A la calle

Cual no seria la sorpresa —e indignación— de millones de colombianos cuando se enteraron de que varios de los más representativos cabecillas de los carteles de la droga que atemorizaron al país hace menos de 10 años recobraron su libertad. En los últimos 15 días personas como Otoniel de Jesús González Franco, alias ‘Otto’; Luis Carlos Aguilar, alias el ‘Mugre’; Giovanni Lopera Zabala, alias ‘Pasarela’, y John Jairo Betancur Martínez, alias ‘Icopor’, cuya mención del solo alias hacía temblar a más de uno, han salido de la cárcel y no precisamente por un túnel: han cumplido su condena. Y eso es lo que tiene aterrados a miles de colombianos y a la comunidad internacional.

Hace menos de 10 años algunos de estos hombres eran los más cercanos colaboradores de Pablo Escobar Gaviria y su máquina del terror. ‘Otto’, por ejemplo, fue señalado por las autoridades de ser el hombre encargado de coordinar un grupo de sicarios a órdenes de Escobar y ‘Pasarela’ fue acusado en su momento por la Policía de estar vinculado al secuestro de la ex ministra de Educación Maruja Pachón de Villamizar (ver recuadros).

A pesar de la gravedad de los delitos ninguno de ellos purgó penas en prisión superiores a los 10 años. A esto se agrega el que en la misma semana también quedaron en libertad Víctor Patiño Fómeque y Nelson Urrego —cuyos nombres se hicieron famosos durante el proceso 8.000—, ambos señalados por la justicia de estar relacionados con negocios de narcotráfico y enriquecimiento ilícito, respectivamente.

A estas liberaciones también se suma el hecho de que, según el Inpec, cerca de una docena de personajes

vinculados al narcotráfico esperan que los jueces estudien sus peticiones de libertad y es muy posible que en los próximos meses también salgan de prisión.

Pero ¿cuál es la razón para que se esté produciendo esta racha de liberaciones a personas que han debido tener un castigo ejemplarizante?

Parte de la respuesta está en el nuevo Código de Procedimiento Penal que entró en vigencia a finales de julio pasado. La nueva normatividad establece, entre otras cosas, que todos los detenidos podrán solicitar la libertad condicional una vez hayan cumplido por lo menos las tres quintas partes de su condena. Con esta medida la norma busca fundamentalmente contribuir a la descongestión de las cárceles colombianas.

La mayoría de los condenados por narcotráfico que han quedado libres o que próximamente saldrán de las cárceles gracias al nuevo Código Penal ya habían recibido una serie de beneficios adicionales que en años anteriores les permitieron reducir significativamente sus penas. A comienzos de los 90 el gobierno tenía establecidas una serie de rebajas en las condenas para quienes se entregaran a la justicia, confesaran sus crímenes o colaboraran eficazmente con las autoridades (decreto de sometimiento a la justicia). Más que una política de Estado esa serie de medidas fue calificada como una estrategia coyuntural para enfrentar el terrorismo de los carteles de la droga. “En ese entonces lograron negociar penas bajas y ahora se vieron favorecidos con el nuevo código”, afirmó a SEMANA Rodrigo Uprimny, magistrado auxiliar de la Corte Constitucional.

Ese sistema de sometimiento a la justicia con el que fueron enjuiciados algunos narcos, entre ellos los que quedaron libres hace dos semanas, no estuvo lejos de la polémica y le ocasionó al gobierno varias críticas, especialmente por parte de Estados Unidos. Tal vez el episodio más trascendental y paradójico sobre este tema ocurrió en julio de 1998 cuando dos ex abogados estadounidenses que llevaban procesos de los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela en Estados Unidos fueron sentenciados a 20 años de prisión cada uno. William Moran y Michael Abbell fueron condenados por el juez William Hoeveler, acusados de colaborar en tráfico de cocaína. En ese entonces el gobierno estadounidense llamó la atención del gobierno colombiano, ya que mientras los abogados de Gilberto y Miguel Rodríguez recibieron una condena alta por un delito como colaboración, los jefes del cartel de Cali fueron condenados en Colombia a penas inferiores a los 20 años.

Con la salida de estos personajes tristemente célebres el mensaje que se le está enviando a la sociedad es que el crimen sí paga. Una persona que es condenada por delitos como secuestro, homicidio o extorsión puede obtener la libertad en menos de 10 años, respaldada por toda racionalidad jurídica. Para algunos esto, sin duda alguna, les envía señales muy equivocadas tanto al país como a la comunidad internacional. Para otros, como el fiscal general, Luis Camilo Osorio, lo que ha ocurrido es “la consecuencia de las favorabilidades y los gajes de una situación cuando se cambia de sistema”. Sin embargo, para el ex procurador general Jaime Bernal Cuéllar, es claro que “si bien es cierto que el código nuevo tiene cosas buenas estas liberaciones lo que han demostrado es que no existe una verdadera política criminal del Estado”.