas del departamento.
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