Ventana Modal

Este contenido se reemplaza via ajax por el del html externo.

×

Ventana Modal

Este contenido se reemplaza via ajax por el del html externo.

×

Ventana Modal

Este contenido se reemplaza via ajax por el del html externo.

×

×

| 11/26/2011 12:00:00 AM

Bonanza, ¿para quién?

¿Qué tanta riqueza le está quedando al país del 'boom' petrolero y minero? Varios billones se podrían estar escurriendo por falta de fiscalización y por maromas contables de algunas empresas.

Colombia tiene una oportunidad de oro si logra desarrollar toda su capacidad minero-energética. Muchas empresas extranjeras han llegado al país atraídas por yacimientos aún sin explorar, justo cuando los precios de los metales en el mercado internacional están alcanzando máximos históricos. ¿Pero qué tanta riqueza se están llevando las empresas y qué tantos recursos se quedan como contraprestación en el país?

Este es un debate tan complejo que se ha circunscrito a un reducido círculo de economistas, geólogos, representantes de las compañías y el gobierno nacional. Pero como afirmó el propio ministro de Minas y Energía, Mauricio Cárdenas, cuando el senador del Polo Jorge Enrique Robledo lo citó la semana pasada a un debate de control político, este es un debate de fondo, pues tiene que ver justamente con la repartición de la riqueza de un negocio billonario.

Lo que le queda al país por las regalías y los impuestos que pagan las compañías se conoce como el government take, pero el gobierno, los académicos y los gremios sostienen que son cifras diferentes. Según cálculos del sector de la gran minería, el government take es del 68 por ciento de lo que genera la actividad. Según Juan Ricardo Ortega, director de la Dian, es cercano al 50 por ciento, y un estudio elaborado por el profesor de la Universidad de los Andes Julio Villarreal para la Unidad de Planeación Minero Energética del Ministerio de Minas y Energía, dice que es del 22 por ciento. Las diferencias dependen de los costos y gastos que incluya y de la metodología para calcularlo. Los empresarios protestan porque consideran que es muy alto, mientras que otros sectores afirman que no es suficiente contraprestación porque a futuro habrá que invertir muchísimo dinero para recuperar las cicatrices ambientales y sociales que deja la extracción de estos recursos no renovables.

Las regalías se pagan precisamente para compensar al Estado. El año pasado alcanzaron 5 billones de pesos, la mayoría por hidrocarburos. Pero las proyecciones en minería, que pagó 1,4 billones en 2010, podrían aumentar hasta 100 billones en 2020 si la locomotora de este sector avanza a toda máquina en la explotación de metales, además del carbón, que actualmente aporta el 78 por ciento. Una de las críticas más frecuentes al actual esquema de pago de regalías es que mientras por la sal hay que pagar 12 por ciento, por el oro apenas 4 por ciento, justo cuando los precios internacionales están en lo más alto, y en carbón puede variar entre 5 y 15 por ciento, dependiendo no solo de la cantidad, sino también del contrato que las compañías negociaron con el gobierno antes de 1994, cuando se fijaron las tarifas fijas actuales.

Pero más allá de que se esté de acuerdo o no con las tarifas estipuladas por ley, el problema es la capacidad de fiscalización sobre el pago de regalías y otros impuestos como el canon superficiario, que se paga según el número de hectáreas del título en concesión. El Ministerio se encarga de fiscalizar las petroleras, pero no tiene personal suficiente para verificar que la producción que reportan en el país y en el exterior sea la misma. En el caso de las mineras, la autoridad es Ingeominas, que hasta 2010 vigilaba con un equipo de menos de 80 contratistas que hacían cinco visitas de inspección en un solo día y con un sistema de información administrado manualmente, inadecuado para estar pendiente de los pagos de los dueños de los 9.000 títulos mineros. Algunos, además, pagan regalías por cada punto de extracción, y en un solo título puede haber 60. Este caos administrativo y la falta de recursos y de vigilancia se han prestado para que algunos aprovechados no paguen, como lo han advertido informes de la Contraloría desde 2008.

En la Dian tampoco hay suficiente personal para fiscalizar rigurosamente lo que exportan. Según las respuestas de la entidad al cuestionario del senador Robledo, solo 105 funcionarios revisan las declaraciones no solo de los más de 4.000 contribuyentes del sector de minas e hidrocarburos, sino también de otros sectores económicos.

Y precisamente en el recaudo de impuestos hay más sospechas de que las empresas del sector no le han aportado a la Nación lo que deberían. Para empezar, en los últimos años, el Estatuto Tributario les concedió varias exenciones, entre ellas, la deducción de la base gravable del 30 por ciento (entre 2007 y 2009 aumentó a 40 por ciento) por la adquisición de activos fijos, sobre todo equipos y maquinaria, y la amortización a cinco años de estos activos que se desvalorizan con el uso año tras año. El costo fiscal de estos beneficios tributarios, entre otros, fue de más de 8 billones de pesos anuales en 2009 y 2010, según cifras del Ministerio de Hacienda. La deducción por activos fijos para empresas del sector minero-energético fue de 4 billones en 2009 y de 3,8 billones en 2010, y este sector concentró más de la tercera parte del total de deducciones. Según el analista y exdirector de Minas del Ministerio de Minas y Energía Álvaro Pardo, la combinación de estos dos beneficios les permitía a las empresas recuperar hasta el 100 por ciento de su inversión.

"Fue una distorsión brutal y por eso los quitamos", dijo el director de la Dian, en referencia a la reforma tributaria de finales del año pasado, que eliminó estos beneficios. Sin embargo, varias empresas firmaron contratos de estabilidad jurídica con el gobierno, lo que les permite continuar con estas gabelas por 20 años. Lo que preocupa es que además algunas empresas habrían inflado el valor de la maquinaria, presentado la vieja como nueva y hasta importado al país equipos robados en Venezuela y Ecuador. Adicionalmente, algunas firmas estarían haciendo contratos de papel en paraísos fiscales, lo que dificulta verificar la veracidad de los servicios contratados. "Hay muchos indicios de que hay lavado de activos", dijo Ortega.

Otro de los privilegios que perdieron con la reforma tributaria las compañías que operan en departamentos fronterizos como Cesar y La Guajira fue el uso de combustibles libres de arancel. Según Pardo, la Drummond, Cerrejón y Prodeco se ahorraron 1,1 billones de pesos en los seis años que disfrutaron de este beneficio. Para las empresas, el paquete de medidas implementadas por el gobierno Santos las ha afectado. "Hay que estimular la inversión, no estrangularla", dice Claudia Jiménez, representante del gremio de la Minería a Gran Escala en Colombia.

Tal vez el único punto de acuerdo entre los gremios, el gobierno y los sectores que están en contra de la gran minería es la necesidad de tener reglas del juego claras, pero sobre todo, de fortalecer las instituciones competentes, especialmente la Agencia Nacional de Hidrocarburos, la nueva Agencia Nacional Minera y el Ministerio de Minas y Energía. Pero también es indispensable una mayor articulación de la autoridad minera con los organismos de control, porque la locomotora, además de maquinista, necesita inspectores que vigilen que se esté pagando por el viaje.
¿Tiene algo que decir? Comente

Para comentar este artículo usted debe ser un usuario registrado.

EDICIÓN 1842

PORTADA

La voltereta de la Corte con el proceso de Andrade

Los tres delitos por los cuales la Corte Suprema procesaba al senador se esfumaron con la llegada del abogado Gustavo Moreno, hoy ‘ad portas’ de ser extraditado. SEMANA revela la historia secreta de ese reversazo.