Domingo, 22 de enero de 2017

| 1985/02/25 00:00

CAJAS LAVADORAS

Estalla nuevo escándalo sobre colombianos que lavan dólares en EE UU.

CAJAS LAVADORAS

Cuando apenas se han comenzado a pagar las reacciones sobre la extradición a los Estados Unidos del dirigente deportivo Hernán Botero Moreno y mientras se espera la sentencia contra Mariano Ospina Baraya y Mauricio Ledher dos jóvenes colombianos condenados hace pocas semanas en la Florida por lavado de dolares, todo indica que en este campo ha estallado un nuevo escándalo, cuyas proporciones habían llegado a superar ampliamente los dos casos anteriores. Un fiscal de Miami formuló 46 cargos y acusó formalmente a principios de la semana pasada 7 colombianos por lavar"por lo menos trece millones de dolares", a través de una cadena de cuentas bancarias y de una caja de cambios cuya sede se encontraba precisamente al frente del edificio de la DEA en Miami. Esos 13 millones de dólares serán diez veces el monto de lo lavado por Ospina y Lehrer.
Los acusados son Hugo Cuevas, Graciela Bonilla de Cuevas, Francois Dolmetsch y Angela Cuevas de Dolmetsch, propietarios de la firma Cuevas Asociados Ltda., así coma tres empleados de una segunda firma, vinculada a la primera, y conocida con el nombre de Dialuz Mundial Ltda., quienes, según la información suministrada por las agencias internacionales, habrían huído de los Estados Unidos desde cuando se inició en ese país la investigación, y se encontrarían en Colombia.
Lo más interesante de la información es que Cuevas y Asociados, conocida en Cali como Universal de Cambios, está siendo investigada en Colombia por la Superintendencia de Control de Cambios, cuya oficina del Valle visitó la sede de la firma en abril de 1983 hallando al parecer numerosos documentos que podrían probar posibles infracciones cambiarias, por un monto que difícilmente podría ser manejado por el departamento internacional de un banco.
Como se sabe, las cajas de cambios sólo están autorizadas por el Estado para comprar divisas y venderlas al Banco de la República, negocio que, al menos aparentemente, beneficia la balanza cambiaria del país. Pero en el caso de Universal de Cambios las autoridades colombianas han encontrado el registro de supuestas ventas de divisas a particulares, por sumas millonarias, y el envío por télex a cuentas en el exterior de esos dineros, en operaciones de típica fuga de capital, y para las cuales las cajas de cambios no se encuentran autorizadas.
El caso de Universal de Cambios produjo además un serio enfrentamiento entre la Superintendencia de Cambios y la Procuraduría General de la Nación, ya que esta última sancionó a la jefe de la seccional de la Supercambios en Cali, María Angélica Pulido, por lo que habría sido un supuesto allanamiento ilegal de las oficinas de la caja de cambios en la capital del Valle, durante la visita que permitió detectar las irregularidades que hoy se están investigando.
La tésis de la Procuraduría es que la visita a la caja de cambios debía haberse hecho con una orden judicial, en contra de la costumbre de muchos años, y no con una orden administrativa. El caso produjo la semana pasada una columna de Daniel Samper Pizano, a través de la cual la Unidad Investigativa de El Tiempo cuestionaba el fallo de la Procuraduría, por cuanto la necesidad de una orden judicial para visitar las cajas de cambios convierte en paquidérmica cualquier investigación de la Supercambios. Anotaba Samper que si esa tesis de la Procuraduría se aplicaba a las demás Superintendencias (Bancaria y de Sociedades, por ejemplo) se irían al traste buena parte de las investigaciones de éstas e incluso hubieran resultado nulas las que en 1982 permitieron destapar el escándalo del Banco Nacional y otras entidades financieras.
La sanción impuesta por la Procuraduría a la funcionaria de la Supercambios ha puesto en entredicho la investigación contra Universal de Cambios, que es básicamente la misma que se sigue en los Estados Unidos contra Cuevas y Asociados y que podría, según el fiscal de La Florida que se encuentra a cargo del caso, dar origen a una solicitud de extradición contra los 7 colombianos acusados, cuatro de los cuales siguen operando, según estableció SEMANA, con la caja de cambios de Cali, aunque ésta tiene su permiso vencido. De todos modos, las proporciones del escándalo pueden aumentar considerablemente, en particular si se tiene en cuenta que según las autoridades norteamericanas, los 13 millones de dólares cuyos traslados no fueron registrados al Servico de Impuestos Internos de los Estados Unidos, podrían constituir apenas una décima parte del total del dinero vinculado a las operaciones y esto convertiría el caso en uno de los más espectaculares de la historia del país. -

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