Viernes, 2 de diciembre de 2016

| 2015/09/04 11:25

Así se roban la plata de la educación en Buenaventura

Semana.com descubrió otras trampas que usan los corruptos para quedarse con el dinero del sector. Alumnos de colegios privados aparecen matriculados en los públicos.

Las hermanas descubrieron parte de las irregularidades que se estaban cometiendo en la ciudad portuaria. Foto: Archivo particular

La cita fue a las 3:00 p. m. en la habitación 805 del piso 8, en el hotel Torre Mar de Buenaventura. Fue el 15 de marzo de este año y en ese cuarto esperaban dos hombres y dos mujeres y sobre la cama había dos maletas repletas con fajos de billetes. Una quinta persona bajaba y subía con los visitantes al furtivo encuentro.

La hermana Teresa Barreto y su acompañante Nubia Pulido, también de la comunidad religiosa Nuestra Señora de Carpintello, llegaron hasta el misterioso cuarto. Allí sólo reconocieron a uno de los hombres porque llevaba una escarapela de la alcaldía. El otro sujeto era el emisario del abogado y hablaba de manera imponente.

“Nos dijo: 'Mire, esta es la plata que le vamos a entregar. Firma el recibo o se va con las manos vacías'”, recordó la religiosa tras confesar que por varios minutos se dejó cegar por la ira, “pero al final reflexioné, si me voy para la Fiscalía, estos corruptos lo controlan todo. Mejor recibo esa platica para comprarles remesa a mis pequeñas”, explicó la hermana, que es rectora del colegio privado Hogar de Niñas, donde atiende a 135 infantes.

La misteriosa cita en un cuarto de hotel era nada más y nada menos que la reunión que organizó el abogado Adolfo Chipantiza, quien representó a 18 colegios ante el municipio en el cobro de los dineros que les adeudaban por tres meses de cobertura educativa del 2009.

Chipantiza es el tristemente célebre secretario de Gobierno de Buenaventura a quien el presidente Uribe hizo capturar en pleno consejo de seguridad en el 2006 porque, al parecer, le propuso al comandante de la Armada no devolver 650 kilos de cocaína incautados.

El exsecretario quedó libre a las pocas horas del incidente, pero fue sancionado con 10 años de inhabilidad por la Procuraduría; hoy ejerce como abogado y en el puerto es reconocido como cercano colaborador de la estructura política del alcalde Bartolo Valencia.

Y ahora reaparece en este escandaloso episodio. El recibo que le hicieron firmar a las monjas en el misterioso cuarto de hotel era por $40.260.000, pero a ellas sólo les entregaron ocho millones de pesos en efectivo. El abogado se quedó con 12 millones; otros cinco millones fueron para impuestos y los 15 millones restantes “nos dijeron que eran para colaborarle a la secretaría de Educación y el alcalde” (Ver recibo de pago).

Lo irónico es que esa no era la primera vez que “le metían la mano al bolsillo” al colegio privado de las monjas. En el 2013 la hermana Barreto descubrió que laAalcaldía usó la base de datos de los 415 estudiantes de su institución para hacerlos figurar como estudiantes fantasmas en varias escuelas rurales públicas.

Ella misma descubrió que 322 de sus alumnos aparecían en escuelitas públicas del Alto Naya y Cascajal, “le cobraban al Ministerio por estudiantes que en realidad estaban en el sector privado”, explicó tras recordar que a raíz de esa crisis debió cerrar el bachillerato.

Increíblemente, ese caso, que está documentado con pruebas, no hace parte del paquete de irregularidades que investiga la Fiscalía y que motivaron el pasado lunes 31 de agosto la captura del alcalde Bartolo Valencia, dos exfuncionarios y seis contratistas.

Desde el 2012 esta revista denunció esas irregularidades en una investigación que mostraba detalles de la manera como se robaban la plata de la educación en la ciudad portuaria (Ver nota).

Aunque en el proceso judicial de ahora tampoco hacen parte del expediente las denuncias en torno a la forma irregular como el abogado Chipantiza, al parecer, 'vacunó' las cuentas de cobro de los 18 colegios a los que el municipio les adeudaba tres meses por cobertura educativa.

Como si eso no fuera suficiente, en poder de esta revista hay otros documentos oficiales que demuestran que los estudiantes fantasmas eran habituales en la actual administración.

Por ejemplo, otro documento de la consultoría C&M que contrató el Ministerio de Educación Nacional (MEN) en el 2014 para que verificara con visitas de campo la existencia de los estudiantes oficiales en Buenaventura advierte el problema.

“La rectora del instituto docente Emmanuel manifiesta que de los 147 estudiantes registrados en el anexo 6A, 145 sí están siendo atendidos por parte del establecimiento educativo, pero en matrícula privada, es decir, son los padres de familia o acudientes quienes pagan la educación de los alumnos” (Ver documento forma consultora).

Otro documento del Ministerio confirma que los dineros que se giran para atender a los 46.851 estudiantes de matrícula contratada estarían siendo desviados.

Eso se infiere porque varios de los 95 colegios privados inscritos en el banco de oferentes y que atienden estudiantes oficiales denunciaron que este año solo les pagaron tres meses. Lo curioso es que en una carta el MEN confirma que desde julio giraron los 55.000 millones que corresponden a seis meses (Ver carta MEN).

Con Bartolo son tres los alcaldes elegidos de Buenaventura que salen de su cargo directo a los estrados judiciales por presuntas irregularidades en el manejo de los dineros de la educación.

El primero en sentir el peso de la justicia fue Saulo Quiñones, alcalde entre el 2004 y el 2007. Aunque su captura se produjo sólo en el 2011, los cargos que le imputaron se relacionan por los 190 contratos por valor de 11.600 millones de pesos que firmó un diciembre para construcción, reparación y adecuación de sedes escolares.

Y hace apenas un mes un juez condenó a 18 años de prisión al exalcalde José Félix Ocoró, (2008-2011), acusado del delito de peculado por apropiación agravada e interés indebido en celebración de contratos, por irregularidades en el canje de un terreno y que configuró un detrimento por 347 millones de pesos.

Ahora estalló el escándalo del alcalde Valencia, a quien señalan de corrupción con los dineros de ampliación de cobertura educativa. Los delitos que le imputa la Fiscalía son celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos y peculado por apropiación. El detrimento estimado es de 919 millones de pesos en tan solo seis contratos revisados (Ver nota).

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