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| 8/2/2012 12:00:00 AM

C. Constitucional ordena retirar una base militar ubicada en territorio indígena en Guaviare

Se trata de la comunidad indígena Jiw, que estaría en peligro de extinción "física y cultural". Mindefensa anunció que acatará la decisión pero que se analizan opciones para intentar reversarla.

La Corte Constitucional ordenó al Ministerio de Defensa que, antes de seis meses, entregue del área del resguardo indígena Jiw, en el departamento de Guaviare, la cual actualmente ocupa la Escuela de Fuerzas Militares Especiales e Infantería de Marina.

Se trata de un viejo litigio que se remonta al año 2009, cuando la Corte Constitucional ordenó la protección de los pueblos indígenas ante el riesgo de exterminio. Según el fallo, las medidas no se han adoptado.

En el fallo se señala que producto de un estudio de la Defensoría del Pueblo, ACNUR y Pastoral Social y entregado en octubre del 2010, se pudo determinar que por causa del conflicto armado existe peligro de que los miembros de la comunidad Jiw terminen "exterminados física y culturalmente".

Por su parte, el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, aseguró que los fallos de la Corte se respetan pero que iba a analizar el tema con el alto Gobierno para que en el tribunal "sea revisado el tema" y afirmó que presentará todas las acciones legales posibles para evitar la salida de los militares de la región.

"Allá en esa región del país, la relación entre las Fuerzas Militares y las comunidades indígenas es magnífica, es una relación estrecha y seguramente eso va a permitir que cualquier decisión que se tome se dé de una manera apropiada y conveniente, no sólo para esas comunidades, sino también para la seguridad de esa región del país", afirmó.

Zona de guerra

Son varias las razones para que la corte tomara la decisión. En el fallo se menciona que aproximadamente, el 60% del pueblo Jiw ha sido víctima del desplazamiento forzado. En los últimos años seis integrantes de esa etnia han sido asesinados.

Se resalta que tres indígenas Jiw han sido víctimas de accidentes por municiones. "En el resguardo de Barrancón, Guaviare, cuyo territorio se encuentra invadido por una Escuela de Fuerzas Especiales e Infantería de Marina, se han presentado incidentes como consecuencia del abandono de municiones sin explotar (MUSE) por parte de la fuerza pública. Y en ese sentido, en el documento se relacionan 16 víctimas, tanto de minas antipersonal (MAP), como de municiones sin explotar".

Además, en los diferentes informes que llegaron a la Corte se señala que "el polígono de tiro de la base queda detrás de las 'chagras' (cultivos) de la comunidad y por tanto, representa un grave peligro para sus habitantes".

Otro de los inconvenientes que se presentan, según el alto tribunal, es la disputa territorial entre grupos paramilitares, guerrilla y fuerza pública. Eso "fijó límites para la movilidad de las comunidades y el hecho de transitar de un lugar a otro se convirtió en motivo de señalamientos y amenazas al ser acusados de informantes de uno u otro grupo armado", se resalta en el auto.

Producto de esa disputa territorial la corte tuvo en cuenta un documento en el que cita a la Defensoría del Pueblo para afirmar que "existe un total de 11 víctimas, de las cuáles seis han sido asesinadas (entre ellos figura un menor de edad), y cinco se encuentran desaparecidos".

Esas razones hicieron que, mediante un auto 173 del 2012, la Corte Constitucional ordenara al Ministerio de Defensa Nacional la devolución del área del resguardo Jiw. Incluso, se exige que para este proceso se haga con el acompañamiento permanente de la Defensoría del Pueblo, Pastoral Social Caritas, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados.
La Escuela de Fuerzas Especiales ha ocupado entre seis y ocho hectáreas del terreno del resguardo y según el auto, el Ministerio de Defensa ha manifestado su disposición de devolver el terreno, "pero hasta el momento no se han adelantado acciones positivas".
 
En enero 31 del 2012 los indígenas de la comunidad Jiw emitieron un comunicado en el que destacan que no tienen nada que ver con el conflicto armado y que no quieren hacer parte de este.
 
"Mantenemos nuestra posición como pueblo de no tener ningún tipo de vinculación, con ningún grupo armado al margen o no de la ley, nos sentimos acorralados por el conflicto armado, que pareciera empecinarse en perseguirnos, (...) siguen minando nuestros territorios y prohibiéndonos actividades básicas para adquirir nuestro sustento diario y poder sobrevivir".
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