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| 11/11/2006 12:00:00 AM

Caja negra

Hay zozobra entre pensionados y funcionarios de Cajanal por las medidas del gobierno tras las revelaciones de corrupción en esa entidad hechas por SEMANA.

El sábado 4 de noviembre, los tres edificios de Cajanal en Bogotá parecían la escena de un crimen. Decenas de policías llegaron a las 5:30 de la madrugada y se apostaron defensivos en sus entradas. La orden era impedir el ingreso de cualquier persona y, sobre todo, evitar la salida de cualquier documento hasta nueva orden.

La presencia policial era sólo una de las medidas tomadas en el Palacio de Nariño apenas unas pocas horas antes, luego de confirmar que SEMANA publicaría una investigación en la que revela cómo a través de decisiones judiciales irregulares en contra de Cajanal, se están desangrando las finanzas públicas en más de 500.000 millones de pesos.

A la media noche del viernes estaban, entre otras personas, el ministro de Protección, Diego Palacio; el zar anticorrupción, Rodrigo Lara; funcionarios del Ministerio de Hacienda, y de la Superintendencia Financiera, esperando que Victoria Rosa López llegara para pedirle su renuncia a la gerencia de Cajanal. El secretario general de la Presidencia, Bernardo Moreno, que había participado de las reuniones previas, ya se había ausentado.

Además del cambio de gerente de esta entidad, el gobierno expidió un decreto, el 3902, que firmó el ministro del Interior y Justicia, Carlos Holguín Sardi, en su calidad de ministro delegatario al encontrarse el Presidente en Chile. Al mediodía del sábado, el ministro Palacio informó al país el contenido del decreto con el que se suspende durante cuatro meses la atención al público en esa entidad, con el fin de desatrasar las 80.000 solicitudes de jubilación que están pendientes por resolver, y atender las 350 tutelas que en promedio recibe a diario la entidad en su contra. El zar anticorrupción informó de algunas capturas y procesos judiciales, dando a entender que el gobierno ha tenido una acción decidida para combatir las irregularidades que se están presentando allí.

El puente festivo opacó la noticia y los policías que preveían un amotinamiento se quedaron con los crespos hechos y las tanquetas parqueadas. Fue tan imperceptible lo sucedido, que el martes en la mañana había confusión entre los 960 funcionarios que llegaron a su trabajo y no los dejaron entrar. Al poco rato se conoció de la posesión del nuevo gerente, el abogado Augusto Moreno Barriga, quien llegó con un grupo de personas y la anterior gerente al edificio Torre Blanca, que es la principal sede administrativa de Cajanal en el centro de Bogotá. Mientras tanto, al frente del edificio circulaban fotocopias del decreto.

El ambiente se enrareció más cuando se supo que a la ex gerente ni siquiera la dejaron retirar sus objetos personales, que se estaban haciendo copias de la información de todos los computadores y revisando escritorios. Uno de los funcionarios de Cajanal comentó que era como si estuvieran buscando la caja negra de un avión cuando se estrella para saber la causa del accidente.

Esta situación se prolongó durante la mayor parte de la semana. Sólo el jueves en la tarde se empezó a atender el público y hasta el viernes en la mañana -siete días después- se retiraron los piquetes de policías y pudieron entrar todos los funcionarios.

La 'retoma'

Es fácil concluir que lo que buscó el gobierno con semejante operativo era coger el toro por los cuernos, como se dice coloquialmente. No es para menos. "Lo que denunció SEMANA es cierto. La situación es crítica. El desgobierno y los procesos de corrupción que se estaban evidenciando necesitaban un plan de choque como el que se tuvo", dice Mónica Uribe, la directora de regulación social y económica del Ministerio de Hacienda, y una de las funcionarias a las que le atribuyen un inusual poder en el tema pensional del país. Por su parte, el ministro Palacio dice que "desde hace varios meses se venían discutiendo medidas para tomar frente a la situación de Cajanal, y lo que se hizo fue acelerar decisiones que estaban discutidas, y que no se sabía cuándo se iban a ejecutar".

Con los ánimos más calmados luego de la espectacularidad y exótica reacción del gobierno, la pregunta que queda es si se está haciendo lo que se debe o hay riesgo de una embestida del toro que los puede coger mal parados.

El primer punto que despierta interrogantes es el artículo del decreto que suspende hasta el 5 de marzo de 2007 la atención al público en Cajanal. El gobierno ha explicado que lo que busca con esto es poner al día la entidad. Sin embargo, no es claro cómo se soportará la avalancha de solicitudes que llegará de lo que se represe durante estos cuatros meses. Además, hay dudas sobre la legalidad de una medida como esta. ¿Qué pasa con una persona que depende de su pensión para vivir y se ve sometida a esta dilación? La Procuraduría ya pidió que se aclare el alcance de esta medida y abogados consultados por SEMANA dicen que el decreto no aguanta una tutela que le pongan.

De otra parte, que se hagan copias de seguridad de toda la información existente es importante para una entidad como ésta, que tiene en su desorden parte de la raíz de sus problemas. Sin embargo, hay que evitar que éstas terminen en manos de abogados que litigan contra la entidad, ya que hay indicios de que parte de las trampas se hace a partir de bases de datos que se han filtrado. Además, la copia de archivos personales, y búsqueda de información en los escritorios de algunos funcionarios sobre los que puede haber sospechas de corrupción sin presencia de órganos de control y judiciales, puede acarrear problemas posteriores.

El segundo aspecto que ha llamado la atención es que el nuevo director recomendado del Ministerio de Hacienda y sin contacto alguno previo con esta entidad, haya hecho ascensos provisionales de funcionarios que la anterior administración había retirado de sus cargos. Es urgente que la nueva administración no termine siendo presa fácil de las tensiones internas que hay entre los polémicos sindicatos de la entidad.

SEMANA buscó información más detallada con el nuevo gerente de Cajanal, Augusto Moreno, sobre lo que se está haciendo, pero dijo que por el momento no atendía la prensa y que sólo esta semana lo hará porque "es necesario generar opinión pública sobre lo que está pasando acá y lo que se va a hacer".

El aspecto más crucial es que el grueso del desangre se ha dado por decisiones judiciales irregulares, algunas de ellas donde no se ha defendido oportunamente la entidad. Frente a eso, las medidas tomadas son como si en un caso de infidelidad se estuviera botando la cama. Se necesita una acción más decidida del gobierno para plantearle el problema a la rama judicial. El ministro Palacio dice que "al gobierno le preocupan las denuncias que hay. Estamos terminando de completar la información que dio SEMANA para tener un acercamiento con las Cortes".

El Ministro es optimista y espera en estos cuatro meses sacar adelante el plan de contingencia en el que no sólo se actualice la información, sino que además se digitalice y salvaguarde su archivo. No hay que escatimar los esfuerzos para atajar la vena rota que se ha abierto a través de Cajanal. Pero también es necesario avanzar en encontrar los responsables de este desangre. Está por verse la respuesta de los organismos de control en este tema que seguramente, seguirá dando de qué hablar.

Si tiene información adicional sobre este tema, escriba a: investigaciones@semana.com
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