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| 6/7/1993 12:00:00 AM

CALI QUIERE JUBILARSE

Los jefes del cartel de Casi ofrecen el retiro del negocio. ¿Qué tan válida es esta oferta?

HACE APROXIMADAMENTE UN MES, CERCA de 100 personas del Valle del Cauca se reunieron en una elegante residencia campestre en las afueras de Cali. No se trataba de 100 personas comunes y corrientes. Se trataba de individuos que directa o indirectamente habían sido vinculados con el narcotráfico durante su vida y que decidieron relizar una cumbre para discutir el futuro del negocio.
Entre los asistentes a la reunión había de todo. Desde veteranos retirados hasta las nuevas generaciones de jefes de carteles pequeños. Esto mezclado con contadores, financistas, transportadores y, obviamente, mucha escolta. Allá estaban Gilberto Rodríguez Orejuela y su hermano Miguel, Francisco Herrera, José Santacruz y muchos otros. Estos alternaban democráticamente, whisky en mano, con una serie de personajes algunos de los cuales ni siquiera conocían. Lo que se denomina el cartel de Cali no es hoy una organización centralizada sino una federación de múltiples grupos independientes que de cuando en cuando hacen alianzas estratégicas. Se considera que el cartel del norte es el de más peso hoy dentro de esa federación. El eje del poder que antes estaba en Cali se ha trasladado hacia el norte del Valle y eso ha diluido aún más cualquier liderazgo central.
En todo caso allá estaban todos, o casi todos. Se había preparado una mesa gigantesca que habría de convertirse en el sitio de trabajo durante varias horas. Todos los presentes reconocieron que el negocio iba bien. Las cifras eran impresionantes. Hacía apenas cinco años el cartel de Medellín exportaba el 70 por ciento de la cocaína del país y de Cali representaba un papel secundario con un porcentaje del orden del 20 por ciento. Hoy esos porcentajes se habían prácticamente invertido, quedándose el Valle del Cauca con la tajada del león.
Sin embargo no se veía muy despejado. Varios de los presentes están viviendo en la clandestinidad y en esas circunstancias nadie puede gozar su fortuna. Más grave aún, se discutió de frente cuáles serían las implicaciones a mediano plazo si el Gobierno solucionaba el problema de Pablo Escobar. La conclusión fue que con el jefe del cartel de Medellín, muerto o entre las rejas, quedaría desempleado todo el aparato militar que se haía montado para combatir a Escobar. Eso significaría que tarde o temprano, todo ese aparato se volcaría sobre el Valle del Cauca. Los tres mil hombres del Bloque de Búsqueda que hoy están regados por las montañas de Antioquia, pasarían a hacer sus allanamientos en las planicies del Valle. El Gobierno tendría interés de mostrarle a la opinión pública internacional, después de la caída de Escobar, que la guerra no era solo contra una persona sino contra un pecado. Y con el cartel de Medellín en vías de extinción, la mayoría de los pecadores quedarían del otro lado. Por todo esto se decidió, por primera vez en la historia de los carteles, estudiar la posibilidad de que el de Cali se desmontara. Se le pidió a todos los presentes que estudiaran el tema y se acordó convocar una segunda reunión para 15 días más tarde.
En el mismo lugar se reunieron las mismas personas dos semanas después. La reunión fue dedicada en su totalidad a estudiar la situación jurídica de cada uno de los presentes. Después de hacer un largo repaso de esta situación y de las perspectivas para el futuro si seguían en lo mismo, se llegó a la conclusión de que había llegado el momento de dar un gran viraje. Por todo esto, se decidió presentarle al Gobierno en forma oficial una oferta de desmonte del negocio, a cambio de una sola cosa: la ampliación del debido proceso en los casos jurídicos de cada uno de ellos.
¿Qué significaba todo esto? Que en realidad lo que más los mortificaba era la no definición de sus situaciones jurídicas. Varios de los asistentes a la reunión tenían que vivir en la clandestinidad por muchas razones. Algunos estaban solicitados por la justicia. Otros tenían procesos abiertos, pero no tenían boleta de captura y otros más eran simplemente llamados "presuntos'' narcotraficantes. Ni el propio Gobierno estaba de acuerdo sobre quién era responsable de qué. Varias entidades oficiales tenían una lista propia de lo que consideraban el cartel de Cali y las listas no siempre coincidian. Pero el hecho es que por cuenta de este desorden o de esta confusión, todos sentían que les podría pasar cualquier cosa en cualquier momento.
La solicitud que decidieron hacerle al Gobierno era muy sencilla. Simplemente le pedirían que elaborara una lista única sobre quiénes eran los miembros del cartel de Cali que tuvieran cuentas pendientes con la justicia. Una vez que esta lista se hiciera pública, solicitarían que se subdividiera en las tres categorías mencionadas anteriormente. Todos los que simplemente fueran considerados "presuntos" narcotraficantes, sin que se tuviera ninguna prueba de su actividad, deberían ser tachados de la lista. En ese momento la justicia debería concentrarse en los que tuvieran acusaciones formales. A estos se les debería dar una garantía del debido proceso. Al que se le pudiera probar aIgo, se le aplicaría la condena de conformidad con todas las normas legales. Al que no se le pudiera probar, se le cesaría el procedimiento.
Tachando a todos los "presuntos" de la lista, el número de personas de las cuales deberíia ocuparse la justicia sería relativamente pequeño. No más de 20 de los cabecillas del cartel de Cali tienen cuentas pendientes con la justicia. La petición del debido proceso como única petición sorprende, pues este es un derecho de todos los colombianos y una obligación de la justicia. Ellos, sin embargo, consideran que por razones de opinión pública, en el caso de personas famosas asosiadas con el narcotráfico, el debido proceso no se aplica. Como generalmente no existen pruebas contundentes en estos casos, los procesos se prolongan indefinidamente y nunca llegan a un final. Los jefes del cartel de Cali han sido declarados inocentes en múltiples instancias juridicas. Pero ellos afirman que cuando se llega a la última etapa, la de la absolución total, les invocan tecnicismos jurídicos para anularles los procesos y obligarlos a comenzar de cero.
No solo eso, consideran que con frecuencia se les hacen montajes para mantenerlos en el limbo jurídico. Un abogado del cartel, consultado por SEMANA, manifestó que las leyes sobre enriquecimiento ilícito están siendo aplicadas con arbitrariedad contra ellos porque dicho delito no existe para los particulares sino desde 1989, por lo tanto no puede cobijar patrimonios adquiridos con anterioridad a esa fecha. "Todo lo que se ha comprado desde 1989 hasta ahora puede ser investigado, incluso decomisado. Pero lo que se adquirió antes no tiene ningún control, aunque se haya comprado con dinero del narcotráfico, por la sencilla razón de que la ley no puede ser retroactiva ni para los narcotraficantes" afirmó el abogado a SEMANA.
En otras palabras, el mensaje es que si la justicia les puede probar que son narcotraficantes que los metan a la cárcel. Si no se los puede probar, que los dejen libres. El cálculo que ellos tienen es que de las personas que tienen procesos, que probablemente serían menos de 20, a la mayoría no se les podría probar en una Corte imparcial ningún delito. En los casos donde las pruebas sean suficientes, al que le toque se dará la pela. No se trata de sometimiento, porque el sometimiento implica confesión de un delito y no están dispuestos a confesar lo que no se les puede probar. Y por solidaridad de grupo, obviamente no ofrecen ninguna delación ni buscan ventajas por este concepto.
Y si eso es lo que piden, ¿qué es lo que ofrecen? El desmonte del negocio y el retiro definitivo de esa actividad. ¿Cómo se llevaría a cabo este ofrecimiento? Es todavía incierto. Contemplaron fórmulas de entrega de laboratorios, rutas, cultivos, etc., etc., pero sobre eso no se ha llegado a ningún acuerdo. En lo que sí son muy categóricos es en que el desmonte del narcotráfico no depende de actos simbólicos, como la entrega de un laboratorio ante las cámaras de televisión, tal como lo hizo Escobar, sino de la voluntad real de los protagonistas de abandonar el negocio. Por esto no le atribuyen mucha importancia al show de la entrega sino a los resultados. Afirman que la DEA y las autoridades colombianas están en capacidad de medir en forma efectiva cuántos embarques o aviones cargados con coca salen del Valle del Cauca. Los índices de decomisos constituyen un termómetro para medir el movimiento de la droga. Y la verdad final la dirá el precio de la cocaína en las calles de Nueva York. Hoy un kilo vale menos de 20 mil dólares. Si los 100 asistentes a la reunión en la hacienda del Valle del Cauca se retiraran, el precio debería llegar a 50 mil dólares rápidamente. ¿Y cómo se garantizaría el cumplimiento de este pacto? Según el abogado del cartel, en el mundo de ellos lo único que vale es un código de honor. Y este sí es muy concreto: el que se meta en el acuerdo tiene que cumplirlo. El que ponga conejo es hombre muerto.
En resumen, el planteamiento es algo así como "aplíquenos la ley, sin meterle política a la cosa, y nosotros les damos un compromiso de caballeros de acabar con el negocio".
Sobre estas bases, un vocero del cartel de Cali le transmitió la oferta al fiscal, Gustavo de Greiff. Este convocó una reunión inicial con el emisario y el procurador, Carlos Gustavo Arrieta. En este primer contacto se escuchó la propuesta. El Procurador y el Fiscal consideraron que el asunto era suficientemente delicado como para no cerrarle las puertas de entrada. Cuatro semanas después un importante hombre de negocios de Cali llamó individualmente, no solo al Procurador y al Fiscal, sino a el ministro de Defensa, Rafael Pardo; al director de la Policía Nacional, general Gómez Padilla, y al director del DAS, Fernando Brito, y los invitó a su propia casa para discutir el asunto. Esa reunión terminó teniendo lugar en el despacho del Fiscal General de la Nación. La entrevista no fue muy extensa. Los seis altos funcionarios escucharon al empresario vallecaucano por más de media hora. Cuando éste se retiró, el asunto se discutió entre ellos durante alrededor una hora más.

En términos generales la propuesta fue recibida con relativo escepticismo. El emisario que la transmitió fue, sin embargo, muy concreto y convincente. Pero todos los presentes eran conscientes de que el desmonte del negocio más rentable del mundo es muy fácil en el papel, pero no en la vida real. Y por otro lado, también están de acuerdo en que cualquier negociación es imposible. Todos los antecedentes que se han vivido con Pablo Escobar en materia de contactos, diálogos, etc., han acabado mal. Por eso ninguno de los presentes registró mayor entusiasmo frente a "la entrega" del cartel de Cali, aunque el Fiscal y particularmente el Procurador, no descartaban darle algún seguimiento siempre y cuando no implicara ninguna negociación.
El hecho de que la "entrega" no tuviera ninguna contraprestación solicitada diferente del debido proceso, es lo que ha llevado a que no se descarte. Que unos delincuentes solo pidan que se les aplique la ley no le crea, por ahora, mayores problemas a nadie. En estas circunstancias la oferta de retirarse del negocio es unilateral y la posición oficial es que ojalá se vuelva realidad.
Todas las anteriores son las posiciones oficiales en este caso. La realidad, sin embargo, es menos sencilla. Por un lado, es indudable que se ha hecho bastante malabarismo jurídico para no declarar inocentes a algunas personas que la opinión pública sabe que son grandes narcotraficantes, pero a quienes la justicia no se los ha podido probar. Los sistemas de investigación en los casos de narcotráfico son tan deficientes, que Pablo Escobar, el narcotráficante más grande en la historia de la humanidad, no tiene en Colombia ningún proceso pendiente por exportación de cocaína. Sus cuentas pendientes con la justicia en el país son solo por terrorismo y homicidio. Escobar y todos los grandes jefes de los carteles están buscados por narcotráfico en el extranjero, pero como la extradición ya está prohibida, esos procesos tienen un valor de cero en el momento de la verdad. Los miembros del cartel de Cali saben que la mayoría de las pruebas contra ellos son muy frágiles y probablemente no son suficientes para llegarlos a condenar. Calculan que de aplicarse la ley en términos estrictamente jurídicos, menos de cinco acabarían en la cárcel. Los otros quedarían con un paz y salvo ante la sociedad para poder salir a la calle y gozar su plata. El raciocinio que se hacen es que si el costo de este paz y salvo es desmontar el negocio, lo asumen. Al fin y al cabo son mejores mil millones de dólares en libertad que dos o tres mil millones en la clandestinidad.
La intención de entrega, según varias personas cercanas al proceso, parece ser real. Pero algo va de las buenas intenciones a la viabilidad. El código de honor que invocan puede que sea muy efectivo, pero la palabra de honor de unos narcotraficantes no es una prenda de garantía para la opinión pública. En realidad nadie espera que se pueda acabar con el narcotráfico del Valle del Cauca. Aunque tengan la voluntad real de retirarse los que hoy lo proponen, otros seguramente los reemplazarían. Mientras haya un negocio que pueda dar mil millones de dólares, siempre habrá alguien quien se le mida.
Sin embargo hay algunos elementos en la propuesta del cartel de Cali que son interesantes. En primer lugar, que no se esté pidiendo negociación de ninguna clase. Y en segundo lugar, que con el solo hecho de que se cumpla en parte algo de lo que ahora se está ofreciendo, se llegaría mucho más lejos en la guerra contra el narcotráfico de lo que se ha llegado a través de la política represiva de los últimos 10 años.
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