Sábado, 10 de diciembre de 2016

| 1994/09/19 00:00

¿CACERIA DE BRUJAS?

La condena de Regina 11 y la absolución de algunos de sus colegas despiertan dudas sobre los procesos de pérdida de investidura.

¿CACERIA DE BRUJAS?

Hace 18 años la clase política, la Iglesia y la opinión de la capital se indignaron porque, en lugar de la Novena de Aguinaldos, en la Catedral Primada de Bogotá se celebraba el cumpleaños de quien, en esa época, era considerada una bruja: Regina Betancourt de Liska. Sus seguidores -a quienes la opinión calificaba de lunáticos- llenaron la iglesia y buena parte de la Plaza de Bolívar. Resultaba difícil prever en ese entonces que esa misma multitud de metafísicos sería, 18 años más tarde, una pieza clave en las elecciones presidenciales.
Y esa fue la primera, pero no la única vez, que Regina ha dado de qué hablar. A punta de lecciones de metafísica hizo una carrera política bastante exitosa. Su escoba y sus pintorescas apariciones en la vida nacional fueron más eficaces que los acartonados discursos de los políticos tradicionales: esta antioqueña se convirtió, durante muchos años, en la cuota folclórica en el Concejo de Bogotá y en el Congreso de la República.
Aunque buena parte de la clase política y de la opinión nunca la tomó muy en serio, lo cierto es que la líder del Movimiento Metapolítico superó varias veces la votación de los barones electorales del país, hasta posicionarse en las pasadas elecciones presidenciales como la cuarta fuerza política de Colombia. La votación de Regina fue superior a la de un general de la República, Miguel Maza Márquez, y de un ex ministro de Estado, Enrique Parejo González. Con sus 70.000 seguidores se convirtió en un aliado decisivo para la segunda vuelta presidencial. Por esa razón, después de los primeros comicios, representantes de los movimientos de Andrés Pastrana y Ernesto Samper le coquetearon a la posibilidad de sumar los metapolíticos a sus filas. Sin embargo, Regina decidió no adherir a ninguna campaña.
Pero la semana pasada el Consejo de Estado decidió que el Congreso se quedaría para siempre sin su nota disonante. Por solicitud de la Procuraduría General de la Nación, el alto tribunal retiró la investidura de congresista a Regina, y la imposibilitó por siempre para ser elegida en la rama legislativa. Tras una denuncia, interpuesta por una ex secretaria del Movimiento Metapolítico, quedaron al descubierto procedimientos poco ortodoxos de recolección de donaciones. Según logró establecer el Ministerio Público, Regina exigía a sus empleados que consignaran en las cuentas del Movimiento entre el 40 y el 70 por ciento de sus sueldos. De este modo, la ex senadora violó el artículo 110 de la Constitución. el cual prohíbe a quienes desempeñan funciones públicas hacer contribuciones a partidos, movimientos o candidatos, o inducir a otros para que lo hagan. Así pues, Regina entró a engrosar las filas de los parlamentarios que, por medio de una figura que consagró la Constitución de 1991, perdieron sus curules.

USOS Y ABUSOS
Independientemente de si se hizo o no se hizo justicia en el caso de Regina, lo cierto es que los fallos sobre pérdida de investidura que emitió el Consejo de Estado la semana pasada pusieron otra vez la figura en el centro de una dura polémica. El tribunal decidió que los parlamentarios Félix Salcedo Baldión -acusado de intervenir en la adjudicación del contrato de las barcazas-, y Vivian Morales -quien participó en el trámite de la Ley de Libertad Religiosa cunado su marido era representante legal de una iglesia- podrían conservar su curul. Estos dos casos, sumados a los de parlamentarios que han conservado su calidad de congresistas como José Blackburn, Jaime Lara Arjona y Rafael Forero Fetecua, y a los de otros que ya habían perdido su investidura como Lucelly García, Samuel Alberto Escrucería y José Ramón Navarro, han resultado confusos y han hecho que la opinión -que percibe como inocentes a algunos de los que han perdido su curul, y que condena a algunos de los que han sido exonerados- pierda las esperanzas que tenía puestas en el instrumento.
Con los procesos de la semana pasada por lo menos dos cosas quedaron en claro. La primera es que, en la búsqueda desesperada por la eficiencia, el instrumento de la desinvestidura se convirtió en un juicio sumarial a los parlamentarios. Los 10 días de plazo que tiene el Consejo de Estado para fallar son, a todas luces, insuficientes. Es poco lo que se logra demostrar en una etapa probatoria de sólo tres días. La segunda es que la pérdida de investidura de Regina Betancourt es más bien una excepción en un cúmulo de parlamentarios que han salvado su curul tras un proceso ante este alto tribunal. Y el hecho de que a quien peor le haya ido haya sido justamente a esta atípica parlamentaria poco vinculada a la tradicional clase política, ha creado la impresión ante algunos sectores de la opinión de que ella puede haber sido más bien un chivo expiatorio de sus propias culpas y de las de otros, quienes con mayor habilidad y experiencia, le hicieron esguinces a la ley para salvar su pellejo.
Por todo esto resulta obvio que, en el futuro inmediato, será necesario precisar aún más las normas y los procedimientos para hacer más efectivos pero también más justos estos procesos. De lo contrario, esa especie de moda impuesta por la novedad de las demandas de pérdida de investidura tenderá a caer en desuso y, dentro de algunos años, este período será visto simplemente como una cacería de brujas.

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