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| 9/13/2011 12:00:00 AM

Cadena perpetua: ¿la quinta será la vencida?

Los promotores anuncian como 'plan b' recoger más firmas para que el referendo no tenga que pasar por la aprobación del Congreso. Sería el quinto intento para imponer la 'pena máxima' para violadores de menores en la legislación nacional.

La senadora Gilma Jiménez (Partido Verde) y los promotores del referendo para imponer hasta la cadena perpetua para violadores y agresores de menores, sufrieron su más fuerte revés en el Congreso.
 
Sus argumentos, muy controvertidos, fueron derrotados de forma contundente en la Comisión Primera de la Cámara, donde 14 representantes (de 24 que votaron) pidieron archivar la iniciativa. 

Sin embargo, los promotores insistirán en su intento para que la legislación colombiana pueda imponer la pena máxima cuando se trate de delitos contra menores.
 
Anunciaron que saldrán a las calles para conseguir más de tres millones de firmas para saltarse el paso de la aprobación del Congreso, donde será muy difícil que una iniciativa de esta naturaleza vuelva a prosperar.
 
Ese ‘plan b’ fue anunciado por la senadora Jiménez este martes, quien se acogió al artículo 32 de la Ley 134 de 1994, que señala que basta con recoger firmas que superen el 10 por ciento del censo electoral para que el pueblo colombiano pueda ser consultado directamente.
 
“Saldremos a las calles a recoger tres millones de firmas para convocar directamente al referendo. (…) Los que pensaron que hoy terminaba, hoy comienza otra fase de esta causa. No existe ninguna probabilidad de que paremos, por más reveses que se tengan”, dijo Jiménez al anunciar que el primer paso será consultar con la Registraduría para establecer cuántas firmas harían falta y desde cuándo corren los seis meses para presentarlas.
 
En consecuencia, la principal bandera política de Jiménez -clave en su ascenso político del Concejo de Bogotá al Congreso de la República- tendrá un nuevo impulso. 

Y a pesar de los numerosos argumentos, incluidos los de la fiscal general y el procurador, que advertían la no conveniencia de la cadena perpetua, Jiménez y los promotores intentan que sea el pueblo colombiano, mediante consulta, el que pueda cambiar directamente la Constitución.
 
“Aquí hay un mandato constitucional que es el derecho que tenemos los colombianos a modificar, mediante una iniciativa popular, la Constitución. Algunas personas no quisieron entenderlo. Pero la norma fue tan sabia, que si una iniciativa popular no prosperaba en una corporación pública, directamente el pueblo colombiano lo puede hacer. El gran temor que hay (en el Congreso) es que prospere una iniciativa popular. A que quede el antecedente que el pueblo colombiano puede modificar su propia Constitución. Eso es lo más legítimo en una democracia”, concluyó Jiménez.
 
El cuarto traspié
 
Los dolorosos hechos como la muerte de Santiago Pelayo, secuestrado y asesinado por su propio padre en octubre del 2008, motivaron a que en el Congreso se impulsaran iniciativas como la del referendo para establecer la cadena perpetua.
 
Antes (2006 y 2008) habían cursado dos actos legislativos, de origen congresional, que buscaban modificar la Constitución para establecer la cadena perpetua. Ambos se hundieron en la Comisión Primera del Senado.
 
Pero fue en el 2008 cuando congresistas como Simón Gaviria y David Luna (en ese entonces del movimiento político ‘Por el país que soñamos’), apoyados por la entonces concejal Gilma Jiménez, decidieron recoger firmas para respaldar la iniciativa en el Congreso. Entre el comité de promotores de ese proyecto estaban Mario Iguarán (entonces fiscal general de la Nación), Edgardo Maya Villazón (procurador general) y Elvira Forero (directora del ICBF).
 
La iniciativa popular se presentó con el respaldo de cerca de 2,5 millones de firmas. “Una movilización cívica sin precedentes”, como la calificó Simón Gaviria, uno de sus promotores. La recolección de firmas costó 30.000 millones de pesos.
 
El proyecto superó favorablemente sus cuatro debates en el Congreso, pero durante su trámite la pregunta fue modificada por el Legislativo. Esa fue una de las razones para que la Corte Constitucional, en el año 2010, declarara inexequible el proyecto.
 
Ese mismo año los promotores revivieron el proceso y volvieron a tramitarlo en el Congreso. Pero el ambiente político que encontró la iniciativa fue más adverso. El referendo superó sus dos primeros debates en el Senado, con las votaciones mínimas. Tanto en Comisión Primera como en plenaria, el proyecto pasó ‘raspando’.
 
Hasta este martes 13 de septiembre, cuando la Comisión Primera de la Cámara decidió el archivo de la iniciativa. Los partidos políticos dividieron sus posturas, dejaron en libertad a sus representantes y decidieron acabar el trámite de la cadena perpetua.
 
Pero el 'plan b' está listo. Será la Registraduría la que certifique el nuevo paso que deberán seguir los promotores. El debate sobre la cadena perpetua como castigo para agresores de menores tendrá un quinto capítulo.

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