Viernes, 9 de diciembre de 2016

| 2004/02/29 00:00

Bomba de tiempo

La huelga de hambre de 108 reclusos en la cárcel de Cómbita se convierte en una papa caliente para el gobierno.

Desde el patio seis de la cárcel de alta seguridad de Cómbita, el caballista Joaquín Mario Valencia, ha sido uno de los líderes de la huelga. Los extraditables publicaron sus desacuerdos con el gobierno en la prensa y en páginas de Internet.

El jueves de la semana pasada, miembros de la Dijin de la Policía entregaron a siete colombianos a representantes del gobierno de Estados Unidos. Se trataba de personas solicitadas en extradición por ese país, sindicados por delitos relacionados con narcotráfico. Con este grupo, la cifra de nacionales extraditados durante los dos primeros meses de 2004 llegó a 17 personas y en los 18 meses que lleva el gobierno de Álvaro Uribe, a 122 colombianos extraditados. El número es bastante representativo si se considera que durante los cuatro años del mandato de Andrés Pastrana, esta cifra fue tan sólo de 78, principalmente enviados a Estados Unidos.

Pero si bien llegar a este récord de extradiciones se ha convertido en un motivo de orgullo para el actual gobierno y, para algunos, en una clara evidencia de la firme decisión en la lucha contra el narcotráfico, la realidad es que el tema de la extradición continúa siendo una verdadera papa caliente para el Estado. Prueba de ello es que esta semana se completa casi un mes desde que 108 extraditables, detenidos en el patio seis de la cárcel de alta seguridad de Cómbita, están en huelga de hambre.

Es la segunda vez que los extraditables acuden a este mecanismo para protestar. La primera, en noviembre del año pasado, duró dos semanas y tuvo el mismo objetivo: obtener una respuesta del gobierno a una serie de inquietudes relacionadas con los trámites de extradición. Después de que el gobierno se comprometió a responder los cuestionamientos de los extraditables se suspendió la protesta.

La respuesta llegó dos meses más tarde. El pasado 4 de febrero, el ministro del Interior, Sabas Pretelt, les hizo saber que los "procedimientos de extradición se ajustan estrictamente al trámite que consagra la ley". Sin embargo, los reclusos no compartieron esa posición oficial y declararon la huelga actual. Desde entonces, los extraditables han denunciado en avisos de prensa y en declaraciones a los medios de comunicación, que parte de las razones de la protesta son porque no se les permite a través de sus abogados asumir la defensa de las acusaciones formuladas por la justicia de Estados Unidos. "Seguimos esperando respuesta del ministro de Justicia, Sabas Pretelt de la Vega, y de la Corte Suprema sobre nuestras fundadas quejas a las reiteradas violaciones al debido proceso y el derecho de defensa", afirmaron los detenidos.

Mientras el gobierno ha manifestado que no dará marcha atrás en su política de extradición, el líder de la posición de los extraditables, el caballista Joaquín Mario Valencia, recibió la notificación de que será extraditado a Estados Unidos. Nadie sabe por ahora qué alcance pueda tener la huelga. Pero los extraditables afirmaron desde Cómbita que están dispuestos a ir hasta las últimas consecuencias.

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