BRAZOS CAIDOS

El jueves de la semana pasada, a eso de las 10 de la noche, el ministro de Trabajo, Hernando Yepes Arcila, se levantó de la reunión extraordinaria que se celebraba en la Casa de Nariño y llamó a su casa a Luis Eduardo Garzón, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), para pedirle que se hiciera presente en la reunión con el fin de entrar a negociar el pliego de peticiones que las centrales obreras le están haciendo al gobierno y que originó el paro de cerca de 200.000 trabajadores estatales.
La respuesta de Garzón dejó frío al Ministro: "Doctor Yepes, me da mucha pena con usted pero yo estoy en mi casa descansando y a esta hora no puedo salir. Además quiero decirle que en estos momentos no tengo el teléfono de los otros compañeros para invitarlos a que me acompañen a negociar con ustedes".
Cuando el ministro Yepes le contó a sus colegas la conversación que acababa de sostener con el líder sindical, muchos de ellos pensaron que Garzón le había tomado el pelo al jefe de la cartera de Trabajo puesto que la respuesta no se compadecía de la crisis que estaba viviendo el país en ese momento y que se reflejaba en el hecho de que por lo menos el 85 por ciento del sector oficial se encontraba paralizado.
Pero uno de los pocos que se tomó muy en serio la respuesta del máximo dirigente de la CUT al Ministro de Trabajo fue el presidente Andrés Pastrana, quien de inmediato ordenó a su gabinete entrar a considerar la posibilidad de declarar ilegal el paro de las centrales obreras y adoptar medidas de choque para superar la crisis.
La decisión del Presidente tenía su fundamento en una serie de reportes de inteligencia, preparados por las Fuerzas Militares, en los que se detallaban los verdaderos alcances de la protesta colectiva de los obreros. ¿Qué decían los informes de inteligencia?
De acuerdo con los reportes, los organizadores del paro pretendían paralizar por completo el bombeo de gasolina desde Barrancabermeja, dejar incomunicado al país por vía aérea _para ello ya contaban con el respaldo de la mayoría de los controladores aéreos_ y tomarse todas las sedes de la Caja Agraria para impedir que se realizaran consignaciones, produciendo así un colapso en el sistema financiero puesto que esa entidad es la que tiene la mayor cobertura nacional y es una de las que más dinero mueve diariamente.
La intención de los empleados de la entidad era la de sólo permitir los desembolsos a los clientes y no recibir consignaciones, con lo cual habrían llevado a la institución a un estado de iliquidez que hiciera peligrar su propia supervivencia.
El viernes el país amaneció con la noticia de que el gobierno no sólo había declarado ilegal el paro sino que también decidió militarizar esas tres entidades, junto con otras que también son de gran importancia para la buena marcha del Estado, entre ellas el Instituto de Seguros Sociales (ISS). La decisión, obviamente, radicalizó aún más las posiciones de las centrales obreras y terminó por complicar el panorama laboral del país.
Y la situación podría empeorar todavía más esta semana si las partes no llegan a un acuerdo en las próximas horas. En efecto, para este miércoles está prevista la llamada 'toma de Bogotá', que es la llegada a la capital de la República de centenares de delegaciones de todo el país para exigirle al gobierno la negociación de su pliego de peticiones, que asciende a cerca de cuatro billones de pesos, una cifra astronómica que dejaría por el piso todo el programa de ajuste fiscal del gobierno.
Aunque el gobierno ha mostrado la voluntad política para llegar a un acuerdo con los trabajadores, todo hace pensar que el problema está en la falta de plata. Los empleados oficiales parecen no entenderlo así y están dispuestos a llevar el paro hasta las últimas consecuencias. Por lo pronto ninguna de las partes parece ceder en sus aspiraciones. La situación llegó al estado de máxima alerta y el futuro se muestra impredecible.