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| 7/6/2015 8:05:00 PM

Los contratos que dejaron sin sueldo al gobernador de Bolívar

La Contraloría General de la República tomó la medida cautelar en contra de Juan Carlos Gossain, que afecta también a la Diócesis de Magangué.

Un proceso fiscal se volvió un dolor de cabeza para el gobernador de Bolívar, Juan Carlos Gossaín, contra quien se aplicó una medida prevista por las normas: el embargo de su sueldo.

Esta acción cautelar se dio por una serie de contratos que, presuntamente, tuvieron desarrollos irregulares durante su administración e investigados detalladamente por el organismo de control.

La disposición, conocida por Semana.com, se deriva de una pesquisa de varios meses por parte de la Contraloría, en la que se hallaron supuestas inconsistencias en millonarios contratos asociados con la educación del departamento.

El primero tiene que ver con el proceso contractual 276 del 2013 entre la Gobernación de Bolívar y la Diócesis de Magangué para el manejo de los servicios educativos (contrato de maestros, adecuación de escuelas, entre otros).

El trato, por 14.886 millones de pesos, debió ser ejecutado por ese distrito eclesiástico, pero resultó subcontratado con la Corporación Líder para el Desarrollo Integral de las Comunidades Vulnerables (Corliva), una tercerización que iría en contra de las normas.

Pero no fue todo. De esa allí se produjo una serie de irregularidades que la Contraloría tildó de “graves”. Para empezar, hubo un presunto daño patrimonial por 325 millones de pesos por un contrato de prestación de servicios de pintura suscrito del 10 de septiembre del 2013 entre Corliva y Suministros Colombia BHS S. A. S. por 1.100 millones de pesos. Este no se habría ejecutado totalmente y por él se habría pagado una suma superior a la pactada.

También se hallaron irregularidades en otro contrato de prestación de servicios de fumigación, limpieza y reparación de techos de los establecimientos educativos de los municipios de Achí, Cantagallo, Montecristo, Morales, Norosí, San Jacinto del Cauca, San Martín de Loba y San Pablo, por 476 millones de pesos, suscrito con la Corporación Paz Verde, en el que se pagaron 10 millones más de lo pactado.

También se encontró -como ha sucedido en otros lugares del país- que se destinaron recursos para alumnos ‘fantasmas’ que no recibieron el servicio educativo.

En el documento de la Contraloría se advierte un presunto detrimento patrimonial por cerca de 262 millones de pesos, al haber duplicado el pago de los servicios a 244 alumnos inexistentes. “Se verificó la ausencia de estudiantes que no se hallaron en tales colegios. Igualmente, no se encontró registro de sus calificaciones, con lo cual se evidencia que este servicio no se prestó”, dice el informe.

El informe evidenció una total ausencia de la Gobernación que no permitió un uso eficiente de los recursos públicos. En el rosario de irregularidades también se detectó que en una misma institución educativa ejercían un rector oficial y uno alterno, por lo que al pagarles a ambos se ocasionó un daño al patrimonio.

“Para la vigencia del 2013, en las instituciones educativas de Canaletal, Monterrey y Concorvado, pertenecientes a los municipios de San Pablo, Simití y Morales, lo mismo que la institución educativa La Victoria, del municipio de Cantagallo, se presentó concurrencia de rectores contratados y oficiales durante todo el año”.

Por todo esto la Contraloría decidió cautelarmente retener el sueldo del gobernador Gossaín. A la Diócesis de Magangué procedieron a embargarle 10 bienes inmuebles por 1.960 millones de pesos. Un caso icónico en el que se ven envueltas importantes autoridades departamentales y eclesiales.

La Contraloría programó una audiencia verbal de descargos, dentro de este proceso, para el próximo 30 de julio. En ella, los implicados, entre ellos el exsecretario de Educación departamental Javier Alberto Posada, deberán entregar sus explicaciones. No se descarta que este caso dé origen a un proceso penal de grandes dimensiones.
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