Domingo, 11 de diciembre de 2016

| 2010/05/02 00:00

Bray 'draga' a Tierrabomba

El polémico dueño de Dragacol, Reginaldo Bray, vuelve a ser noticia. El Estado le devolvió unas tierras en Cartagena pero una familia con cuatro generaciones de tradición dice que una parte de estas es suya. El caso está en la Corte.

El operativo de desalojo para devolverle las tierras a Reginaldo Bray fue de película: 250 hombres en lanchas de la Armada y helicóptero.

La capacidad de asombro en Colombia no tiene límites. Reginaldo Bray, uno de los protagonistas del polémico caso de Dragacol, está de nuevo en el ojo de una tormenta judicial. Un tribunal ordenó devolverle en diciembre unas tierras que en teoría el Estado le había embargado durante el escándalo, y esa devolución provocó un verdadero huracán en Tierrabomba.

El operativo para devolverle las tierras fue como de película. El 15 de diciembre pasado, desembarcaron en la isla 250 hombres de la Fiscalía, Policía y Estupefacientes, que se transportaron en lanchas de la Armada y hasta en un helicóptero. Allí, tras una orden de tutela del Tribunal de Cundinamarca, desalojaron a la fuerza a cerca de 25 personas, entre ellas a Edinson Fortich Barraza, quien está dando la pelea en los estrados.

El caso es complejo y el Estado está que se saca un ojo para tratar de resolverlo. Fortich, quien es parte de una familia cuyas cuatro generaciones anteriores han vivido en la isla, dice que a Bray le están devolviendo tierras que no son de él y por eso lo denunció a la justicia. Al director nacional de Estupefacientes, Ómar Figueroa, le ha tocado asistir ya a cuatro audiencias con personas que reclaman ser dueñas de las tierras que le dieron a Bray. Y Bray, con una maleta llena de documentos con sellos oficiales, insiste en que las tierras son de su familia.

Como se recordará, el caso Dragacol fue uno de los escándalos de corrupción más sonados de la historia reciente del país. Hace poco más de 10 años se denunció que la Nación había pagado miles de millones de pesos de más en una conciliación con esa firma de dragados, y por tal razón contra su dueño, Reginaldo Bray, el Consejo de Estado ordenó el embargo de sus bienes para recuperar cerca de 13.000 millones de pesos del Erario.

Sin embargo, 10 años después, un juzgado de Bogotá lo absolvió del delito de peculado "por no haber prueba contundente", y Bray, quien también es conocido por ser cuñado del magistrado de la Judicatura José Alfredo Escobar, decidió entonces recuperar sus bienes. Las autoridades ordenaron devolverle lo que le habían incautado. Hasta ahí todo parecía ir por donde debía.

El problema comenzó porque en el paquete de bienes por devolver aparece un 60 por ciento de acciones en una sociedad llamada Inversiones Bocachica, que aparecía a nombre de un primo de Bray. Esta sociedad, según los papeles que los mismos Bray aportaron, tenía "derechos de posesión" sobre 320 hectáreas en la isla de Tierrabomba. Se trata de un valioso pedazo de tierra, si se tiene en cuenta que está en un sector que se ha venido convirtiendo en una especie de milla de oro del desarrollo turístico en Cartagena.

La orden de devolverles los predios a los Bray, dada en septiembre de 2008, no se pudo cumplir porque cuando la Dirección de Estupefacientes llegó a la isla, los predios supuestamente embargados estaban ocupados. Después de muchos tira y afloje, con demandas y tutelas de por medio, hace cuatro meses por un fallo de tutela del Tribunal de Cundinamarca tuvo lugar el desalojo.

Para entender el enredo hay que irse a la historia de esta isla que está al sur de Cartagena y alberga, entre otros, el corregimiento de Bocachica. Tierrabomba está habitada desde la época de la colonia por comunidades que se dedican a la pesca, el pastoreo y el cultivo. Fue de propiedad de la Corona Española y durante el último medio siglo se había dicho que era de la Armada Nacional y del municipio de Cartagena. Estos nunca desalojaron a quienes han demostrado tener títulos de posesión y de propiedad. El veredicto final sobre la propiedad de las tierras se dio en diciembre de 2008, cuando el Incoder resolvió que el hoy Distrito de Cartagena y la Armada son propietarios de 730 y 144 hectáreas, respectivamente, y el resto, unas 1.200 hectáreas, son de propiedad de dos familias: los Fortich y los Julio.

Con esa aclaración se pensó que las cosas quedaban resueltas. Pero no ha sido así, pues los conflictos entre quienes tienen papeles de propiedad y quienes han tomado posesión de predios son el pan de cada día.

Edinson Fortich, en diálogo con SEMANA, sostiene que heredó la finca de 56 hectáreas de su padre, Rafael Fortich, en 1998, quien a su vez la había recibido de su abuelo Teodocio en los años 60 y este, de su bisabuelo fallecido en 1924, propietario de 1.160 hectáreas, lo cual consta, según certificado de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos.

La versión que da Reginaldo Bray es otra. Él reconoce que Edinson Fortich tiene título de propiedad, pero dice que no es poseedor, porque según él no ha vivido en los últimos años allí. Mientras que su familia, los Bray, según demuestra con documentos, compró no solo propiedad de otro de los Fortich, sino títulos de posesión de personas que viven en esas tierras desde 1961.

La pelea entre Edinson y los Bray no es nueva. Fortich había sorteado tres procesos judiciales en Cartagena en la última década. En 1999, cuenta Fortich, uno de los socios de la familia de Bray llegó con cuatro policías y 20 trabajadores con machetes y escopetas, y expulsaron a su esposa del predio. Después de eso ofrecieron comprarles la finca. En 2008, un fiscal acusó a la junta de Inversiones Bocachica de ser invasores, pero antes de que pasara a mayores estos conciliaron.

Los Bray intentaron a través de tutelas en Cartagena doblegar a Fortich, pero no pudieron. En octubre presentaron la tutela ante el Tribunal de Cundinamarca y de ahí emanó el desalojo de diciembre.

Fortich muestra varias cartas en las que la DNE y la Fiscalía le habían informado que contra su propiedad no existía ninguna medida cautelar como resultado de los procesos adelantados contra Dragacol. Siendo así, se pregunta por qué ahora le quitan sus tierras.
Por lo pronto, quedan mal parados la DNE y la Fiscalía. Los primeros, porque no tienen cómo dar cuenta de esos predios, no es claro si tomaron posesión de ellos tras incautarlos y es evidente que no los cuidaron como debían. Y la segunda, porque, entre otras, despierta suspicacias que la directora seccional sea la esposa de uno de los socios de Inversiones Bocachica.

La Corte Constitucional, en donde está por fallarse una vez más la tutela mencionada, tiene la última palabra.

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