08 diciembre 2012

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Cadena de corrupción: la historia de Héctor Julio Leal

DENUNCIAEl viacrucis de unos empresarios del carbón revela cómo la corrupción ronda los entes públicos. Desde mensajeros hasta congresistas, pasando por funcionarios y oportunistas, aprovechan para cobrar coimas por cualquier gestión.

Cadena de corrupción: la historia de Héctor Julio Leal. La mina de carbón El Coral, en Tausa, Cundinamarca, fue cerrada por estar ubicada en zona de páramo. Sus dueños alegan que por haber sido descubierta hace 30 años tiene derecho a continuar su explotación como sucede con minas vecinas.

La mina de carbón El Coral, en Tausa, Cundinamarca, fue cerrada por estar ubicada en zona de páramo. Sus dueños alegan que por haber sido descubierta hace 30 años tiene derecho a continuar su explotación como sucede con minas vecinas.

Foto: GUILLERMO TORRES/SEMANA

Con la suerte que ha tenido el geólogo Héctor Julio Leal pareciera que la mina que descubrió hace 30 años no fuera de carbón sino de sal.

Perdió una década entera demostrando que con documentos falsos le habían quitado el control de la empresa. Cuando la recuperó tuvo que renovar su título mi
nero y para lograr una atención expedita asegura que un congresista se quedó con el 25 por ciento de la empresa. En el trámite, un avivato le quitó los derechos de más de la mitad de la mina.

Luego tuvo que gestionar un permiso ambiental por el que le pidieron 500 millones de pesos, y después un par de funcionarios de un ente de control le sacaron 3 millones de pesos con la promesa de que en ocho días lo tenían trabajando en la mina. Algo que no sucedió. Para completar, se queja de que puso la denuncia en las más altas instancias de la Justicia y nada ha pasado. No se ha sancionado a los funcionarios implicados, ni se le han restituido los derechos que alega.

Para Leal la ilusión de que había hecho el negocio de su vida comenzó en los años ochenta, cuando encontró un yacimiento de carbón coquizable de alta calidad en el municipio de Tausa en Cundinamarca. Fundó Ingeocarbón y durante 15 años explotó la mina. Pero a comienzos de los años noventa un empleado por medio de actas falsas se hizo al control de la empresa, y lo sacaron del negocio. El litigio duró diez años. En 2004 la Fiscalía ordenó cancelar las actas hechas con "documentos espurios" como consta en un memorando del ente de control que fue registrado en la Cámara de Comercio, y que SEMANA constató.

Esto le permitió a Leal volver a Ingeocarbón, pero eran tantos los líos que arrastraba que decidió liquidarla y abrir una nueva firma: Incarcoque. El problema era transferir el título de una empresa a otra, algo que no se puede hacer. Para ese momento las finanzas de Leal estaban en quiebra. Por eso se asoció con el abogado Roberto Aranguren y juntos pensaron que la solución era explorar caminos con la alta jerarquía del sector minero. Los socios dicen que el ministro de Minas de la época los atendió, gracias a gestiones del entonces representante a la Cámara por Vaupés, Javier Miguel Vargas. Pero tuvo un alto precio. Les cobró el 25 por ciento de la empresa, como quedó consignado en el registro mercantil de la compañía. La reunión con el ministro fue de trámite. Escuchó la versión de los empresarios y los contactó con el director de Ingeominas de la época para que revisara el caso.

El excongresista Vargas dijo a SEMANA que no hizo ningún tráfico de influencias con el ministro. Que solo se reunió en un par de oportunidades con el director de Ingeominas para denunciar los atropellos que había sufrido Leal. Asegura que no es cierto que le hubieran dado las acciones por su gestión con funcionarios públicos, sino que pagó por ellas porque parecían un buen negocio. Vargas dijo: "Quien les ayudó con la cita con el ministro fue Fabio Arango Torres", también exrepresentante por el mismo departamento. El excongresista Arango dijo que su gestión fue ante la autoridad ambiental y no ante el ministro.

En Ingeominas, Leal acordó con los funcionarios cancelar el titulo viejo a nombre de Ingeocarbón, y a primera hora del siguiente día hábil solicitarían nuevamente el titulo a nombre de Incarcoque. Con esta fórmula evitaría que alguien más pudiera quedarse con la mina, pues en ese momento estaba vigente el principio de "primero en el tiempo, primero en derecho". El trámite lo hicieron el viernes 28 de julio de 2007 y el lunes 31 solicitaron el título a nombre de la nueva compañía. Pero no les adjudicaron la misma área. De las 146 hectáreas originales, solo les quedaron 68, según comprobó esta revista en Ingeominas. ¿Qué pasó? Ese sábado alguien con información privilegiada registró en una notaría la solicitud del área.

Los empresarios decidieron no pelear pues habían quedado con el área más productiva. El problema ahora es que estaba invadida. Con el nuevo título en la mano y con ayuda de la Policía local, desalojaron a los invasores a finales de 2007.

La alegría de regresar a la mina duró poco. A los dos meses la Alcaldía la selló tras un requerimiento de la Procuraduría Ambiental y Agraria, pues la Corte Constitucional había prohibido explotaciones mineras en zonas de páramo. Según Leal, por ser una mina antigua, estos títulos tienen un tratamiento especial subsanable con un plan de manejo ambiental. Así al parecer sucede con algunas minas vecinas en condiciones similares. El problema es que el título de Leal técnicamente es nuevo. Para hacer valer su derecho comenzó una intensa ofensiva de nuevas gestiones. Con la oficina de la CAR local no tuvo suerte. Por lo que acudió directamente al director de la CAR Cundinamarca.

Cuando los mineros Leal y Aranguren buscaban la cita con el director de la CAR, los hermanos Rigoberto y Alfonso Bejarano Acosta los contactaron diciendo que si les pagaban 300 millones de pesos obtendrían la licencia. Eso era posible porque eran primos del director de la CAR de la época. Los mineros ofrecieron la mitad. Los hermanos Bejarano Acosta les habrían aceptado el pago diferido, pero en ese caso la tarifa era de 500 millones de pesos. Para sellar el trato, el 21 de julio de 2010 firmaron un 'contrato de gestión profesional' en una notaría cercana a la CAR (Ver Documento). Luego de la diligencia, el minero Leal entró al despacho del director de la CAR acompañado por Alfonso Bejarano y el exalcalde de Gachetá Luis Beltrán, según lo constató SEMANA en los registros de ingreso a la entidad.

La reunión no produjo ningún resultado. El director de la CAR les dijo que por la ubicación de la mina esa licencia no era posible expedirla. En su despacho no se habló de ninguna negociación. SEMANA habló con el director de la CAR de la época, quien asegura que no tiene unos primos con ese nombre, que recuerda la reunión, y que para él solo se negó una licencia conforme a lo que dicta la ley. El exalcalde Beltrán dice que sí ayudó a concretar la cita, pero que no sabía de ninguna negociación irregular. Por su parte Rigoberto Bejarano, uno de los tramitadores, informó con su asistente, que era una falta de respeto que lo llamaran hasta el día de cierre, y no accedió a hablar por teléfono.

La siguiente instancia a la que acudió Leal fue a la Procuraduría General. Allí lograron que los atendieran en las altas esferas del organismo de control. Uno de los funcionarios asignados para revisar su caso fue Carlos Barón, profesional de carrera vinculado en esa época con la delegada Ambiental y Agraria. Él ya conocía la situación, pues había participado en los operativos de cierre.

Por su parte Aranguren, el otro empresario minero, conoció al entonces mensajero de la Viceprocuraduría General. Él le dijo que conocía al 'propio', que por 5 millones le lograba los permisos en un tiempo récord. Aranguren accedió a pagar 3 millones. "La reunión fue en un café del centro de Bogotá en octubre de 2010, en el café jurídico de la calle 12. Ahí le entregué la plata y él se la entregaría a la persona clave ese día en un café de la séptima con calle 16". El 'propio' resultó ser Barón, a quien habían asignado para revisar el caso.

Ante la falta de resultados, Aranguren exigió reunirse con Barón y grabó la conversación que sostuvo con el funcionario. Barón dice que solo le llegó parte del dinero y menciona relaciones con paramilitares. Según los mineros, eso los intimidó por lo que no denunciaron. Barón sigue vinculado a la Procuraduría en otra delegada. SEMANA lo contactó y al comentarle el tema, colgó la llamada.

Los mineros insistieron con nuevas gestiones, pero la respuesta fue la misma: no hay permiso para explotar una mina en un páramo. Por último, insistieron con una reunión directamente con el procurador general Alejandro Ordóñez. A él le entregaron la denuncia de lo que consideran sus derechos vulnerados por el supuesto manejo irregular de su caso. También le entregaron el audio del funcionario. Según los mineros, pasó mucho tiempo sin que hubiera pronunciamiento alguno por lo que lo entutelaron. En el ente de control dicen que la denuncia contra Barón está en práctica de pruebas y dentro de los tiempos previstos por la ley.

El Coral era el nombre original de la mina. Hoy Leal comenta en broma que debería ponerle La Imposible. Sin duda un estado al que llegó en gran parte por los muchos atajos que quisieron tomar estos empresarios, y por todos los avivatos y corruptos que se han encontrado a su paso.
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