Bomba de tiempo

Tanto va al cántaro al agua, que al fin se rompe. Ese dicho popular se podría bien aplicar a lo que está ocurriendo con los desplazados en Bogotá. Los cerca de 2.000 desterrados que se tomaron el parque Tercer Milenio, en pleno corazón de la capital, son apenas el más reciente capítulo de una práctica que se está volviendo costumbre. Desterrados de todo el país ocupan parques cada vez más estratégicos de la ciudad, sin que las autoridades sepan cómo resolver la situación.

Hace exactamente tres años la toma fue en el parque de Bosa, en el sur de la ciudad. En ese entonces eran unas cuantas familias y la noticia sólo saltó a los medios cuando algunos desplazados se enterraron días dejando al aire sus cabezas. Un tiempo después, otros se tomaron el Parque el Tunal, también en el sur, y luego, estuvieron en la Plaza de Bolívar. Más tarde intentaron acampar en el Parque de la 93, en el norte, pero la toma duró poco, pues más se demoraron estos en llegar que las cámaras de televisión en dar la alerta.

Sin embargo, ninguna toma ha tenido la magnitud y gravedad de lo que ha ocurrido en el parque Tercer Milenio. Y si algo ha quedado en evidencia es que las autoridades responsables de desactivar esa bomba social actúan sin coordinación mientras el problema se agrava peligrosamente. Desde hace cuatro meses se asentaron allí y apenas esta semana el país se dio por enterado. Los líderes de la toma sostienen, sin poder demostrarlo, que en el lugar hay concentradas 2.375 familias. Afirman que esta vez no se irán hasta cuando el gobierno nacional cumpla sus peticiones. Exigen viviendas propias, escritura en mano, proyectos productivos, alimentos y seguridad para varios de los líderes que dicen estar seriamente amenazados. Cada semana que pasa se hace más difícil controlar la situación. A Bogotá se calcula que llegan diariamente entre 40 y 50 familias de desterrados y la instrucción hoy entre ellos es sumarse a la toma del Tercer Milenio.

En un recorrido por ese campo tomado -que hasta hace 10 años hizo parte del Cementerio Central- se pueden ver centenares de carpas hechas de plásticos rasgados, palos y cabuyas. Los 'cambuches' mejor dotados tienen colchonetas, butacas de madera y algún radio, en muchos otros simplemente se ve la tierra pisada y en los rincones bolsas con ropa embutida. Niños de todas las edades deambulan y juegan, mientras que las mujeres se ocupan de preparar la comida en fogones comunitarios y lavan la ropa usando como fregadero las bancas del parque. La Alcaldía instaló 20 baños portátiles y tanques con agua potable. Los hombres se encargan de ajustar las carpas, vigilan que ningún extraño entre al perímetro o simplemente juegan cartas y conversan sobre su situación.

El auxilio de las autoridades ha llegado a medida que apremian las urgencias. La seguridad, a cargo de la Policía, se reforzó luego de que una menor de 14 años fue violada, según afirman los desplazados, "por un particular" que merodeaba la zona. Pero con el aumento del pie de fuerza ocurrió lo más indignante: otra menor, de 16 años, fue violada la semana pasada, pero en esta ocasión los implicados fueron seis policías a quienes los compromete un video captado con un celular que registra los detalles de su brutalidad. El comandante de la Policía Metropolitana, coronel César Pinzón, pidió perdón a la comunidad y aseguró que los responsables serán castigados.

Esta delicada situación llevó a un enfrentamiento entre entidades del gobierno nacional y la Alcaldía. La directora del Bienestar Familiar, Elvira Forero, pidió un mayor esfuerzo de la Alcaldía para solucionar la situación. A su vez la secretaria de Gobierno, Clara López, calificó esas declaraciones de "contradictorias y oportunistas" y advirtió que el desplazamiento es un problema nacional. "Se quiere ocultar, como basura bajo el tapete, el grave problema de los desplazados en Bogotá", terció el secretario de Salud, Héctor Zambrano. Mientras el enfrentamiento político se agudizaba, en el parque los cuadros clínicos se fueron complicando. La Alcaldía declaró emergencia sanitaria y con un censo en el terreno evidenció que entre los desplazados se quiere colar más de un oportunista.

El jueves pasado, a las 2 de la madrugada, una comisión distrital llegó al parque para hacer un censo, planeado justo a esa hora para saber a ciencia cierta cuántos eran desterrados y cuántos avivatos. Efectivamente, a los pocos minutos de iniciado el censo empezaron a llegar al parque taxis con 'desplazados' que fueron advertidos por celular y que querían ingresar al perímetro para quedar incluidos. El conteo oficial arrojó los siguientes resultados: 1.437 adultos y 502 niños dentro del cordón sanitario y 350 personas fuera de este perímetro, que podrían ser los que llegaron a última hora. Jimmy Chamorro, vocero de la toma, le explicó a SEMANA la situación en estos términos: "Muchos compañeros trabajan en la noche para conseguir la comida".

Ese es otro de los puntos que preocupan y que podrían con las legítimas aspiraciones de los desplazados: la existencia de algunos avivatos que intentan hacer de esto un negocio. El panorama no podría ser más complejo. Una delicada situación de inseguridad. Hacinamiento y precarias condiciones sanitarias en época de pandemia. Exigencias desbordadas y posiciones polarizadas. Y para completar, una respuesta oficial desarticulada e insuficiente para lograr reversar lo que la Corte Constitucional denominó "el estado de cosas inconstitucionales". Cada vez es más probable que esta bomba de tiempo social reviente por algún lado, o por todos.