Viernes, 9 de diciembre de 2016

| 2006/02/12 00:00

A la brava

La pelea de los indígenas del Cauca por las tierras podría incubar un problema mayor al entrar en conflicto con las aspiraciones de los demás grupos étnicos.

Los indígenas paeces usaron los bastones de mando de la guardia indígena para enfrentarse a los policías en Caloto. Esta es apenas una de las muchas tomas de tierra que realizaron el pasado 12 de octubre y que terminaron con un saldo de 37 indígenas y algunos agentes heridos.

A la brava, los indígenas del Cauca se tomaron cuatro fincas el pasado 12 de octubre. Con picas, palas, palos y machetes, entraron a las haciendas Ambaló y Puerta de Hierro, y Los Remedios, en Silvia, Cauca. Las dos primeras propiedad de la familia Estella, y la tercera uno de los bienes extinguidos a los Rodríguez Orejuela. En Caloto y Paletará se vivieron escenas similares. Pocos días después fueron también desalojados a las malas, con gases lacrimógenos, bolillo y hasta disparos que dejaron 37 indígenas heridos, cinco de ellos de gravedad. Y en la Fuerza Pública hay varios contusos, y un policía recibió varios machetazos. El conflicto sigue. Y seguramente continuará si no se enfrentan los graves problemas que hay en el fondo de estas refriegas. El tema de la tierra es un viejo asunto por resolver en Cauca. Hasta hace tres décadas este era un departamento gobernado por un puñado de familias blancas, dueñas de casi toda la tierra, que miraban con desprecio al 13 por ciento de la población que era indígena (y, por supuesto, al 30 por ciento de población afrodescendiente). Hoy las cosas han cambiado. El viceministro del Interior, Hernando Angarita, dice que en todo el país han sido tituladas 31 millones de hectáreas, para 110 resguardos donde viven cerca de 800.000 indígenas. Esto quiere decir que el 1,8 por ciento de la población posee el 27 por ciento de las tierras del país. Las cifras del gobierno, sin embargo, desconocen que apenas 15 por ciento de estas tierras son productivas. El resto son selva y páramos. En Cauca hay 64 resguardos donde viven 182.000 indígenas. La población crece y la tierra no. Los indígenas tienen razón cuando piden que les cumplan la promesa que hizo el gobierno de Ernesto Samper, luego de unas protestas, de incrementar los territorios, que no son los mejores, en 146.000 hectáreas. Pero en Cauca hay déficit de tierras y sus demandas se orientan hoy hacia la zona más productiva. Desde épocas de la Colonia, los indígenas fueron arrinconados en la cordillera y perdieron las zonas planas, que ahora quieren recuperar. Es el caso de la finca Ambaló. Son 700 hectáreas de magníficos pastos donde crece ganado de casta, que cada año se lidia en las corridas de toros, y que esta semana fue abruptamente invadida por 4.000 guambianos para presionar que se les reconozcan como parte de su resguardo. Pero esta tierra, que les perteneció hace 500 años, hoy es propiedad privada. Como dice Eduardo Estella Garrido, dueño del predio, "nosotros le compramos hace 50 años la tierra a la familia Caicedo Arboleda de Popayán. Ellos, según consta en la tradición de los predios, fueron los dueños durante los 50 años anteriores a nuestra compra. Hacia atrás sólo le puedo decir que en el archivo de Indias que reposa en Sevilla, España, hay textos que aseguran que las tierras de los indígenas eran de Silvia hacia arriba y nuestras fincas son en la parte plana, que correspondió al dominio de los blancos". No obstante, a los indígenas también el gobierno les ha titulado tierras productivas, de manera gratuita, y en sus territorios han mejorado los servicios. Pero, como dice Angarita, "lo han hecho sin planeación". Las Mercedes es uno de los ejemplos que con frecuencia mencionan quienes critican a los indígenas. Una finca que les fue entregada hace 30 años y que, según testimonios, tienen abandonada. "Si el gobierno les sigue dando tierras, se van a quedar con el Cauca", concluye Estella. Y eso ha generado una contradicción fuerte con los campesinos mestizos que tienen que pagar 30 por ciento de las tierras que les titula el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incoder). Por eso no resultó extraño que grupos de campesinos salieran esta semana a las calles de Silvia a protestar en contra de que se les dé más tierra a los indígenas. Y muchas voces de la clase dirigente y de sectores políticos empezaron a pedir que se investigue qué control o veeduría tienen los recursos que cada año les son transferidos a los resguardos. Este flujo de recursos ha redundado en una mayor capacidad de organización y poder político indígena. Situación que miran con recelo los mestizos, las negritudes y, por supuesto, las elites blancas. "El problema de tierras en el Cauca se debe discutir con todos los actores, con equidad y mirando hacia el desarrollo productivo. Pero no vamos a entrar en el debate bajo mecanismos de presión", le dijo a SEMANA el ministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias. El desarrollo productivo, que menciona el Ministro, también es parte del conflicto. Los campesinos pidieron que se investigue qué tanto producen las tierras de los resguardos. Los indígenas tienen una visión particular. Mientras para los campesinos el valor de la tierra es económico y productivo, la relación de los indígenas con ella es espiritual. Buscan dejarla descansar y que tenga ciclos más lentos. Eso es parte de su sabiduría y algo que las leyes y el sentido común deben respetar. Pero esta tensión revela los conflictos culturales que hay en una región, tal vez la única en Colombia, donde conviven varias etnias, con visiones del mundo tan distintas y donde están emergiendo proyectos políticos diferentes. Las tomas de esta semana no son sólo expresión de la necesidad de anexar territorio a los resguardos. Al igual que la marcha que se hizo el año pasado entre Popayán y Cali, que sacó de quicio al Presidente, estas tomas tienen una intencionalidad política. La mayoría de los resguardos del Cauca le hace oposición al gobierno. Por eso se negaron a ir al consejo comunitario que se realizó hace un mes en Bogotá. Los indígenas paeces, por ejemplo, se sienten profundamente afectados por la seguridad democrática y, de hecho, han rechazado las capturas masivas y la militarización de sus territorios. Están contra el Tratado de Libre Comercio, el cual rechazaron en un referendo realizado este año. No es gratuito tampoco que esta 'minga' por la tierra coincidiera con el fallo sobre la reelección de Uribe. Y, a juzgar por sus discursos, buscan una identidad política con movimientos indígenas del sur del continente. Eso es legítimo. Al fin y al cabo, la Constitución les da esa autonomía. Lo riesgoso es que las diferencias políticas terminen en las vías de hecho, como esta semana lo demostraron los indígenas. O en una respuesta policial desproporcionada como la que se presentó. "El Cauca necesita un gran acuerdo, una constituyente que defina un ordenamiento territorial. De lo contrario, estos conflictos pueden explotar", dice el congresista caucano Luis Fernando Velasco, quien anunció que la comisión primera de la Cámara debatirá sobre este tema. Las refriegas de la semana pasada demostraron que el tema indígena no ha sido abordado con seriedad. Hay ambigüedades en aspectos como la justicia, la seguridad y el territorio, que merecen un debate profundo, que reconozca los derechos ancestrales de las comunidades. Pero éstas también deben entender las realidades contemporáneas del resto del país. Tanto el gobierno nacional como el gobernador del Cauca, Juan José Chaux Mosquera, han dicho que impondrán la ley y que van a "defender la propiedad privada". En este complejo conflicto hay muchos derechos en colisión, y las respuestas simplistas no ayudan. Tampoco estigmatizar la protesta como si fuera un acto de terrorismo, o un acto reflejo de los grupos insurgentes, como insinuó Chaux. Sobre todo en una situación tan delicada como la de Cauca, donde a guerrilleros, paramilitares y narcotraficantes no les sería difícil pescar en el río revuelto del radicalismo de unos y otros.

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