Jueves, 8 de diciembre de 2016

| 2002/05/06 00:00

Bomba de tiempo

Las estadísticas demuestran que Colombia está a punto de una explosión social. Detrás de las cifras están las tragedias. SEMANA presenta casos de la vida real que ilustran el país que heredará el próximo presidente.

Bomba de tiempo

Cuando ocurrio el atentado a las Torres Gemelas en Nueva York fue claro para el planeta que había ocurrido una catástrofe humanitaria. El gobierno, los ciudadanos y la comunidad internacional corrieron a socorrer a las víctimas. Fluyeron los dineros y las medidas excepcionales para atender a los heridos y a los familiares de los muertos. La sociedad entera buscó que el trauma fuese mitigado y que el dolor se superara pronto para que todos pudieran seguir adelante con sus vidas. En Colombia, el año pasado, murieron 3.685 hombres, mujeres y niños civiles por causa del conflicto armado; fueron más que todos los inocentes caídos el 11 de septiembre. Es otra catástrofe humanitaria, peor si se quiere, porque no sólo hubo muertos. En el mismo 2001 fueron desplazados a la fuerza 190.454 campesinos, asesinados 160 sindicalistas, acallados a bala 10 periodistas, secuestradas 3.041 personas y desaparecidas 259. Sólo que este drama ocurre gota a gota, cada día, en pueblos aislados. Pero precisamente porque es fragmentado pocas veces se ve en toda su magnitud; pasa por debajo del radar de la indignación. Por eso la respuesta no ha sido masiva, ni excepcional, ni urgente. Las rutinas del gobierno y de los ciudadanos a los que aún no toca la guerra continúan como si la situación no exigiera reacciones extraordinarias. Las soluciones han sido abiertamente insuficientes y la tragedia derivada del conflicto se agrava y se extiende. No está tan lejano el día en que este panorama invisible, que parece que sucediera en Afganistán y no en Murindó o en Machuca, aparezca súbitamente en cada esquina de las ciudades, ya no con dos o tres desplazados con carteles, sino con decenas de desarraigados exigiendo comida a la brava. No es cierto el manido refrán de que este país aguanta todo. El deterioro es creciente y a veces irreversible. Lo atestigua el ascendente número de colombianos que caen por debajo de la línea de pobreza. Si hace dos décadas 39 de cada 100 personas ganaban menos de dos dólares al día, en el 99 eran 49 y hoy, según el Banco Mundial, ya son 64. De estos 27 millones de pobres hay 9,6 millones de personas indigentes que carecen de los ingresos suficientes para cubrir las calorías mínimas para sobrevivir. Es como si todos los habitantes de Bogotá y Medellín vivieran con menos de un dólar al día. La violación masiva de los derechos de la población que retroalimenta la pobreza no es —paradójicamente— un tema prioritario en la agenda nacional ni bandera de ninguna campaña. En cambio desde el exterior ya comienza a percibirse como un problema grave. Mary Robinson, alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, alertó sobre esta situación en su reciente informe y el tema ha sido una constante preocupación desde hace años para el Comité Internacional de la Cruz Roja. “En los primeros dos meses de este año se duplicó el número de desplazados frente a 2001”, afirma Georges Comninos, jefe de la delegación del Cicr en Colombia. “Es que la población civil no está entre dos fuegos sino que es objeto del conflicto. Quien esté bajo la influencia del otro es considerado el enemigo”. En varias categorías mundiales de problemas humanitarios Colombia sale mal librada: registra el mayor índice de secuestros del mundo; fuera de los conflictos africanos este es uno de los países con más niños reclutados en las filas armadas; tiene una población indigente —que crece cada año— superior al promedio de los países latinoamericanos y a la de El Salvador y República Dominicana; sus muertos fuera de combate equivalen a los que fallecen en guerras de alta intensidad y en los últimos cuatro años se han desplazado más personas por el conflicto que en los 10 años de la guerra centroamericana. Los efectos de esta situación no se suman, se multiplican. Un niño que no come bien —es el caso de uno de cada cinco niños que viven en el campo hoy en Colombia— será menos inteligente así se alimente como un rey cuando sea adulto. Una persona forzada a huir de su tierra trunca para siempre su proyecto de vida. Una familia tarda años en superar el duelo de un muerto y una sociedad decenas de años en reemplazar a los líderes asesinados. Esta crisis tiene nombres y tiene rostros. SEMANA muestra las distintas caras de esta tragedia. Comunidades sitiadas Es lunes festivo y la gente de un pueblo olvidado en la cima de una montaña del Magdalena Medio se divierte. Un par de quinceañeras, con sus fusiles terciados, ríen a carcajadas con otro par de amigas, es evidente que no hablan de la revolución. En uno de los tantos billares del pueblo cinco jóvenes, con boina roja y camuflado, juegan con sus amigos y se hacen escuchar a gritos por encima de la música estridente. Nadie les teme. La gente ha visto crecer a estos jóvenes armados y los quiere: son sus hijos, hermanos o novios. Allí ser guerrillero es simplemente un oficio más, como ser cultivador de coca o de fríjol. Pero esos afectos le han costado caro al pueblo. Hace un año las autodefensas entraron con camiones, saquearon las tiendas y se robaron hasta los colchones de las casas. Cuando la gente salió de sus escondites encontró el pueblo destruido. Desde entonces los rumores de que los paramilitares planean una nueva incursión se intensifican unas semanas y merman otras, pero siempre persisten. Este es un pueblo sitiado, como lo son otros 15 del Magdalena Medio, varios de Antioquia, Arauca, Putumayo, Nariño, Sierra Nevada de Santa Marta —comunidades indígenas que duran a veces semanas consumiendo alimentos sin sal porque los paras no la dejan pasar—, Guaviare y Norte de Santander. Aislar poblaciones enteras es la novísima táctica de guerra. La guerrilla controla las áreas rurales y los paramilitares los cascos urbanos y el que cruza la frontera invisible que los divide corre el riesgo de morir de un tiro si presenta la cédula equivocada. Hay familias que aunque los aparta menos de una hora de camino no pueden verse. Los alimentos y los insumos escasean en este lugar de tierra caliente y hay semanas en que es imposible sacar la cosecha. Los campesinos tienen que pagar doble ‘impuesto’: primero al ELN para sacar el fríjol y luego 150.000 pesos por carga a los paramilitares en el peaje que montaron a la entrada del pueblo vecino. Con tantos ‘controles’, y después de que varios transportadores han sido asesinados por sospecha de colaborar con el enemigo de uno y de otro, ya quedan pocos valientes que presten el servicio. Los programas de salud tampoco llegan. De hecho, ninguna agencia del Estado hace presencia allí hace más de un año. A los funcionarios les da miedo que el ELN los secuestre y, en todo caso, ninguno de los habitantes del pueblo aparece registrado en el Sisben. Los materiales didácticos para los colegios no llegan. Dos señores y tres jóvenes mutilados por una mina quiebrapatas, de las muchas que ha colocado la guerrilla en esa zona, prefieren quedarse sin prótesis antes que aventurarse a viajar una hora a donde una organización ha ofrecido dárselas. Mejor cojos que muertos. La gente es cada vez más pobre pero nadie sueña con desplazarse. No hay cómo. El hambre acosa En cambio Hernando Pérez*, un mecánico de 51 años, dice que para él quedarse significaba morir. La guerrilla le dio 24 horas para irse de Barrancabermeja el Viernes Santo hace dos años. El tenía un taller en la ciudad en el que arreglaba carros. A veces sus clientes eran paramilitares. Su negocio era próspero pues además vendía gaseosa, cerveza y empanadas. Cuando recibió la primera amenaza de las Farc se hizo el loco: pensó que sería una equivocación pues en su vida había participado en nada que oliera a política. Pero a la una de la mañana, cuando se cumplía el plazo mortal, dos jóvenes golpearon a su puerta. Cuenta que nada más le dijeron: “Venimos con orden de matarlo” y él les rogó que le concedieran otras 12 horas. Vendió lo que pudo y con 800.000 pesos y 27 familiares abandonó Barranca para siempre. Llegó a Cartagena donde unos tíos y como pudieron se acomodaron en la calle peatonal mientras consiguieron una casa en alquiler. Pérez vivía en Barranca modestamente en un barrio de clase media. “No estaba enseñado a pedir”, dice ahora, ya convertido en administrador de una junta de vivienda en el barrio de desplazados del Pozón, en Cartagena. Pero el hambre acosaba y a él le tocó tragarse su orgullo y pedir comida en el mercado de Bazurto: tomates, repollos de segunda, huesitos de carne, plátano y papa que desechaban los grandes distribuidores. Así duró dos meses, mientras consiguió ayuda del Comité Internacional de la Cruz Roja, de la Alcaldía y del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas (PMA), que le ofreció alimentos por trabajo. Ahora fabrica bloques de cemento y construye con ellos su propia vivienda a cambio de una ración diaria para cinco personas. Es escasa. Cuando salió de Barranca pesaba 62 kilos, hoy pesa 46. Se ve flaco, como si la piel le quedara grande. Pérez está acostumbrado al ‘desalmuerzo’: un desayuno trancado con cara de almuerzo, la única comida del día. Su caso no es excepcional. PMA calcula que 80 por ciento de los desplazados consumen dos comidas al día y 14 por ciento sólo una diaria. Pese a las carencias Pérez está mejor que hace unos meses, pues a medida que su casa toma forma se va sintiendo más persona. Desplazarse no es sólo perder una casa y unas pertenencias, es desgarrarse por dentro. Como él, mecánicos, taxistas, panaderos, dentistas, secretarias, funcionarios públicos, cada día 531 colombianos —según estimativos conservadores de la Red de Solidaridad Social y casi el doble, según la ONG Codhes— lo abandonan todo para salvar la vida. Cada uno de ellos era alguien en su tierra; su nombre tenía una historia; su familia una tradición. De un día para otro se convierten en mendigos, deambulando por las calles de alguna ciudad con un cartel en la mano. Apenas unos pocos intentan volver a sus tierras. El año pasado uno de cada 10 desplazados regresó. Retorno amargo Es que volver no es fácil. No lo ha sido para la comunidad del Carmen del Cucú, en el sur de Bolívar. En 1998 todas las familias de este caserío marcharon a Barranca a protestar por la cruenta avanzada paramilitar y el abandono del Estado. Es lo que se conoce como el gran éxodo en el Magdalena Medio. Al cabo de unas semanas volvieron con un acuerdo, que finalmente el gobierno sólo cumplió en parte. Encontraron el pueblo arrasado. Las autodefensas destruyeron los techos de las casas, tumbaron la escuela y quemaron los cultivos. A la gente no le quedó más remedio que irse a vivir con parientes en San Pablo, a dos horas de allí por una carretera en pésimo estado. Hace unos meses volvieron las familias más valientes con la esperanza de reconstruir sus vidas. El desafío era grande. “Las abejas invadieron las casas, el pasto inundó las calles, la maleza era la ama y señora de Carmen del Cucú”, cuenta un campesino de mediana edad con corrosca volteada y machete terciado. Poco a poco se instalaron y crearon una cooperativa para cultivar arroz. Acnur, el organismo de la ONU para refugiados, que constituye muchas veces la única esperanza para los desplazados después de los primeros tres meses, les donó una trilladora y asistencia técnica para que pudieran comercializar la primera cosecha. El día que llegó la máquina salió todo el pueblo a recibirla en la cancha de fútbol. Estaban radiantes. Por primera vez en mucho tiempo parecía posible que las cosas podían cambiar para mejor. Ahora, dicen, sólo falta que funcione el acueducto. Todas las casas tienen plumillas pero no las han podido estrenar porque la bomba de agua se dañó cuando abandonaron el pueblo y hoy, seis meses después de haber vuelto, no hay plata para arreglarla. Confían en que el nuevo alcalde cumpla con la promesa con la cual ganó sus votos. “Dijo que venía el martes, pero no dijo de qué mes ni de qué año”, comenta uno de los líderes y los demás campesinos se ríen a carcajadas, sin hacerse ilusiones. Pero el alcalde de San Pablo no ha podido posesionarse todavía. Su contradictor lo tiene impugnado y se rumora que los dos candidatos ya llegaron a un acuerdo burocrático y que finalmente lo dejarán gobernar. Los rumores, claro, no se hacen sino en círculos muy pequeños. En pueblos como San Pablo, con presencia paramilitar, es mejor estar “cayetano”, como dice la gente allá. En las zonas bajo influencia de las Farc es igual. El pez muere por la boca y los ciudadanos lo saben. La primera ley es la del silencio. Esa es la otra cara de la crisis humanitaria que vive el país: el silenciamiento de las voces organizadas. Además de los sindicalistas y periodistas asesinados, en 2001 cuatro curas y 13 defensores de derechos humanos fueron acallados para siempre. Hay decenas de intelectuales en el exilio Sólo en los 10 primeros meses de 2001 la Defensoría del Pueblo recibió 474 quejas sobre amenazas de muerte. Con estos sucesos no es de extrañar que el tejido del que está hecha la sociedad se esté deshilando; se deshaga. En medio de este desmoronamiento hay decenas de organizaciones y personas alimentando niños, atendiendo desplazados, rehabilitando discapacitados de guerra. El gobierno ha mejorado significativamente la atención de emergencia a los destechados. Y la comunidad internacional destina cada vez más recursos a programas de protección. Pero para la avalancha que se le ha venido encima a Colombia en los últimos años la contención es tan endeble que no alcanza ni a paliar la situación. “El Estado, en ocasiones, parece tener un papel más de observador que de un real protector de la población civil”, afirma la comisionada Robinson en su informe. “El compromiso de priorizar el tema (humanitario) resulta insuficiente”. Explica que no se asignan ni se ejecutan los suficientes recursos, la Fuerza Pública no centra su acción en proteger a los civiles, los grupos armados desplazan a la gente impunemente y pocos alcaldes asumen el problema humanitario como propio. Hasta la fecha no existe un verdadero sistema de alerta para prevenir masacres ni tampoco se ha adelantado una campaña efectiva para la titulación colectiva de tierras que impida que el que desplace se apropie de los terrenos abandonados. Tampoco hay normas flexibles que faciliten la contratación de emergencia. Para retornar a sus tierras los pobladores de Cacarica, hacinados en un coliseo deportivo en Turbo, tuvieron que esperar a que el gobierno abriera una licitación pública de ocho meses para dragar el río por el que viajarían de nuevo a sus casas. Más allá de los recursos y las acciones puntuales que faltan, como dice el Defensor del Pueblo, “la principal debilidad de la acción estatal radica en la ausencia de una visión integral de las consecuencias del conflicto armado en la población civil”. En otras palabras, el país cuenta y llora todos los días sus tragedias pero no moviliza todos sus mejores recursos para detener el agujero negro que es la guerra.

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