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| 11/7/1994 12:00:00 AM

BOTELLAZO AL MINISTRO

Julio Mario Santo Domingo abre fuego contra el proyecto de ley de televisión y comienza el gran debate.

EL LUNES DE LA SEMANA pasada el ministro de Comunicaciones, Armando Benedetti, había sido invitado al máster de Caracol para hablar sobre el proyecto de ley de televisión. Llegó a las 7:30 de la manaña y, en un intercambio de opiniones con Darío Arizmendi y su equipo, explicó el contenido y los fundamentos del proyecto.

En forma muy cordial Arizmendi lo interrogó haciendo unos comentarios y finalmente el ministro Benedetti preguntó a su interlocutor su opinión. Arizmendi respondió: "En lo personal, yo tenía la expectativa que hubiera desde el principio canales nacionales privados. Pero considerando sus razones y la manera como usted ha venido explicando en el día de hoy los términos del proyecto, me parece que la iniciativa a mi personalmente me gusta. Me parece excelente y creo que satisface, cumple mucho las exigencias de lo que puede esperar el televidente, que es la razón de ser de la televisión".

Con esto y otros comentarios el Ministro se despidió y se fue a repetir el ejercicio de vender su proyecto en RCN. Tan pronto abandonó el recinto de Caracol, Arizmendi comunicó que tenía al aire una llamada telefónica del secretario general de Bavaria, Juan Manuel Arboleda. Este último manifestó que había escuchado las declaraciones del Ministro y de Arizmendi y que quería expresar la posición oficial de Bavaria frente al tema. Manifestó que le parecía que el proyecto "está en contra de la Constitución, porque ésta lo que quiere es que haya canales privados desde el momento en que se reformó y se creó la estructura del organismo regulador de la televisión. La idea era que hubiera canales privados desde ese momento. Que eso no se ha podido hacer porque no hay una ley que reglamente el ente, esa ha sido la demora". Procedió entonces a desbaratar uno a uno todos los elementos del proyecto.

Con este trompetazo -o si se quiere botellazo- por la radio comenzó la batalla por la televisión colombiana. Como era de esperarse, va a ser una batalla campal. No en vano los medios de comunicación y particularmente la televisión, son considerados el cuarto poder. Por lo tanto, en la decisión de a quién debe pertenecer la televisión hay implicaciones de orden político, económico y social.

El colombiano a quien le va a tocar llevar la batuta en toda esta decisión es a Armando Benedetti. Nacido en Barranquilla y graduado de abogado en la Universidad Nacional, Benedetti le ha dedicado la mayor parte de su vida al ejercicio del periodismo, actividad que lo llevó a convertirse en uno de los más prestigiosos columnistas del país. Por vivir en Barranquilla, sin embargo, Benedetti era, para el resto del país, más una firma que una cara. Por lo tanto, su llegada a uno de los ministerios claves de este gobierno despertó curiosidad y expectativa.

En términos generales su debut ha sido positivo. Jovial, audaz y muy inteligente, el nuevo ministro se dedicó a aprender del tema y a oír a todo aquel que tuviera un aporte. Después de auscultar la opinión de todos los protagonistas, Benedetti llegó a la siguiente conclusión. La privatización de la televisión en Colombia es necesaria pero el gobierno considera que no debe ser inmediata, esencialmente por dos razones. La primera porque existe una industria montada alrededor del sistema actual que no puede ser desconocida. La segunda porque hay que evitar que a nombre de la privatización se pase de un monopolio estatal a uno privado, donde no se garantice la pluralidad de opiniones.

En otras palabras, tocaba encontrar el equilibrio entre elementos tecnológicos y políticos. Si el problema fuera estrictamente tecnológico se podría limitar a cerrar Inravisión y subastar tres canales nacionales al sector privado. Con este esquema lo lógico sería que la televisión terminara en manos de los tres grandes grupos económicos del país.

Pero lo ideal en términos técnicos encuentra grandes tropiezos en el campo político. Para comenzar, en Colombia se ha generado una gran sensibilidad alrededor de la concentración del poder. En pocos países del mundo convergen en forma tan contundente los tres grandes poderes -el político, el económico y el de información- en tan pocas cabezas. Y si esto ha sucedido con los frenos que la televisión estatal ha ejercido hasta ahora, muchos se preguntan cuál sería la situación si el acceso a la televisión dependiera exclusivamente de un cheque.

Por otro lado, en la actualidad hay en Colombia cerca de 30 programadoras de televisión, un poderoso sindicato de trabajadores (el de Inravisión) y productoras independientes de televisión, entre otras. Todas esas organizaciones están constituidas por personas que viven exclusivamente de su trabajo y desaparecerían de la noche a la mañana en la eventualidad de una subasta. Y además, todos ellos tienen una capacidad de presión y poder político que obliga a tenerlas en cuenta en cualquier régimen. Estas dificultades políticas tienen que ser armonizadas con disposiciones constitucionales y con las realidades del mercado. Colombia es un país de libre empresa y a nadie se le puede negar el derecho a fundar un medio masivo de comunicación. Los grupos económicos, por ser los propietarios de las principales programadoras del país, tienen una posición de mercado y derechos adquiridos que no se pueden desconocer. Por su capacidad económica y por su trayectoria Caracol y RCN tienen que ser jugadores claves en cualquier escenario del futuro.

Sopesando todos estos elementos, el presidente de la República, Ernesto Samper, y el ministro Benedetti llegaron a la siguiente fórmula. Combinar el sistema actual de televisión estatal por concesiones con un nuevo sistema de canales privados. Estos últimos iniciarán operaciones como canales zonales con un criterio de división geográfica del país, similar al que se utilizó en la telefonía celular. Colombia se dividiría en tres zonas: la central, la occidental y la del norte. En cada una de éstas, el gobierno adjudicaría canales privados a sociedades que llenen los requisitos de idoneidad, trayentaria y solvencia económica. Estas sociedades tendrían que ser abiertas, inscritas en bolsa y ningún socio podría tener más del 30 por ciento. El número de accionistas no podrá ser inferior a 300. Inicialmente estos canales sólo podrán tener un cubrimiento zonal, pero a partir de 1998 darán un cubrimiento nacional mediante encadenamientos con los operadores de las otras zonas. Durante este período de transición, las actuales programadoras podrán mantener sus espacios en los dos canales de Inravisión pero cuando sean socios de canales que se encadenen nacionalmente tendrán que renunciar a esos espacios.

¿Qué significa todo esto en la práctica? En primer lugar, con dos o tres canales en cada una de las tres zonas, el país tendrá entre seis y nueve canales zonales privados. Como el tope de participación en cada uno de éstos es del 30 por ciento, habrá cupo para tres o cuatro jugadores en cada uno de ellos. Esto tiene por objeto darle cabida a todo el mundo, lo que no se lograría con la fórmula de dos o tres canales nacionales. Todas las actuales programadoras podrán, bajo este esquema, acomodarse en una de las sociedades sin necesidad de liquidaciones ni quiebras automáticas. Igualmente, significa que la televisión del futuro estará abierta a nuevos participantes para evitar que se convierta en un club cerrado para los que ya están adentro. Se sabe desde ahora que organizaciones tan poderosas como las de Luis Carlos Sarmiento, Pedro Gómez y el grupo Diners están analizando su ingreso al mundo de la televisión.

En términos de las programadoras existentes, las grandes podrán liderar grupos en donde participen las pequeñas como accionistas. Concretamente en los casos de Caracol y RCN tendrían que buscar aliados con los cuales se sientan cómodos para licitar canales en la zona central donde está Bogotá, que por razones obvias es el premio gordo de la piñata. Como se sabe que los grupos económicos pueden controlar una sociedad con menos de la mayoría absoluta, se les reconoce de antemano esa capacidad. Los socios que escojan tendrán que reunir dos condiciones básicas: ser de toda su confianza y poder realizar aportes concretos de talento o capacidad de producción.

La anterior fórmula le evitaría al gobierno la mala presentación de adjudicar los premios gordos de entrada y en forma exclusiva a los dos hombres más ricos del país. Aunque tendrán el liderazgo, deberán compartir el negocio con algunos aliados estratégicos que con el curso de los años podrían llegar a permanecer como socios o a ser comprados dependiendo del desarrollo de la sociedad y de la legislación.

Además de las dos grandes, programadoras intermedias armarán sus propios grupos, y seguramente grupos industriales y medios de comunicación de las otras dos zonas también tendrán juego. Se asume que periódicos como El Colombiano, El País, El Heraldo y Vanguardia Liberal estarán en la movida. También podrían llegar a estar organizaciones económicas de esas regiones como el Sindicato Antioqueño, Carvajal, De Lima & Cía. y el grupo de la familia Char, entre muchos.

A partir de 1998 las sociedades de cada una de las tres zonas podrán encadenarse o expandirse. Esto quiere decir que las programadoras económicamente muy sólidas podrán, sin recurrir a nuevos socios, cubrir todo el territorio nacional con sus propios recursos. Ese sería el caso de Caracol y RCN, que pueden invertir sin problema 100 millones de dólares en un canal de primera categoría. Los canales menos fuertes económicamente podrán asociarse con otros en las diferentes regiones, encadenar su programación y así dar un cubrimiento nacional. El resultado de todo este proceso es que los siete, ocho o nueve canales zonales que se adjudicarían ahora, acabarían convertidos a la vuelta de tres años en tres o cuatro canales nacionales sólidos.

El modelo Benedetti contempla elementos de gradualismo en la privatización, de respeto a la idiosincrasia regional, de garantía al pluralismo informativo y de participación amplia en la propiedad del medio de comunicación más poderoso. Con estos argumentos el Ministro se fue a vender su proyecto a todos los interesados. Varios de ellos, como el grupo Santo Domingo, le enviaron memorandos haciendo sus recomendaciones. De las 15 que contenía el memorando del secretario general de Bavaria sobre el tema, el ministerio acogió cuatro. Un tratamiento parecido se le dio a los otros participantes y en términos generales el ministro Benedetti pensó que se había llegado, a través de una consulta amplia, a un consenso sobre su proyecto.

Precisamente por esto fue grande la sorpresa cuando Bavaria le declaró la guerra al proyecto a través de la arremetida radial de Arboleda, que lo tildó de inconstitucional, inconveniente y absurdo. Esta actitud desagradó al Ministro no sólo porque las directivas de Caracol habían participado en forma muy constructiva en todo el proceso de concertación, sino porque él había defendido los derechos de esa empresa contra viento y marea frente a las presiones de múltiples sectores de opinión que se oponían al dominio del grupo Santo Domingo en el medio. Una y otra vez invocaban el manejo que ese conglomerado le dio a la candidatura de Andrés Pastrana y subrayaban que si ese había sido el caso con la radio, el peligro era exponencialmente mayor en el caso de un canal nacional de su exclusiva propiedad.

A todos los que desfilaban por su despacho con esa teoría, Benedetti invariablemente les contestaba que la televisión es un negocio de grandes capitales y que sería ingenuo e irrealista pretender que el grupo Santo Domingo y la Organización Ardila Lulle no iban a ser los dos principales protagonistas de la televisión del futuro. Su argumento central es que Colombia tiene un sistema capitalista que el Estado puede regular pero que son las fuerzas del mercado las que finalmente deciden.

Por todo lo anterior el torpedo público del grupo Santo Domingo al proyecto le pareció un golpe bajo. ¿Qué había detrás de este cambio de posición? Muy sencillo. Santo Domingo, después de estudiar puntos como los tres años que le tocaría esperar, los socios que debería buscar y las limitaciones accionarias que llegaría a tener, decidió abrir fuego. El quiere ya un canal nacional de su exclusiva propiedad y adjudicado mediante licitación o subasta.

Benedetti, que paradójicamente era calificado por algunos como cercano al grupo, consideró irrespetuoso el ultimátum que le enviaron. Cuando Augusto López lo llamó, decidió no pasarle al teléfono. Cuando éste finalmente pudo hablar con asesores de Palacio, les manifestó que el grupo Santo Domingo había apoyado plenamente el proyecto del gobierno sobre la base de que se acogerían las 15 recomendaciones presentadas por Bavaria. Como no se acogieron sino cuatro, manifestó que se consideraban en libertad para oponerse a la propuesta. Desde Palacio se le contestó que el gobierno no podía legislar de manera exclusiva para Julio Mario Santo Domingo y que tenía que conciliar múltiples intereses. Que las cuatro recomendaciones que habían sido acogidas se consideraban como el fruto del mayor esfuerzo conciliador del gobierno para no tener que presentar otro proyecto de ley. López Valencia manifestó su inconformidad con esta posición y dejó saber que el grupo libraría su batalla en el Congreso. Inmediatamente el memorando de Arboleda le llegó a todos los miembros de las comisiones sextas del Senado y de la Cámara, acompañado de un ofrecimiento de asesoría jurídica gratuita desde Bavaria.

Los argumentos del grupo Santo Domingo no necesariamente son absurdos. La indignación del gobierno y de la opinión pública obedeció más al manejo soberbio y prepotente que se le dio al asunto que al contenido que muy pocos han estudiado. Que hubiera sido el secretario general de una cervecería y no la presidente de Caracol quien descalificara el provecto, dejó un desagradable sabor. Que comunicaran que iban a arreglar su problema en el Congreso sonó bastante petulante. Aunque la mayoría de los congresistas le tiene simpatía al grupo, son conscientes de la multiplicidad de intereses que hay que conciliar en el campo de la televisión. Y para culminar la tanda de equivocaciones, tras la intervención del presidente Samper en el congreso de publicidad, Caracol manipuló la información con un claro sesgo en favor de los intereses del grupo. Durante dos días seguidos todo aquel que se opusiera al proyecto del gobierno tenía micrófono asegurado. Esto no fue bien visto por el propio Samper, quien registró la absoluta falta de interés con que se cubrieron sus planteamientos por parte de la cadena radial.

La mayoría de las observaciones del grupo Santo Domingo tienen algún grado de validez pero hay una -la principal- que es abiertamente absurda: la de la inconstitucionalidad del proyecto. Los abogados del grupo invocan el artículo 20 de la Constitución que le da a todo colombiano el derecho de fundar medios masivos de comunicación. Este fue promovido, en su momento, por el constituyente Alberto Zalamea, quien lo consideró la consagración de la privatización de la televisión en Colombia. El artículo se puede aplicar sin restricción alguna en el caso de la prensa escrita que no tiene factores tecnológicos limitantes regulados por el Estado. En otras palabras, todo el mundo puede comprar un mimeógrafo e imprimir lo que quiera.

En el caso de la televisión, sin embargo, el espectro electromagnético -que es un bien del Estado- es elemento indispensable para su difusión. Por esto en la mayoría de los países sólo son posibles tres o cuatro canales nacionales de televisión abierta. Teniendo en cuenta que en Colombia hay 35 millones de habitantes, es un absurdo pretender la ficción jurídica de que todos y cada uno de ellos tienen derecho a fundar un canal de televisión nacional sin limitación alguna.

En todo caso, tras la presentación del proyecto al Congreso, comenzará un gran debate sobre los puntos contenidos en la iniciativa. Muchos de ellos serán negociados y la búsqueda de un acuerdo requerirá concesiones y compromisos de todas las partes involucradas. El proyecto presentado por el gobierno es imperfecto como cualquiera que tiene que conciliar tantos intereses encontrados. Pero después de múltiples intentos fallidos por abrir la televisión al sector privado, más que la perfección la prioridad es el consenso.

Dos cosas son seguras. La primera es que si se hunde este proyecto se mantiene un sistema híbrido que está hacienda crisis. Lo segundo es que como lo afirma el consejero de Comunicaciones, Juan Fernando Cristo, "la adjudicación de uno o dos canales nacionales a uno o dos particulares en Colombia es y será un imposible político". Por lo tanto, si esta premisa es válida, quienes torpedean año tras año los proyectos de televisión no hacen más que prolongar indefinidamente el sistema actual sin acercarse nunca a la meta que buscan.
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