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| 12/6/2016 12:40:00 PM

Prisión perpetua a violadores de niños: ocho años de promesas

Tras el crimen de la niña Yuliana Andrea Samboní, desde el Gobierno y el Congreso insisten en este castigo, propuesto desde el 2008. ¿Es pertinente?

No es la primera vez que los congresistas de todos los partidos y de todos los colores políticos aparecen indignados ante las cámaras de televisión pidiendo castigar ejemplarmente a violadores y agresores de niños.

La imagen se repitió este lunes. El crimen de Yuliana Andrea Samboní, la niña de 7 años que fue raptada, ultrajada, abusada, torturada y asesinada por asfixia en Bogotá, según Medicina Legal, no solo escandalizó a la sociedad colombiana, sino que volvió a abrir el debate sobre si la prisión perpetua debe ser la respuesta a estos crímenes.

Cristina Plazas, directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, fue la primera funcionaria del Gobierno que hizo ese llamado. Aseguró que estos “criminales, inhumanos, desgraciados … deben estar toda la vida en la cárcel y no en la calle”. Por eso le pidió al Congreso que apruebe “de una vez por todas” una legislación para imponer la prisión perpetua a violadores y asesinos de menores de edad.

Mauricio Lizcano (La U), presidente del Senado, se mostró partidario de imponer la prisión perpetua como castigo, y aseguró que el Congreso “está listo” para imponerles esa máxima pena a violadores y asesinos de niños. “Colombia no quiere más niños muertos, es una tragedia enorme. La única solución es la prisión perpetua, estamos en mora de hacerlo”, reconoció.

El referendo de Gilma Jimenez

No es el primer presidente del Congreso en hacer este tipo de anuncios después de una tragedia como la de Yuliana. La prisión perpetua es un debate que completa por lo menos ocho años. Surge cuando un caso logra salir a la luz pública. La prueba, han sido hasta cuatro los intentos en el parlamento colombiano, y la idea de referendo que impulsó infructuosamente Gilma Jimenez.

La senadora, quien en vida fuera reconocida como la congresista de los niños, convirtió esa bandera en su causa política. No solo creía en la prisión perpetua sino que consideraba que se debían construir unos muros de la infamia para que los violadores de niños fueran expuestos al escarnio público, y a su vez las familias pudieran protegerse de ellos.

Era concejal de Bogotá en el 2008 cuando salió por primera vez a las calles a recoger firmas. Ese año, en una columna en el diario El Tiempo, justificó su propuesta:

“Según cifras oficiales, en el 2006 aproximadamente, más de 200.000 niñ@s fueron violados, 850.000 maltratados severamente, 25.000 explotados sexualmente y en promedio cada día 7 niñ@s mueren violentamente; delitos cuyas consecuencias son obviamente irreversibles. Esos delitos son silenciosos, no se denuncian, y la impunidad es la más importante estadística para mostrar como resultado”.

Diez años después la radiografía es más aterradora. Yohanna Salamanca Jiménez, hija de Gilma, dice que (según Medicina Legal) el año pasado se practicaron aproximadamente 21.000 exámenes por abusos sexuales, 16.000 a niños menores de 14 años, y 5.000 a niños de cero a cinco años. “En Colombia cada hora hay dos niños violados, y cada cinco día se asesinan tres niños”, asegura.

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Cuando Gilma Jiménez impulsó el referendo, el crimen de Luis Santiago, un bebé de solo once meses, raptado, violado y asesinado por su padre, Orlando Pelayo, fue quizás el que más conmovió y escandalizó al país. Tanto que el entonces fiscal general de la Nación, Mario Iguarán, también salió a las calles para promover la cadena perpetua.

¿Es la solución?

Muchas voces también se opusieron pues aunque el repudio sobre estos crímenes es generalizado, muchos expertos creen que esa no es la solución al problema. En ese momento, el jurista Rodrigo Uprimny calificó la iniciativa de “irracional” y “absolutista”.

Aseguró que el referendo desarticulaba el sistema punitivo sin ofrecer una protección adicional a los niños y niñas que sufren de este flagelo. Agregó que “viola principios esenciales al Estado de Derecho, como el de la proporcionalidad de las penas y la función resocializadora de la pena, por lo que equivale a una sustitución de la Constitución”. Y le pidió a corte declararlo inexequible.

La propuesta también fue criticada en la Comisión de Política Criminal, que agrupa a los principales expertos jurídicos del país. El organismo llamó en su momento a los parlamentarios a “reflexionar sobre la pertinencia, la conveniencia y la justicia de las iniciativas, y no simplemente aprobarlas con el argumento de que tienen amplio respaldo popular” y agregó que “esa propuesta tampoco es fruto de una política criminal sustentada, que realmente proteja a los niños, niñas y adolescentes en Colombia, contra esos crímenes”. El referendo de prisión perpetua finalmente fue aprobado en el Congreso, pero la Corte Constitucional lo declaró inconstitucional. Aseguró que en su trámite había vicios de forma.

Fue una discusión que no siempre contó con el respaldo del Gobierno. El entonces presidente Álvaro Uribe manifestó sus reparos a la cadena perpetua para violadores, asesinos y secuestradores de menores, argumentó que la pena podría extenderse luego a otros delitos. El mandatario era partidario del aumento de penas sin posibilidad de rebajas o beneficios, en lugar de la prisión de por vida.

Gilma Jiménez fue elegida senadora en el 2010 con una de las más altas votaciones en la historia, 280.000 votos aproximadamente. Lo primero que hizo al posesionarse fue insistir en el referendo.

Pero fue el escabroso crimen de los hermanos Yenny Torres Jaimes, de 14 años, Jimmy y Jefferson, de 9 y 6 años, brutalmente ultrajados por el teniente del Ejército Raúl Muñoz, el que reabrió el tema. El crimen de los niños de Arauca conmovió al país en octubre del 2010, y de nuevo el Congreso se comprometió

El referendo de prisión perpetua triunfó en el Senado, que lo aprobó, pero la Cámara de Representantes no aprobó la iniciativa. Esta vez el Congreso se abstuvo de imponer esta sanción. El entonces jefe del Partido Conservador, José Darío Salazar, incluso, defendió la hipótesis de que los violadores pueden regenerarse. "No soy experto, pero me parece que científicamente hay un tratamiento psiquiátrico profundo y que los violadores podrían regenerarse (...), lo que no quiere decir que no paguen cárcel", dijo en un debate en el 2011.

En febrero del 2015, Deinner Alfredo de 4 años, Laura Jimena de 10, Juliana de 14 y Samuel de 17 años, los cuatro hermanos Vanegas Grimaldo que fueron asesinados por sicarios en Florencia (Caquetá). Un crimen que rechazó el propio presidente Juan Manuel Santos, quien exigió la captura de los responsables y ofreció una millonaria recompensa.

Tras este crimen fue al entonces presidente del Congreso, José David Name, y copresidente del partido de La U,  quien anunció un proyecto para imponer la prisión perpetua para violadores y agresores de niños. “Esto cuenta con el respaldo del Presidente Santos”, dijo en aquel momento, y se comprometió a presentarlo el 16 de marzo de ese año. El proyecto no ha llegado aún.

Meses antes, en noviembre del 2014, el presidente Santos, en un encuentro espiritual del Partido de La U en Santa Marta, anunció que respaldaría esa iniciativa. Lo había hecho antes de la reelección, cuando el partido convenció a Yohanna Salamanca, la hija de Gilma Jiménez, para que integrara la lista de candidatos al Senado. Durante la campaña de la reelección, Santos asumió como bandera la iniciativa para castigar a los violadores de niños.

“Yo le pregunto al presidente Juan Manuel Santos si quiere pasar a la historia por ser el presidente más indolente con los niños”, dice Yohanna Salmanca para exigirle al mandatario que materialice con hechos su voluntad política. “Así sea por votos, por politiquería, por estar cerca a unas elecciones, pero por favor que lo hagan de una vez por todas”, es su mensaje a los congresistas.

¿Qué viene?

En la Cámara de Representantes se tramita una iniciativa en ese sentido, impulsada por el representante Efraín Torres, también del partido de La U.

Pero el mismo día en que se conoció el crimen de Yuliana, y mientras muchos bogotanos hacían plantones en el edificio donde se perpetró el crimen, en el sector de Chapinero, y en la clínica donde se recupera Rafael Uribe Noguera, otros parlamentarios de La U aparecieron ante los micrófonos para presentar otras fórmulas. Los senadores Roy Barreras y Maritza Martínez coincidieron en impulsar la iniciativa de castración química.

“Hace ocho años propusimos que a los violadores se les aplicara, como sucede en Francia y otros países, lo que se ha dado en llamar la castración química, que es la inhibición hormonal de sus impulsos sexuales. No es toda la solución, pero permite que los violadores, que suelen ser reincidentes, no reincidan, y es una de las terapias y una de las maneras de evitar que más víctimas sigan cayendo. La propuesta les pareció demasiado dura. Ya es hora de reaccionar con toda fortaleza contra estos asesinos que no tienen perdón de Dios y no pueden tenerlo de la sociedad”, explicó Barreras.

El debate es muy popular y genera conmoción en la opinión pública, pero tampoco hay claridad de que esa sea la salida. Como lo explicó este martes Isabel Agatón, la abogada del distrito que acompaña a la familia de la niña, el sistema judicial tiene penas contundentes para estos delitos que superan los 40 años de cárcel, lo cual en una persona de 38, como es el caso de Uribe Noguera, es equivalente a una prisión perpetua.

Como en muchos de los problemas del país, la solución no es solo aumentar los años de cárcel. La violencia contra los niños es uno de los peores cánceres de la sociedad. El director de Medicina Legal, Carlos Valdéz, le explicó a Semana.com que este fenómeno es un círculo vicioso que se repite de generación en generación. Agregó que las cifras son cada vez más preocupantes. Este año, 18.000 menores han vivido este tipo de flagelos y en el 95 % de los casos, los agresores son personas conocidas.

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