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| 12/26/2014 5:00:00 PM

Con tutela buscan frenar salida abrupta de la Contraloría de Gran Estación

El defensor del Pueblo instauró el recurso porque se estarían violando principios fundamentales. El Ministro de la Presidencia dice que el ente ya tiene para donde irse.

La angustia y la incertidumbre mantienen presos a decenas de funcionarios de la Contraloría General que no saben dónde irán a parar. El próximo miércoles 31 de diciembre se vence el plazo para desocupar las instalaciones del Centro Comercial Gran Estación II por la terminación del contrato de arrendamiento.

Quienes han conocido la terrible historia de una entidad sin sede, como la Contraloría, se preguntan cuál es el problema de prorrogar el contrato. La respuesta es sencilla: la Fiscalía  ha advertido que ese inmueble está bajo la lupa porque sus constructores han podido utilizar dineros ilícitos. Por ello el edificio podría –de llegar a comprobarse esa hipótesis– ser objeto de algún proceso de secuestro, ocupación y hasta extinción del derecho de dominio por parte del ente acusador.

¿Qué hacer? Lo que se supo este viernes es que ante lo que se ha considerado una medida desesperada, los encargados de la sección administrativa de la Contraloría apelarían a ‘avisos clasificados’ para buscar rápidamente oficinas de más de 2.000 metros cuadrados con el fin de reubicar a los empleados. El inmueble que entregan tiene más de 32.000 metros cuadrados.

Mientras esto ocurre, entró en la controversia el defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, quien interpuso una tutela este viernes con el fin de decretar una medida cautelar de protección sobre tres aspectos que su entidad considera esenciales.

El primero: salvaguardar el centro de información de la Contraloría. Se trata de un complejo centro que contiene toda la información de los colombianos y que expide los certificados de antecedentes fiscales, útil para los ciudadanos que accedan a la administración pública.

Esta sección de la Contraloría no se puede desconectar de un momento a otro y necesita de por lo menos dos meses para un traslado sin traumatismo.

En un segundo aspecto, el defensor, con la tutela, pretende preservar los derechos al trabajo y al debido proceso. Todo por cuenta del trauma que puede ocasionar la parálisis de cerca de 2.300 empleados que hasta el momento no tienen para dónde irse.

La expectativa es grande. Pero sólo depende de un juez de tutela que determine qué tanto puede frenar la salida abrupta de la Contraloría de la controvertida sede.

Mientras esto se surte en un despacho, el ente de control busca rápidamente oficinas de más de 2.000 metros cuadrados para ir reubicando a los empleados.

En principio será para arrendamiento, mientras se surte un proceso de compra de un inmueble definitivo para la entidad. Se sabe que el Gobierno destinó 30.000 millones de pesos para el arriendo de una sede para la Contraloría y 80.000 millones de pesos para iniciar la compra de una sede propia, pero estos recursos sólo estarán disponibles a partir del 1 de enero del próximo año.

Por ahora los empleados deberán ir alistando sus cosas e ir a un sitio provisional todavía no definido. Se ha considerado una opción el viejo edificio del Ministerio de Justicia, donde a duras penas caben más de 400 funcionarios.

En las últimas horas el ministro de la Presidencia Néstor Humberto Martínez aseguró que esa sede ya estaba lista para que se trasladaran los funcionarios de la Contraloría. Sin embargo, el contralor Edgardo Maya, les ha dicho a sus colaboradores más cercanos que no toma una decisión hasta tanto no se resuelva la situación para sus 2.300 funcionarios ya que esa sede solo podría albergar a 400.

Como se puede concluir, se trata de una verdadera tragedia de una institución que tiene la sensible misión de hacerle control al gasto público.
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