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| 3/2/1998 12:00:00 AM

¿BUENAS NOTICIAS?

Una investigación de SEMANA en Washington muestra que es posible que Colombia sea certificada condicionalmente este año.

La semana pasada en Washington, el tema de Colombia parecía estar completamente fuera del mapa. En las oficinas de las diferentes agencias que se encargan del tema de la certificación, los televisores permanecían encendidos. Todo el mundo estaba pendiente del escándalo presidencial de Bill Clinton con Monica Lewinsky. Esta era, sin embargo, tan sólo una percepción. En el Pentágono, la CIA, la DEA, el Departamento de Justicia, la Oficina del Zar Antidrogas y muy especialmente en el Departamento de Estado, los funcionarios clave trabajaban intensamente en el estudio del proceso de certificación de Colombia. El jueves de la semana pasada se llevó a cabo una reunión especial con representantes de cada una de las agencias para tratar el tema de Colombia y Brasil. Hora y media para cada uno.Consultados por SEMANA la mayoría de los representantes de cada agencia, fueron muchos los que coincidieron en sus apreciaciones. Una de ellas es que el proceso fue modificado sustancialmente este año. En los pasados, cada agencia enviaba un documento con la recomendación de qué hacer con cada país. Como dijo a SEMANA un alto oficial del Pentágono: "Este documento, de aproximadamente una página, era recibido por la Unidad Antinarcóticos del Departamento de Estado, la cual evaluaba la información y a su vez emitía un concepto propio que llegaba a manos de la Secretaría de Estado. Esta lo analizaba, y lo hacía llegar a manos del Presidente, quien tomaba la decisión final. Todo ello se hacía a través del papel. Este año todos fuimos llamados a poner nuestras cartas y opiniones sobre la mesa desde un principio, y discutir sobre cada país. Las reuniones se llevaron a cabo hace un par de semanas, y en ellas analizamos los 30 países sujetos al proceso de certificación. Hubo acuerdo en todos, menos en nueve, entre ellos Colombia". Las reuniones fueron dirigidas por un funcionario de la Casa Blanca llamado Rand Beers, el reemplazo de Robert Gelbard como subsecretario para asuntos de narcóticos. Director de los Programas de Inteligencia de la Presidencia de Estados Unidos y miembro del Consejo Nacional de Seguridad, Beers es uno de los hombres que mejor conoce el tema de narcóticos en el mundo. Y fue nombrado directamente por el presidente Clinton como 'funcionario actuante', lo que en términos prácticos significa que mantiene su puesto en la Casa Blanca, pero ejerce simultáneamente en el Departamento de Estado como supervisor del proceso de certificación. Fue él quien decidió poner a todos los actores a discutir de frente sus posiciones sobre cada país. Desde mayo de 1997 se definieron los criterios sobre los cuales se habría de medir el desempeño de cada país para la certificación de este año. En el caso de Colombia se tomaron en cuenta cinco puntos: la extradición, la aplicación de las leyes y tratados, las condiciones de reclusión de los narcotraficantes en las cárceles colombianas, el volumen y calidad de las condenas de los políticos implicados en el tema de la narcocorrupción, y el avance en materia de desarrollo y utilización de nuevos herbicidas para la fumigación. Todos estos temas fueron analizados y discutidos. Y hubo varias sorpresas. En cuanto a la extradición, hubo quienes argumentaron que lo que se aprobó en diciembre pasado no era lo esperado, especialmente en materia de retroactividad. Otros defendieron al país con el argumento de que a pesar de que no se logró la retroactividad, todavía está pendiente el fallo de la Corte Constitucional sobre ese punto. No obstante, reconocen que puede ser materialmente imposible que la Corte se pronuncie al respecto antes del primero de marzo, fecha en que se vence el plazo para anunciar la certificación. Este punto, por lo tanto, será tomado en cuenta para la certificación del próximo año. En materia de aplicación de la nueva legislación, las noticias para Colombia son mucho mejores. En términos generales, según las personas entrevistadas, el acuerdo marítimo y otras normas de interés para Estados Unidos han sido aplicadas con buena voluntad. En ese punto, sin embargo, apareció como un lunar la ley de alternatividad penal, aprobada recientemente por el Congreso, y que _cumplidos ciertos requisitos_ permite la salida de las cárceles, en fines de semana, de narcotraficantes sentenciados. El de las prisiones fue otro tema analizado en detalle. Aunque los estadounidenses piensan que la situación de las cárceles del país es desastrosa, consideran positiva la decisión del gobierno de entregar el control de las prisiones de máxima seguridad a la Policía Nacional. El general Rosso José Serrano es para ellos garantía de seriedad en el manejo del tema. Saben que los narcotraficantes están delinquiendo desde las cárceles, pero simultáneamente están conformando un meticuloso archivo judicial de sus actos con posterioridad a la vigencia de la extradición. En otras palabras, están buscando la manera de empapelar a los grandes capos para pedirlos en extradición más adelante. En cuanto a las condenas, las personas entrevistadas expresaron algunas reservas. Jane Becker, cabeza visible de la Unidad Antinarcóticos del Departamento de Estado, dijo a SEMANA: "Hay preocupación en cuanto a que el ritmo y la intensidad del trabajo en la Fiscalía ha disminuido". La misma funcionaria agregó: "En materia de fumigaciones, hemos hecho ajustes al glifosato para mejorar la efectividad de las fumigaciones aun en zonas lluviosas. Sin embargo un verdadero avance sería la aprobación de un herbicida granulado".

¿Que le espera al país?
Como ya es costumbre, la evaluación del desempeño de Colombia en materia antinarcóticos no es cosa fácil. A menudo, un esfuerzo concienzudo y valiente por parte de fiscales y policías a lo largo de varios meses se derrumba por la súbita aprobación de un mico en el Congreso de la República, o por un narcotraficante que es dejado en libertad. Por ello no ha habido consenso en cuanto a la certificación de Colombia. La decisión final aún está lejos. Y sigue estando en manos del presidente Clinton. Sin embargo, si se hace un análisis concienzudo de la correlación de fuerzas en juego, y de las opiniones que se escuchan en las diferentes oficinas, todo parece indicar que, a menos que algo extraño pase, la balanza se inclinará este año en favor de una certificación condicionada por interés nacional, o lo que los norteamericanos llaman "National Interest Waiver". Eso, en plata blanca, significa que el Presidente de Estados Unidos decide no aplicar las sanciones de la descertificación, porque hacerlo es contraproducente para los intereses de su propio país. Un hecho significativo este año es el cambio en el ambiente político de Washington. El año pasado, los congresistas republicanos querían descertificar a Colombia. Tanto Jesse Helms, en el Senado, como Dan Burton, Ben Gilman y Dennis Hastert, en la Cámara, pidieron la descertificación para Colombia. Este año la situación es muy diferente. Dos de los principales asesores de Jesse Helms en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado que más sabían sobre Colombia se retiraron, y esa oficina tiene apuntadas sus armas contra México, país que quisieran ver descertificado este año. Colombia ha pasado a segundo plano. En la Cámara la situación es todavía más positiva. Gilman, Burton, Hastert y Cass Ballenger , directores de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Cámara, firmaron la siguiente petición conocida por SEMANA: "El Presidente debe dar una certificación condicionada por interés nacional para que podamos darle mejor y mayor asistencia a la Policía Nacional de Colombia, que está peleando la guerra contra las drogas en el mayor país productor del mundo". Pero si bien la opinión de los congresistas es escuchada por el gobierno, no determina una decisión. Hay otros factores que parecen estar forjando un consenso entre los diferentes actores de la administración Clinton. El principal es que este año no parece haber buenas razones para descertificar plenamente a Colombia por tercera vez. En primer lugar, porque una tercera descertificación es un desgaste contraproducente para el propio mecanismo. No se puede castigar demasiadas veces sin que el castigo pierda fuerza y credibilidad. En segundo lugar, porque al descertificar a Colombia se estaría castigando más al sucesor de Samper que a Samper mismo, ya que el próximo presidente tendría que cargar durante un año con la calificación de su antecesor. Los funcionarios norteamericanos parecen haber llegado a la conclusión, muy a su pesar, de que el próximo presidente de Colombia será Horacio Serpa. En una de esas extrañas brechas culturales que separan a los pueblos, pareciera que cada vez que un colombiano le dice a un funcionario norteamericano que esa no es necesariamente la situación, más se convence el norteamericano de que es inevitable que Serpa llegue al poder. Desde este punto de vista, el análisis de los efectos políticos de la certificación cambia por completo. En lugar de que sus efectos sean elegir o no a Serpa, serían las de motivarlo o no a colaborar como presidente. Por lo tanto, el gobierno de Estados Unidos estaría pensando qué es mejor para motivar a Serpa a colaborar durante su posible presidencia: ¿Descertificarlo de entrada, o darle una oportunidad? A todas luces parecen estarse inclinando por pensar que es mejor, estratégicamente, hacer lo segundo. A pesar de lo anterior, sería un error del gobierno de Ernesto Samper cantar victoria en este momento. Una decisión no está en firme hasta que Clinton no la anuncie, y el proceso está programado este año para que los altos mandos del gobierno, Presidente y Secretaría de Estado, tengan mucho más tiempo para analizarla en detalle. Nunca antes se ha cambiado la decisión tomada por el equipo especializado en hacer la recomendación. Pero puede suceder. Una reacción de triunfalismo de Colombia podría romper el frágil balance de un consenso en favor de la certificación condicionada que parece estarse formando en los niveles medios. Y podría incluso motivar una reacción a niveles más altos. No hay que olvidar que ha sido precisamente la mano dura de los estadounidenses la que ha llevado al país a 'automotivarse' y conseguir los resultados de los últimos cuatro años. Con respecto a este tema no se ha dicho la última palabra. De hecho, ni siquiera hay consenso en favor de Colombia a nivel medio. Pero como dijo a SEMANA un ex funcionario del Departamento de Estado, "si la decisión tuviera que tomarse hoy, yo daría un 80 por ciento de posibilidades a una certificación condicionada".
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