Viernes, 31 de octubre de 2014

| 2013/05/11 06:00

‘Calle’ por cárcel para Manuel Nule

El Inpec gasta al año 150.000 millones de pesos en remisiones a juzgados, citas médicas y permisos, algunos de ellos extravagantes.

Manuel Nule, condenado por el escándalo de la contratación, salió de la cárcel para ir a la primera comunión de su hijo en Cartagena.

La tolerancia de los colombianos tiene límites. Así quedó demostrado el pasado 3 de mayo cuando se conoció que Manuel Nule, del polémico Grupo Nule, asistiría a la primera comunión de su hijo en Cartagena y que los gastos de ese traslado, como los tiquetes aéreos y los viáticos, se pagarían con plata del erario.


En total, el Estado tuvo que poner 3 millones de pesos. Y aunque pueden parecer poco, termina siendo absolutamente escandaloso si se tiene en cuenta que Manuel Nule, con su hermano y su primo, tuvo contratos por 1 billón de pesos en todo el país y en muchos de esos casos no solo no respondieron como era debido, sino que malgastaron el dinero y dejaron obras sin terminar o mal acabadas. En el caso particular de Bogotá contribuyeron a un enorme atraso del sistema de TransMilenio.


Para completar, tres días después del permiso a Nule, se conoció que otro de los implicados en el escándalo de la contratación de Bogotá,  Álvaro Dávila, también obtuvo el aval de un juez para ir a la primera comunión de su hijo. Sin embargo, en medio del escándalo, el director del Inpec, general Gustavo Ricaurte, anunció que no lo hará efectivo.


Lo malo no es que los presos pisen la calle, de hecho una de las soluciones que se plantean a la crisis carcelaria que vive el país es, justamente, que algunos reclusos paguen sus condenas por fuera. Lo que no está bien es el tufillo de privilegio que tienen estos permisos, pues tienen más opción de obtenerlos quienes pueden pagar a un abogado y tienen la influencia para que su petición sea atendida. 


Estos permisos, además, le cuestan al Estado y terminan por colapsar aún más un sistema carente de guardianes y presupuesto. El Inpec, en 2012, atendió 401.000 remisiones y gasta al año 150.000 millones de pesos, el 15 por ciento de su presupuesto, en traslados de reos a audiencias, citas médicas y permisos.


Los permisos excepcionales son privilegios que están contemplados en el artículo 139 de la Ley 65 de 1993. Este indica que se deben conceder “siempre que se produzca un acontecimiento de particular importancia en la vida del interno”. Semejante subjetividad es un papayazo para que el asunto se desborde y el tema quede a merced de los jueces o de los directores de las cárceles encargados de concederlos.


De ahí que, además del caso Nule, varios de los 117.015 reclusos que tiene el país gocen de licencias tan absurdas como la que reveló el propio Ricaurte, “hay permisos para hacer visitas conyugales entre internos”, dijo al precisar que la orden de un juez era trasladar a una reclusa de Cartagena a Pasto, para una visita conyugal a otro preso.


Cabe recordar los permisos de los que gozó en 2011 el polémico exsenador Juan Carlos Martínez Sinisterra, a quien pese a estar condenado por concierto para delinquir agravado, un juez le concedió el beneficio, cada tres meses, de libertad durante 72 horas, ad portas de las elecciones territoriales. 


El asunto de los privilegios es un fantasma que se pasea por las prisiones de América Latina. Desde México, Guatemala, República Dominicana, Bolivia y Brasil se han presentado escándalos.


Por ejemplo en Brasil, cuya población carcelaria es de medio millón de internos, casi 90.000 de ellos salen a trabajar o estudiar y en muchos casos duermen en centros de acogida. “Esas licencias también se dan en España”, dijo el viceministro de Justicia, Farid Benavides.


Como si fuera poco, un proyecto de ley en Brasil que podría discutirse este año, propone cosas tan absurdas como dotar de cremas hidratantes, acondicionador, duchas calientes y visitas íntimas. También busca mejorar un auxilio económico que ya existe para la familia del prisionero.


Esos privilegios contrastan con sistemas tan rigurosos como el de Estados Unidos, donde los reos “no cuentan con permisos de ninguna clase para pisar la calle y ni siquiera tienen visitas conyugales”, según explicó el abogado Abelardo de la Espriella.


En Colombia está claro que el tema de los permisos será modificado en el nuevo Código Penitenciario, que actualmente se discute en el Congreso. El representante Alfonso Prada ya anunció que los limitarán a dos posibilidades “Muerte de un familiar hasta en cuarto grado de consanguinidad; o u  tratamiento de salud”. La idea fue respaldada por la ministra de Justicia, Ruth Stella Correa, aunque ella limitó aún más el abanico a permisos únicamente cuando se trate de una calamidad doméstica de parientes en primer grado.


Ya es hora de que el sistema carcelario se depure y elimine privilegios que, si bien son legales, dejan un aroma de impunidad. 

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