BUENAS NOTICIAS DE LA URIBE

La ministra de Comunicaciones Nohemí Sanín estaba escandalizada: ¿cómo era posible que la prensa, con la solitaria excepción del Noticiero Promec, no hubiera asistido a la reunión de La Uribe en que las FARC lanzaban su movimiento político Unión Patriótica? Tres aviones fletados, y luego otros tantos helicópteros, habían llevado el sábado 30 de marzo a cerca de cincuenta miembros de la Comisión Verificadora e invitados especiales hasta el cas inaccesible campamento guerrillero en el páramo de La Uribe, sobre el cañón del río.
Duda, en plena sierra de la Macarena donde los esperaba el Estado Mayor de las FARC: Manuel Marulanda, Jacobo Arenas, Raúl Reyes y Alfonso Cano. Iban ministros, gobernadores, generales en retiro, delegados de la Comisión de Paz, senadores y representantes, inclusive editores: y ningún periodista.
Por una vez, la ministra de Comunicaciones tiene sobrada razón en un tema relacionado con las comunicaciones. La prensa ha tratado con incomprensible desdén lo sucedido en La Uribe, que es probablemente lo más importante que se haya hecho en los últimos meses para revitalizar el marchito proceso de la paz con las guerrillas. A un año de la firma de los pactos de tregua, y a casi veintiuno de la declaración del movimiento de autodefensa de Marquetalia del cual surgieron las FARC--"desde hoy, 20 de julio de 1964, somos un movimiento guerrillero"--el acto de lanzamiento de la Unión Patriótica demuestra que los más veteranos subversivos del país van en serio.
La flamante UP, de la cual el Estado Mayor de las FARC será provisionalmente comando nacional hasta que una futura convención elija directivas en firme, anuncia la creación inmediata de organizaciones departamentales, regionales, municipales y comités de base, cuyas primeras sedes (en Bogotá, Cali, Popayán, Medellín, Bucaramanga y Puerto Boyacá) se abrirán al público antes de que termine abril. Empezará a circular también un semanario, igualmente llamado "Unión Patriótica", y se están repartiendo ya un millón de ejemplares de la plataforma programática de veinte puntos.
Algunos son previsibles: podrían haber sido redactados--como dijo en La Uribe el senador galanista Emilio Urrea--" por la misma mano que redacta los programas del Nuevo Liberalismo". Apertura democrática y reforma de las costumbres políticas para desmontar el monopolio de los partidos tradicionales, reforma electoral, elección popular de alcaldes y gobernadores, una reforma agraria y una reforma urbana, separación de la justicia ordinaria de la militar...
Otros puntos son más avanzados.
Social-demócratas, digamos: pero a nadie se le ocurriría tildarlos de revolucionarios: nacionalización de las empresas extranjeras de la banca y del transporte, o, en lo referente a la reforma agraria, entrega gratuita de la tierra a los campesinos "sobre la base de la expropiación de la gran propiedad latifundista". Y otros, en fin, como el punto 12 podrían haber sido dictados por la mismísima Fenalco: "Las FARC-UP encabezarán la lucha nacional contra el impuesto al valor agregado (IVA)".
Según los asistentes al encuentro que hablaron con SEMANA, y que han seguido de cerca el proceso de tregua desde hace varios meses, si las FARC se han embarcado en el esfuerzo considerable de montar un aparato político no militar no es por oportunismo coyuntural, sino por convicción histórica: consideran que la lucha armada no las está llevando al poder. No porque haya sido derrotada. En La Uribe, Jacobo Arenas fue muy claro al respecto: "Por lo que respecta a las FARC, volvemos a repetirlo: la lucha de Marquetalia en 1964 comenzó con 16.000 soldados del ejército y 42 combatientes campesinos. Cuando firmamos los acuerdos de La Uribe lo hicimos como jefes de 27 frentes guerrilleros (y además)... en aquel entonces no existian ni el ELN, ni el EPL, ni el M-19, ni la Autodefensa Obrera. Cuando ellos firmaron la tregua fue porque existian, y no de cualquier manera sino en crecimiento". Y añadía luego: "qué fácil les resultaría a las FARC respondiendo a las provocaciones del Ejército recomenzar la guerra. Pero no lo haremos mientras haya señalizaciones de hallar caminos civilizados para la controversia por el poder".
Las "provocaciones del ejército" fueron, claro está, exhaustivamente enumeradas por los jefes guerrilleros.
En 118 días de tregua, dijeron, las FARC han tenido "más de veinte muertos, otros tantos heridos y otros tantos presos", algunos de ellos por hacer propaganda a la Unión Patriótica.
Los presos, además, han sido torturados. Arenas citó entre otros el caso de Liliana López, esposa de Raúl Reyes miembro del Estado Mayor de la guerrilla, que durante semanas fue detenida y torturada por los militares.
Y es que, acusan las FARC, del lado de enfrente hay una conspiración contra el proceso de paz iniciado por el gobierno. Una "conspiración gorila" que incluye a El Tiempo, al ministro de Gobierno. a "Turbay y compañía limitada", al general (r) Lema Henao, al Procurador y, principalmente, a la "sectaria cúpula militar actual" encabezada por el ministro de Defensa, general Vega Uribe, al cual califican de "un genio en estas prácticas" (de torturas a los detenidos). De sus acusaciones no escapa tampoco el presidente Betancur, al cual atacan en términos muy similares a los usados por el jefe del M-19, Alvaro Fayad, hace quince días (ver SE MANA. N° 150). Acusan al presidente de "vacilaciones y conciliación" con la campaña antipaz, y las explican diciendo que "en realidad hay en Colombia dos poderes, uno el del Presidente constitucional de la República, o sea el pode, formal, y otro el de los militares reaccionarios al mando de la fuerza pública, o sea el poder real".
Cuando John Agudelo Ríos, presidente de la Comisión de Paz, protestó por el trato dado al presidente, los jefes de las FARC se defendieron diciendo que simplemente estaban "ejerciendo su derecho constitucional de critica". Cuando las guerrillas usan semejantes argumentos, ya no cabe la duda: se han incorporado de lleno al espíritu civilista y leguleyo que caracteriza la tradición política colombiana.
Así lo entendió el más duro y escéptico de los asislentes a la reunión de La Uribe, Héctor Polanía, vicepresidente del Senado, conservador del Huila, y el único que en 1982 votó contra la amnistía. "No me parecieron tan fieros"--dijo Polanía a SEMANA--"En principio, creo que son serios y que han cumplido la tregua". El político huilense, a quien el periódico "Informador Guerrillero" que edita el XIII Frente de las FARC califica sistemáticamente de "reaccionario", había viajado a La Uribe, según las malas lenguas, "a negociar su indulto". "Al contrario
--aclara Polania--: fui allá a romper el coro de aplausos que habitualmente rodea estas reuniones con las guerrillas, y a decir en voz alta lo que por lo general sólo se atreven a plantearles en privado a sus jefes. Les presenté cinco casos de secuestro en el Sur del Huila sobre los cuales hay la certidumbre absoluta de que fueron cometidos por las FARC, porque todo el mundo sabe que las gentes que han negociado el pago de los rescates son de las FARC". Los jefes guerrilleros negaron su responsabilidad en el asunto, aunque anotaron los nombres dados por el senador, para verificar. Y Polanía concluye: "Con esto se verá hasta qué punto tienen dominio sobre su gente, y si de verdad son capaces de llamarlos al orden ".
¿Un éxito, pues, la reunión de La Uribe? Sí, al menos en el aspecto simbólico, plasmado en el saludo entre los jefes militares que hace. veinte años se enfrentaron en Marquetalia, ahora vestidos todos de civil: el general (r) José Joaquín Matallana, que en aquella acción comandaba las tropas del ejército, y sus adversarios de entonces, Marulanda y Arenas. Y un éxito también en lo político, puesto que los guerrilleros convencieron de su voluntad de paz inclusive al "más fiero" de sus visitantes, el senador Polanía. Un éxito en fin porque la creación de la Unión Patriótica constituye el primer paso verdaderamente en firme dado por un grupo guerrillero--el más antiguo y el más importante--en el campo de la política civil. Y este paso, como los acuerdos de La Uribe de hace un año, puede tener sobre los otros grupos guerrilleros el mismo efecto catalizador que tuvieron aquellos y llevar al EPL, al M-19 y al ADO, por ley de arrastre, a apresurar su propia reconversión.
Pero se trata, de todos modos, de un éxito mitigado. Porque si a La Uribe asistió lo más granado del conservatismo en sus dos vertientes --Hugo Escobar Sierra, Alvaro Leyva Durán, Héctor Polanía, Jaime Arias Ramírez-por el lado liberal no sucedió lo mismo. Emilio Urrea representaba al Nuevo Liberalismo y Horacio Serpa al oficialismo: pero en el tema de la paz ambos actúan un poco como ruedas sueltas dentro de sus respectivos grupos. Subsiste además un problema aparentemente técnico, pero fundamental: el del indulto. Si no pasa el indulto en el Congreso, o si pasa en términos que excluyan el delito del secuestro, del cual son responsables no guerrilleros individuales, sino colectivamente todas las organizaciones guerrilleras firmantes de la tregua, ninguna de ellas, y menos aún sus jefes, podrán adelantar actividades políticas: en su primer discurso de plaza pública Manuel Marulanda será detenido para que pague los 24 años de cárcel a que está condenado en ausencia.
Y queda en el aire, finalmente, otro problema, considerado fundamental por todas las organizaciones guerrilleras: el del levantamiento del estado de sitio. Cuando hace unos días el ministro de Justicia dijo que lo único que hacía falta para levantarlo era la aprobación del estatuto de estupefacientes, su colega de Gobierno se apresuró a matizar: no están reunidas las condiciones. El Congreso no aprueba el indulto, el gobierno no levanta el estado de sitio, las Fuerzas Armadas se proclaman "verificadoras de la paz": en resumen, hace falta --como decía uno de los asistentes a la reunión de La Uribe--que el "establecimiento" de por terminadas sus vacaciones con la paz.-