Cámara envenenada

Cuando se pensaba que los colombianos habían perdido su capacidad de asombro frente a las irregularidades de los congresistas la semana pasada estalló el que parece ser el padre de todos los escándalos. Una serie de denuncias de algunos parlamentarios, así como las investigaciones de la Fiscalía, la Procuraduría y el DAS, revelan que del 28 al 31 de diciembre de 1999 se realizaron cerca de 60 contratos irregulares por un valor superior a los 6.500 millones de pesos. “Lo que estamos descubriendo es una verdadera empresa criminal montada desde las propias oficinas de la Cámara de Representantes”, dijo a SEMANA uno de los funcionarios encargados de realizar las investigaciones.

Más que el monto del raponazo —que no representa ni el 1 por ciento de lo que se robaron en Foncolpuertos—, lo que tiene indignada a la opinión es la forma descarada que utilizaron para ‘tumbarse’ la plata. Aunque las averiguaciones apenas comienzan la contundencia de las pruebas obtenidas por los organismos de control llevaron la semana pasada a la Fiscalía a dictar varias órdenes de captura contra tres funcionarios de la Cámara (Saud Castro, director administrativo de la corporación; Roberto Ortega, asesor del anterior, y Gustavo Quintero, jefe de la oficina jurídica) y tres contratistas (Consuelo Hernández Franco, Mario Carrizosa Ochoa y Angel Alberto Hernández Franco). Todo parece indicar, además, que las órdenes de captura seguirán y que es posible, según voceros de la Fiscalía General, “que comprometan a más altos funcionarios de la corporación”.

Los contratos celebrados por la Cámara representan un gigantesco carrusel de irregularidades. En poder de los organismos de control existen pruebas que demuestran que la Cámara celebró contratos con empresas que no tienen registro mercantil en la Cámara de Comercio —o lo tienen cancelado desde hace varios años— o con empresas que no existen en las direcciones radicadas en los respectivos registros mercantiles —como pudo constatar esta revista— Hay pruebas también de contratos con enormes sobrecostos, como el que se firmó dos veces y por distintos montos para ‘‘lavar la fachada del Capitolio’’. ‘‘Hay muchos contratos que no sólo son ficticios sino que fueron elaborados con papelería falsa, con sellos falsos y con firmas falsas”, dijo a SEMANA uno de los denunciantes.



Voces de alarma

La historia de los últimos escándalos en la Cámara comenzó cuando el gobierno decidió meterle muela al tema de la corrupción y creó una comisión interinstitucional —de la cual hacen parte la Fiscalía, la Procuraduría y el DAS— para que, bajo la égida de la vicepresidencia, investigara y denunciara las irregularidades cometidas en las entidades del Estado. Como era de esperarse, uno de los primeros objetivos de la comisión fue el Congreso de la República, considerado por un amplio sector de la opinión como un foco de corrupción.

Cuando los miembros de la comisión anticorrupción estaban a punto de hacer público el escándalo el caso comenzó a ser ventilado en el propio recinto de la corporación por el representante Mario Rincón. El pasado 16 de marzo -día de la instalación de las sesiones ordinarias— Rincón le preguntó públicamente al presidente de la Cámara, Armando Pomárico, sobre presuntas irregularidades en la celebración de varios contratos. Aunque la solicitud de Rincón tuvo muy poca receptividad por parte de sus colegas Pomárico se comprometió a entregar a la semana siguiente un informe escrito sobre el tema en cuestión.

Rincón no era, sin embargo, el único representante que le estaba siguiendo el rastro a los contratos irregulares de la Cámara. Su colega Hernando Carvalho también venía tras las pistas. Y la manera como conoció del asunto es casi macondiana. El pasado 30 de diciembre uno de sus asesores lo llamó para decirle que había una inmensa cola a la entrada de la dirección administrativa de la Cámara. “Esto es bastante curioso —le dijo—. La única razón para que haya tanta gente haciendo cola es porque están repartiendo contratos a la lata’’.

La extrañeza del asesor se justificaba debido a que después de la segunda quincena de diciembre el Congreso en pleno entra en reposo. No es común ver agitación laboral en el Congreso un 29 de diciembre. Y menos aún faltando 24 horas para terminar un año.

Tampoco era común que un parlamentario estuviera en sus oficinas en esa fecha. Pero Carvalho estaba ese día en el Capitolio debido al temido Y2K, que había sido uno de los temas bandera del representante en el último semestre del año. El representante liberal consideraba que el 31 de diciembre se podría presentar una crisis en los computadores del Estado y quería tener a la mano la mayor cantidad de información.

Al final no pasó nada. Pero a Carvalho le quedó sonando la congestión del fin de año. Y el 21 de enero —una vez pasado el susto— envió una carta al director administrativo de la Cámara pidiéndole una relación de los gastos de la corporación. La carta no obtuvo respuesta. El 4 de febrero Carvalho le remitió otra misiva a Castro Chadid, y esta vez le solicitó copia de los contratos de demarcación de parqueaderos en el edificio nuevo del Congreso. Ante la falta de explicaciones del funcionario Carvalho decidió enviarle una carta al procurador general, Jaime Bernal Cuéllar, en la que le solicitaba su intervención directa para poder llevar a cabo las investigaciones. En esas estaba cuando reventó el escándalo.



Fábrica de falsedades

Después de escuchar a varios denunciantes la Fiscalía ha podido comprobar las modalidades con las cuales se realizaron las falsas contrataciones. La primera de ellas consistía en elaborar contratos con empresas de papel con apariencia de legalidad puesto que aparecían en los registros mercantiles de la Cámara de Comercio de Bogotá. Aunque no es fácil de detectar, un testigo sin rostro sirvió para esclarecer la modalidad.

Según declaró a la Fiscalía, a él lo contactó Roberto Ortega Gélvez —hoy detenido— para realizar trabajos de albañilería en el Capitolio Nacional por tres millones de pesos. Antes, sin embargo, debía buscar información sobre dos empresas dedicadas a oficios similares registradas en la Cámara de Comercio. El testigo narró que toda la información que encontró se la entregó a los funcionarios de la Cámara de Representantes.

El contrato fue adjudicado finalmente a una empresa desconocida para el obrero y el monto del mismo fue de 93 millones de pesos. Una vez que el albañil terminó el oficio para el cual había sido contratado por la dirección administrativa de la Cámara recibió los tres millones de pesos ofrecidos. El resto del dinero del contrato, es decir los sobrantes 90 millones, quedaron en manos de los funcionarios de la Cámara y los supuestos socios de la empresa de papel, según contó el testigo a la Fiscalía.

Otra modalidad descubierta por las autoridades consistía en entregar una comisión del 20 por ciento o más de la totalidad del contrato a funcionarios de la Cámara que favorecían a cierto tipo de proponentes. Durante las investigaciones se comprobó que las firmas de los representantes legales de varias de las empresas ganadoras —radicadas en la Cámara de Comercio— no coincidían con las estampadas en los contratos celebrados con la Cámara de Representantes. “Se trata, sin duda, de firmas falsificadas”, dijo un investigador.

Por último, las autoridades establecieron otra modalidad que llamaron la ‘clonación de contratos’. Esta figura consistía en celebrar dos contratos con el mismo objeto y con un monto similar. Así ocurrió con los contratos para limpiar las fachadas del Capitolio, la impermeabilización del techo del edificio nuevo del Congreso, la demarcación del parqueadero y el suministro de comidas.

En el primero de los casos mencionados se presentaron dos contratos: uno por 92 millones y otro por 96 millones. Lo mismo pasó con la impermeabilización del techo —en el que se presentaron dos contratos por 82 millones y 86 millones— y con las comidas — uno por 92 millones y otro por 96 millones—. Todos estos contratos se suscribieron por el mismo objeto, por el mismo tiempo de ejecución y el mismo día. Y en todos los casos había sobrefacturación (ver recuadros).

Las evidencias contra los implicados son contundentes. Durante más de 45 días los investigadores grabaron conversaciones, filmaron reuniones y allanaron oficinas. De esta forma comprobaron que por lo menos 18 contratistas y seis funcionarios de la dirección administrativa de la Cámara están involucrados en las irregularidades. En uno de los allanamientos realizados en medio de la investigación los agentes del DAS encontraron maletines y computadores con los logotipos de varias empresas, formatos de contratos para llenar, la lista de los porcentajes que se le deberían pagar a los funcionarios y documentación de la Cámara de Comercio.



¿Y Pomárico?

Aunque el presidente de la Cámara, Armando Pomárico, ha señalado como únicos responsables del escándalo a los funcionarios de la corporación, empezando por su director administrativo, a él también, como ordenador del gasto, le cabe una alta dosis de responsabilidad.

Pomárico ha argumentado que el hecho de haber delegado la firma de los contratos lo exime de obligaciones puesto que la responsabilidad jurídica recae en el delegatario. Pero eso es parcialmente cierto. El parágrafo del artículo 12 de la ley 489 de diciembre de 1998, o Estatuto Básico, establece que “en todo caso relacionado con la contratación, el acto de la firma expresamente delegado no exime de la responsabilidad legal civil y penal al agente principal”.

Más allá de lo contemplado en los códigos, sin embargo, Pomárico no puede desconocer que tiene una responsabilidad política y que por lo tanto le deberá entregar cuentas no sólo a sus colegas sino a los organismos de control. Mucho más ahora que se avecinan unas elecciones regionales en las que está en juego la suerte de todos los congresistas y de sus movimientos políticos. Y eso adquiere una importancia superior si se tiene en cuenta que en una de las conversaciones interceptadas por las autoridades uno de los implicados habría hablado de “plata para las elecciones de octubre”.

De cualquier manera la situación para el presidente de la Cámara no es nada fácil. Aunque no deja de llamar la atención el hecho de que, pese a todos los cuestionamientos éticos y morales que le llueven al Congreso y a la buena voluntad de varios de sus miembros, la gran mayoría de los parlamentarios no parecen interesados en adoptar medidas para corregir la conducta de algunos de sus colegas y enterrar así el funesto y recurrente fantasma de la corrupción.

Eso explica que proyectos que buscaban reglamentar el manejo administrativo del Parlamento, como la reforma política y la autorreforma del Congreso, se hayan hundido en las últimas legislaturas en la forma en que lo hicieron. ‘‘O nos reformamos o nos reforman’’, dijo Fabio Valencia, presidente del Congreso, en la posesión del presidente Andrés Pastrana. Y todo parece indicar que los parlamentarios están esperando lo último, para mala fortuna del país.