A CALIFICAR SERVICIOS

La Brigada 20 de Inteligencia del Ejército sólo le faltaba cometer un error para tener un entierro de tercera. Nunca antes una guarnición militar había sido tan cuestionada por decenas de organismos de derechos humanos ni había estado en la mira del propio gobierno de Estados Unidos. Con el argumento de que allí funciona-ban 'escuadrones de la muerte' -según palabras del ex embajador Myles Frechette-, las autoridades estadounidenses habían enfilado baterías en su contra. Como si no fuera suficiente, la ola de desprestigio creció con recientes publicaciones De importantes periódicos norteamericanos, los cuales llegaron a señalarla como la responsable de estar detrás de los asesinatos de la militante de izquierda María Arango y del abogado Eduardo Umaña Mendoza.
Ante tal arremetida el gobierno y la cúpula militar habían llegado a la conclusión de que era necesario meterle mano para hacer una reestructuración a fondo de la controvertida Brigada. No había duda, era necesario cambiarle el rumbo. Era inocultable que en algunos casos, y aunque sin respaldo institucional, miembros aislados de esa guarnición habían terminado involucrados en episodios relacionados con la guerra sucia. Los propios militares ya tenían en marcha, desde noviembre del año pasado, una estrategia a mediano plazo para darle un nuevo aire y más transparencia al funcionamiento de los servicios de inteligencia militar.
Sin embargo la Brigada cometió un error que habría de precipitar las definiciones de la semana pasada. Ocurrió el pasado 13 de mayo, un día después del atentado al general Fernando Landazábal. El Ejército, argumentando seria información de la Brigada 20, obtuvo el aval de la Fiscalía para realizar más de una docena de allanamientos en Bogotá con el fin de buscar a los responsables del homicidio. En la lista de inmuebles apareció una casa del sector de Teusaquillo, en Bogotá, desde donde, según inteligencia militar, se habría fraguado el plan que le costó la vida al ex ministro de Defensa. La Fiscalía autorizó los allanamientos pero sus dudosos resultados precipitaron el escándalo.
El allanamiento a una supuesta organización de fachada de la guerrilla resultó ser contra la Comisión de Justicia y Paz, una Organización No Gubernamental que depende de la Iglesia Católica. Como la sede estaba en manos de unas religiosas, el operativo fue considerado un atropello sin fundamento que derivó en nuevo episodio de señalamiento contra el Ejército. Desde diversos sectores de opinión se lo acusó de estar persiguiendo nuevamente a los promotores de los derechos humanos en el país y el propio presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Alberto Giraldo, responsabilizó al presidente, Ernesto Samper, por lo que les pudiera pasar a los miembros de la ONG que había sido ocupada. Aun cuando en forma pública el comandante de las Fuerzas Militares dijo que estaba dispuesto a ofrecer disculpas si se comprobaba que se habían cometido irregularidades en el allanamiento, lo cierto es que la tensión no disminuyó.
Dos días después de la operación el fiscal, Alfonso Gómez Méndez, visitó al presidente Samper y le manifestó su profundo malestar por lo ocurrido. En su concepto, el Ejército le había ocultado a la Fiscalía que en esa dirección funcionaba una organización de derechos humanos. De acuerdo con altas fuentes gubernamentales, ante las duras observaciones del Fiscal y en vista de que la reacción de las ONG contra el Ejército iba en aumento, el primer mandatario tomó una decisión: exigirle al alto mando militar la disolución inmediata de la Brigada 20, la cual había sido fuente de información del paradero de los posibles asesinos del general Landazábal.
Así, el 19 de mayo, una semana después del incidente con la Comisión de Justicia y Paz, se presentó la coyuntura ideal para que los militares dieran a conocer el desmantelamiento de la Brigada de Inteligencia. Fue durante la reunión de comandantes de división y de brigada en el Ministerio de Defensa. Pocos minutos después de empezar la cumbre el comandante de las Fuerzas Militares, general Manuel José Bonett, anunció que la Brigada 20 dejaba de existir. En medio de la sorpresa de sus colegas el alto oficial impartió la orden y punto. No ofreció explicaciones y ninguno de los 30 generales que estaban presentes formuló reparos. Acto seguido, Bonett organizó una rueda de prensa, en la que dio a conocer la noticia.

El experimento
La desaparición de la Brigada 20 significa el fin de un experimento que tuvo más éxito en la teoría que en la práctica. Nació a comienzos de 1991, tras la feroz respuesta guerrillera a la ocupación militar de La Uribe, el santuario de las Farc, en diciembre de 1990. En menos de tres semanas los alzados en armas destruyeron buena parte de la infraestructura vial, de comunicaciones y petrolera. Los organismos de seguridad no pudieron ponerle freno a la oleada terrorista.
Tras una evaluación de lo ocurrido, altos funcionarios del gobierno de César Gaviria y la cúpula militar de entonces concluyeron que parte del fracaso para hacerle frente a la ofensiva de la guerrilla había sido la inexistencia de un adecuado servicio de inteligencia. Fue entonces cuando surgió la idea de crear una organización que desarrollara tareas de inteligencia para buscar información sobre el enemigo, algo que no existía en aquellos días. La capacidad del batallón de Inteligencia Charry Solano, clave en la lucha contra el M-19 en los años 80, había sido desbordada por el desarrollo militar alcanzado por el ELN y las Farc.
Así, en apenas tres meses de trabajo, quedó estructurado el que se llamó 'Plan de desarrollo de la inteligencia'. Contemplaba la creación del arma de inteligencia y la compra de equipos y de información con parte del dinero obtenido con los bonos de guerra. Curiosamente esta nueva estructura, que con el paso de los días sería denominada Brigada 20, fue creada con base en el modelo norteamericano. No en vano unos 12 miembros del Comando Sur del Ejército de Estados Unidos asesoraron durante todo el proceso a los colombianos. Tiempo después, cuando la nueva unidad de inteligencia entró en operación, funcionarios norteamericanos continuaron visitando esas instalaciones.
Era la primera vez que el Ejército Nacional tenía a su disposición un enorme aparato investigativo, compuesto por ocho batallones, cada uno de ellos apoyado por seis redes de inteligencia, tres urbanas y tres rurales. En total, la Brigada 20 tuvo en sus filas a unas 3.200 personas dedicadas a escudriñar acerca de los movimientos y el funcionamiento de los grupos guerrilleros.
Fue concebida inicialmente como una entidad encargada de obtener información de manera clandestina para suministrarla a las tropas. El Ejército no tenía facultades de Policía Judicial y, por lo tanto, no estaba capacitado para desarrollar operaciones por iniciativa propia. Con estas premisas arrancó el experimento de 1991. Y funcionó. Con base en informes suministrados por la Brigada 20, en 1994 el Ejército rescató al industrial Carlos Upegui Zapata y fueron capturados Francisco Caraballo, del EPL (1994); Francisco Galán, del ELN (1992); Javier Callejas Rúa (1993), y Yesid Arteta (1996), entre otros. Adicionalmente los servicios de inteligencia militar advirtieron a tiempo sobre la posibilidad de varios de los fuertes golpes que ha recibido el Ejército en los últimos dos años, como el de las Farc en Patascoy, Nariño, y en El Billar, Caquetá.

Politización
En términos generales, expertos en el tema aseguran que, aunque el avance de la guerrilla era evidente, el Ejército había logrado montar una buena estructura de inteligencia militar acorde con las nuevas condiciones generadas por los cambios de estrategia militar de la guerrilla. Sin embargo la crisis política desatada por la narcofinanciación de la campaña de Samper se agudizó en 1995. Negros nubarrones enturbiaron a la Brigada 20, situada en el patio trasero de la Escuela Militar de Bogotá. Su desbarajuste se empezó a sentir en el segundo semestre de ese año, cuando en diversos sectores de la opinión empezó a hacer carrera la teoría según la cual en Colombia se estaba fraguando un golpe de Estado.
Si la sociedad estaba dividida y se polarizaba cada día más, no había razones para pensar que el fenómeno no repercutiera en las filas del propio Ejército. Así, en la Brigada 20 se comenzó a sentir la división entre quienes apoyaban a Samper y quienes lo cuestionaban. Esto se hizo evidente para la opinión pública en octubre de 1995, cuando el servicio de inteligencia militar le entregó al Noticiero Nacional un casete con la grabación de una conversación entre el representante Heine Mogollón _quien investigaba al primer mandatario_ y el gerente de una entidad bancaria, en la que se hablaba sobre la forma de acceder a un crédito. Desatado el escándalo, el informativo confesó la fuente. La filtración le costó el cargo al general Luis Bernardo Urbina, director de inteligencia y jefe directo de la Brigada 20, y a un oficial subalterno.
Este episodio demostró claramente que la Brigada 20, además de cumplir los objetivos para los cuales había sido creada, había dado un paso más y se había involucrado en la polémica sobre la financiación de la campaña liberal por el cartel de Cali. Esta situación fue advertida por unos pocos funcionarios de la embajada de Estados Unidos en Bogotá, quienes desaparecieron como por encanto de la Brigada de inteligencia. Nunca más volvieron.
Entonces se produjo el asesinato de Alvaro Gómez Hurtado en noviembre del 95. La embajada de Estados Unidos comenzó a dar las primeras puntadas para poner en la picota pública a la Brigada. Y aunque no aportó pruebas concretas sí dejó correr la especie según la cual en el crimen del dirigente conservador habrían estado implicados miembros de inteligencia militar. Esto fue lo que el embajador Frechette les hizo saber a los ministros de Defensa, Juan Carlos Esguerra y Gilberto Echeverri, respectivamente, y a altos funcionarios de la Fiscalía. El tiempo le daría la razón a Frechette: en marzo de 1997, 15 meses después del homicidio, cuatro personas que habían trabajado en inteligencia militar en Bucaramanga y que después de retirarse del servicio activo se habían convertido en informantes de la Brigada 20, fueron vinculados como posibles autores materiales del magnicidio.
Aunque los investigadores no han logrado avanzar hacia el terreno de los autores intelectuales, están convencidos de que el magnicidio del jefe conservador podría tocar a instancias más altas de la misma Brigada.
Lo que siguió después de la muerte de Gómez Hurtado fue el desarrollo de una clara estrategia norteamericana encaminada a destruir lo que años atrás había ayudado a construir. Y a eso contribuyó el cambio de libreto en la política exterior estadounidense, para la cual la prioridad de fin de siglo es la defensa de los derechos humanos. En esa misma línea se orientaron los más recientes pronunciamientos de las organizaciones no gubernamentales, las cuales cerraron filas para señalar a la Brigada de inteligencia militar como parte activa de la guerra sucia en la última década en Colombia. Las sindicaciones estaban sustentadas en crecientes denuncias en el sentido de que grupos paramilitares eran alimentados con información de inteligencia militar para localizar, hostigar y eliminar a los llamados auxiliadores de la guerrilla en diferentes partes del país
El discurso internacional contra la Brigada 20 empezó a calar con mayor intensidad el segundo semestre del año pasado, cuando asumió la nueva cúpula militar que ascendió tras el traumático retiro del entonces comandante de las Fuerzas Militares, general Harold Bedoya. Entre altos mandos militares se detectaba desde entonces una cierta incomodidad con las actividades de la Brigada. Hasta el punto de que en noviembre de 1997, cuatro meses después del último remezón en esa unidad, la cúpula decidió relevar al coronel José Guillermo Rubio y a otros cuatro oficiales del arma de inteligencia.
Fue entonces cuando el general Bonett y la nueva cúpula tomaron la decisión de reestructurar la Brigada 20 para enrutarla de nuevo por el camino que inicialmente se le había trazado. Eso quedó claro la semana pasada cuando, en una frase, el Presidente resumió lo que sucedía: la Brigada 20 era una rueda suelta que además estaba haciendo inteligencia política, contrariando los fines para los cuales había sido creada. Esta última frase de Samper no le gustó a Bonnet, quien ripostó diciendo que no sabía lo que había querido decir el Presidente y que era él quien debía explicarlo. Al mismo tiempo el oficial anunció que de ahora en adelante las actividades de inteligencia estarían enmarcadas en nuevos entes llamados Regionales de Inteligencia, controlados directamente por los comandantes de división y de brigada.

¿Y ahora?
Con la decisión de la semana pasada el Ejército parece haber capoteado el vendaval. Pero aun así, el camino que le queda por recorrer es largo y complejo. Como dijo el vicefiscal, Jaime Córdoba, "lo que se espera es que el cambio sea de fondo y no de maquillaje".
Por otra parte, el Ejército aún enfrenta lo que pudiera calificarse como una complicación de males en la que se conjugan los desastres de los últimos tiempos, una cierta desmotivación de sus hombres _que se ha traducido en un abandono de las filas por encima de los índices tradicionales_, la falta de capacidad de reacción frente a los ataques de la guerrilla, una creciente desconfianza de la opinión en su eficiencia y, sobre todo, la pérdida de espacio frente a la actitud cada vez más decidida de Estados Unidos en el tema de la paz.
Mientras los militares se ven presionados a hacer una seria autocrítica, a encarar la reestructuración interna y a problemas neurálgicos de imagen, como la cancelación de visas gringas a algunos generales, en la otra orilla la guerrilla parece picar en punta respecto a un eventual proceso de paz, tema que gana cada día más terreno en la agenda norteamericana. Así, mientras la cúpula anunciaba que por ningún motivo participaría en forma directa en una mesa de diálogo con la subversión, las Farc dejaron saber que habían entrado en contacto con el gobierno de Estados Unidos.
No obstante el mal momento por el que atraviesa el Ejército, amplios sectores _especialmente los defensores de los derechos humanos_ y el mismo gobierno norteamericano recibieron con optimismo la noticia de la desaparición de la Brigada 20. El reto es 'darse la pela', como lo hizo en su momento la Policía Nacional. Esa es la tarea de la próxima cúpula (ver recuadro). Sólo así las Fuerzas Militares se colocarán a tono con las necesidades de la Nación ahora que se asoma el siglo XXI.

General Fernando Tapias Stahelin
Cargo actual: Segundo comandante del Ejército.
Especialidad: Infantería.
Carrera: Primer puesto en todos los cursos de ascenso. Fundador de la V División. Inició su carrera militar en las ofensivas para restablecer el orden en las llamadas repúblicas independientes de Marquetalia.
En el Ejército: Sus subalternos le tienen admiración y respeto y lo aprecian por su cultura e independencia. Es estricto y ya es famosa su capacida de autocrítica.
Investigaciones: No ha sido sancionado nunca.
Derechos humanos: Está convencido de que el Ejército debe asumir con seriedad el papel que le corresponde en la preservación de los derechos humanos.
Proceso de paz: Está de acuerdo en buscar salidas negociadas, pero acompañadas de una estrategia militar coherente.
Relaciones con Estados Unidos: Son excelentes, pues lo consideran un hombre honesto y capaz de transformar al Ejército.
Visa: Sí tiene.



General Iván Ramírez Quintero
Cargo actual: Inspector del Ejército.
Especialidad: Ingeniero
Carrera: Por más de 10 años perteneció al batallón de inteligencia Charry Solano. Fue el primer comandante del arma de inteligencia.
En el Ejército: Genera opiniones encontradas entre sus subalternos.Su carácter enigmático produce desconfianza.
Investigaciones: Ya ha sido investigado. El 30 de julio de 1986 su nombre fue incluido por el senador Jesse Helms en una lista de 25 colombianos a los cuales el gobierno de Estados Unidos debía quitarles la visa.
Derechos humanos: Aparece mencionado en el libro Terrorismo de Estado como presunto responsable de tres episodios en los que fueron asesinados dirigentes de izquierda. Aún así, nunca fue investigado por esos hechos.
Proceso de paz: Se amolda a lo quediga el gobierno de turno.
Relaciones con Estados Unidos: Son malas. En Washington creen que ha auspiciado la acción de grupos paramilitares
Visa: Le fue cancelada.



General Rafael Hernández López
Cargo actual: Comandante de la Fuerza de Tarea del Sur (Caquetá).
Especialidad: Artillería.
Carrera: Pocos oficiales pueden lucir cuatro medallas de orden público en su pecho. Perteneció a la Brigada de Institutos Militares. Ha ocupado importantes cargos para el control del orden público.
En el Ejército: Es reconocido por su carácter decididamente tropero, pero no como estratega.
Investigaciones: Nunca ha sido sancionado.
Derechos humanos: Aparece mencionado en el libro Terrorismo de Estado, que lo señala de haber participado en la desaparición de numerosos empleados de la cafetería del Palacio de Justicia en 1985. No fue investigado por esos hechos.
Proceso de paz: Deja cualquier decisión en el gobierno de turno.
Relaciones con Estados Unidos: Tensas. Hernández manifestó no tener vigente su visa y anunció su intención de no renovarla.
Visa: ?

General Jorge Enrique Mora
Cargo actual: Comandante de la V División del Ejército
Especialidad: Infanteria
Carrera: Fue comandante de la brigada movil, director de operaciones del ejército y director de la Escuela Superior de Guerra.
En el Ejército: Lo consideran un superior transparente, disciplinado, responsable y amplio conocedor de las zonas más críticas de orden público del país, donde ha sido comandante.
Investigaciones: Nunca ha sido investigado
Derechos Humanos: Nunca ha sido investigado
Relaciones con Estados Unidos: Buenas. Los norteamericanos consideran que es un hombre honesto y lo creen capaz para liderar un proceso de cambio al interior de esa institucion armada.
Proceso de Paz: Acataria todas las disposiciones del gobierno de turno y no las torpedearía..
Visa:sí tiene.