Buenas intenciones

El gobierno presento al Congreso el martes pasado su estrategia contra el terrorismo, una versión mucho menos guerrerista de la que se filtró a los medios hace unos meses.

Gran parte de ésta es una compilación de cosas que el gobierno ya viene haciendo, muchas de ellas con recursos del Plan Colombia. Menciona el proyecto de ley antisecuestro que cursa en el Congreso, la modernización de los organismos de investigación judicial, como la Sijin, la Dijin y el DAS, que han recibido equipos de tecnología de punta para identificación dactilar, balística y por ADN, y la construcción de 11 nuevos centros penitenciarios, entre otras cosas.

También incluye algunos puntos novedosos que merecen un debate. Varios de ellos atañen directamente a los actores del conflicto armado. Aunque el gobierno se abstiene de hablar de organizaciones terroristas y explícitamente dice que centrará su atención en “el acto constitutivo de terrorismo”, afirma que presentará leyes para convertir en delito la pertenencia a grupos que realicen actos de esta índole, así como su financiación y apoyo. También que estudiará si es posible ampliar la responsabilidad por actos terroristas a todos los miembros de la organización o a quienes tengan personas bajo su mando.

Es decir, que una persona por el sólo hecho de pertenecer a las Farc o a las AUC, así nunca haya disparado un fusil o robado o extorsionado, pagará una condena. Igualmente, si el gobierno presenta una ley en este sentido y el Congreso la aprueba, un guerrillero responderá por todos los delitos de su frente sin importar si participó directamente en ellos o no. Y el jefe de las AUC pagará por todas las masacres de su organización, haya estado de acuerdo con ellas o no.

En la estrategia el gobierno se compromete a presentar un proyecto de ley que haga no excarcelable el porte ilegal de armas y otro que establezca un sistema de recompensas e incentivos para la denuncia de bienes que pertenezcan a organizaciones o personas vinculadas al terrorismo. Según esto, en el futuro, si una persona le da información a las autoridades sobre una finca que pertenece a las AUC, al ELN o a las Farc recibirá hasta un 40 por ciento del valor total del bien. Y por primera vez dice públicamente que presentará al Congreso la ratificación de la Corte Penal Internacional una vez éste culmine la reforma que se requiere para que Colombia apruebe este instrumento internacional, que tendrá un impacto directo sobre el conflicto.

En lo que tiene que ver con la Fuerza Pública, el Ministerio de Defensa elaborará un plan de movilización que permita alcanzar la meta de 200.000 hombres en el Ejército en un año. Esto no quiere decir que se vaya a llevar a cabo inmediatamente. Es un plan que sólo se volverá realidad si el Presidente de la República lo considera necesario y si cuenta con los recursos para concretarlo.

Hay tres puntos de la estrategia que desde ya han despertado críticas. El primero es el que el gobierno dice que promoverá el apoyo económico voluntario de los particulares al Fondo de Defensa Nacional, que se destinará a mejorar la seguridad del entorno de los donantes. El segundo es el de la responsabilidad penal de jóvenes menores de 18 años. Actualmente el Ministerio de Justicia impulsa un proyecto de ley que reformaría el Código del Menor al acabar con la inimputabilidad de los menores de 18 años. De ser aprobada esta norma los mayores de 12 años que cometan un delito serán juzgados como delincuentes.

El otro punto polémico es el que tiene que ver con la autorregulación de los medios de comunicación. La estrategia dice que el gobierno convocará a los medios para “de manera concertada, establecer acuerdos de autorregulación orientados a atenuar el impacto de las acciones terroristas en la opinión pública”. Esa autorregulación incluiría temas como la transmisión en directo de actos terroristas, comunicados y entrevistas con guerrilleros o paramilitares y protección a la identidad de las víctimas.

La estrategia contra el terrorismo muestra hacia dónde va el gobierno, por lo menos en sus intenciones. Sin embargo no tiene efectos concretos inmediatos. Sólo los decretos, proyectos de ley y traslados presupuestales que se aprueben en el futuro permitirán vislumbrar si esta estrategia es una mera formalidad para cumplir con la exigencia de la Ley de Defensa y Seguridad Nacional al gobierno o si realmente es el plan con el cual éste espera combatir el terrorismo. Si es lo último habrá mucho que debatir acerca de las políticas contradictorias de la administración en materia de protección a la infancia, libertad de prensa y privatización de la seguridad pública.



El camino hacia la paz y la Estrategia contra el terrorismo (Ministerio de Defensa)